Julio Bronchal, psicólogo condenado por malos tratos que iba a impartir una conferencia sobre SAP organizada por la Asociación de Padres Separados de Mallorca (APFS) ha sido vetado gracias a la acción de las feministas.
"LAS FEMINISTAS Y EL GOVERN."
Columna LA MIRADA, ULTIMA HORA del día 23 de junio,
J. Torres Blasco
"El Institut Balear de la Dona de Balears acaba de cumplir 10 años; el Govern balear remitió al Parlament, hace dos semanas, el proyecto de Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, que incide especialmente en encargar a la Administración que se muestre vigilante con los casos de malostratos a las mujeres y en promover todas las medidas necesarias para abordar la desigualdad; para el próximo día 30 de junio se anuncia la presencia en Balears de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido y ....el próximo viernes la Consellería de Salut i Consum del Govern Balear, en una aparente contradicción que va a dar mucho que hablar, cede el salón de actos del Casal Ernest Lluch para dar párbulo al supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) que según el mismisimo delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Aido, Miguel Lorente, más que un síndrome es una falsedad sin fundamento.
Un cuestionado psicólogo, investigado por los tribunales, es el protagonista de la conferencia que organiza la Asociación de Padres de Familia separados. Las redes feministas de internet bullen estos días desde que trascendió el 'patrocinio' oficial a la conferencia, que también fue comentada en una tertulia reciente de la SER. La queja preocupa más de lo que ha trascendido desde la Consellería de Salut que dirige Vicenç Thomas."
ULTIMA HORA. día 24 de junio
J. Torres Blasco
El Govern se desmarca y anula la conferencia de un 'lobby' cuestionado por las feministas.
El conseller de Salut, Vicenç Thomás, anunció ayer la suspensión de una conferencia organizada por la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) convocada para mañana en un 'casal' de Salut y que había sido objeto de críticas por grupos de mujeres y del feminismo desde que la activista Leonor Taboada dió la voz de alarma en un proprama de radio.
Thomás explicó que dicha organización, un 'lobby' que basa su estrategia en la existencia de su supuesto Síndrome de Alienacíon Parental (SAP) negado por la comunidad científica y cuestionado por el propio Ministerio de Igualdad, se "coló de okupa en al Casal Ernest Lluch" y utilizó el logotipo de Consellería para convocar una conferencia de un controvertido psicólogo condenado por malostratos.
Thomás explicó que, a raíz de la polémica, de la que ayer se hacía eco ULTIMA HORA, la secretaria de Igualdad del PSIB y otra responsable de Salut le informaron del trasfondo y que "inmediatamente actué" y que la APFS ha sido expulsada del 'casal', está presidida por un médico que amenazó con ejercer fuera porque le "imponían" el catalán."
MOVIMIENTO STOP SAP
Bienvenidos a VAPS - Dos Hermanas
Somos una asociación de padres separados que brindamos y solicitamos ayuda para defendernos de la situación humillante a la que nos vemos sometidos los hombres que hemos sido falsamente denunciados por violencia de género, tenemos dificultades para contactar con nuestros hijos tras la ruptura matrimonial o queremos cambiar la actual normativa vigente que relega al varón a ser un mero pagador de pensiones sin derecho a decidir sobre la educación de nuestros hijos.
VAPS no recibe subvención alguna para garantizar su independencia. Tampoco cobramos en forma alguna nuestros servicios profesionales de ayuda y asesoramiento. Nuestro único interés es la justicia social
¿Qué defendemos?
1. El establecimiento de la custodia compartida en las separaciones y divorcios contenciosos como norma general y sin trabas
2. La persecución de oficio de las denuncias falsas de malos tratos
3. La lucha contra el SAP (Síndrome de Alienación Parental)
4. El apoyo a padres maltratados tanto por sus parejas como por la Administración del Estado
miércoles, 30 de junio de 2010
APFS de Baleares boicoteada
La Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares (APFS) hace saber su indignación por la cancelación de la conferencia programada en el Casal Ernest Lluch en una clara expresión de coartar el derecho ciudadano a la libertad de expresión. Con el título “Síndrome de Alienación Parental (SAP) y Custodia Compartida, mito y realidad” la conferencia de entrada libre y gratuita iba a ser impartida por el Psicólogo forense Julio Bronchal, especialmente invitado para la ocasión por la APFS Baleares.
La Consellería de Salut i Consum de Les Illes Baleares ha ejercido su poder represor para cancelar el evento, sin justificación alguna y sin comunicarlo oficialmente, toda vez que había sido solicitado el permiso correspondiente en tiempo y forma, con información detallada del título y ponente y que la sala ya estaba concedida.
Activitas feministas radicales, entre las que se encontraría la periodista feminista Leonor Taboaba y la secretaria de Igualdad del PSIB Silvia Cano, apuntan como instigadoras de la acción del Govern, quienes habrían informado al Conseller de Sanidad de la organización del evento en el Casal de asociaciones que posee en la calle Rosa nº 3 y en el cual tiene su sede oficial la misma APFS Baleares.
La reacción fue la fulminante cancelación de la conferencia mediante una noticia aparecida en la prensa con declaraciones expresas del conseller Vicenç Thomás, quien calificó a nuestra asociación de “lobby” y acusó a la APFS de basar nuestra “estrategia en la existencia de su supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) negado por la comunidad científica y cuestionado por el propio Ministerio de Igualdad”. No tuvo tampoco miramientos a la hora de atacar al ponente y al propio presidente de la APFS Baleares por haber “amenazado con ejercer fuera porque le ‘imponían ’el catalán”.
Thomás dijo además a la prensa: “Inmediatamente actué” expulsando a la APFS Baleares de su sede social en el Casal Ernest Lluch, en un acto de clara represión institucional sobre una asociación libre desde un estamento público de gobierno.
Siguiendo en la misma línea La APFS Baleares contradice al conseller al afirmar que no es un lobby ni entró de “okupa” en el Casal de su competencia como dice Thomás. Está formalmente constituida y registrada en el registro de asociaciones de Baleares y en el registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Palma. El despacho que le fue adjudicado a la asociación se hizo en virtud de una solicitud formal y entrega de llaves. Además una placa son el logotipo de la APFS luce en la entrada del Casal, junto a las de otras 15 asociaciones instaladas allí, desde enero de este año
Desde la APFS consideramos que la cancelación de la conferencia por parte del Govern Balear debido a presiones feministas constituye un grave atropello a la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido por la constitución española y que se ha vulnerado con alevosía en este caso. Las declaraciones del Conseller Vicenç Thomás y la expulsión de la APFS Baleares de su sede podrían constituir un grave delito.
Por todo ello la APFS Baleares y su asociación matriz la APFS Nacional emprenderán las acciones que consideren oportunas para limpiar su buen nombre acerca de las falsas e injuriosas acusaciones emitidas desde la Consellería de Sanidad
Finalmente, la conferencia fue realizada en el Colegio de Psicólogos de Baleares
Jorge Skibinsky
Presidente APFS Baleares
Vicepresidente de Organización APFS Nacional
La Consellería de Salut i Consum de Les Illes Baleares ha ejercido su poder represor para cancelar el evento, sin justificación alguna y sin comunicarlo oficialmente, toda vez que había sido solicitado el permiso correspondiente en tiempo y forma, con información detallada del título y ponente y que la sala ya estaba concedida.
Activitas feministas radicales, entre las que se encontraría la periodista feminista Leonor Taboaba y la secretaria de Igualdad del PSIB Silvia Cano, apuntan como instigadoras de la acción del Govern, quienes habrían informado al Conseller de Sanidad de la organización del evento en el Casal de asociaciones que posee en la calle Rosa nº 3 y en el cual tiene su sede oficial la misma APFS Baleares.
La reacción fue la fulminante cancelación de la conferencia mediante una noticia aparecida en la prensa con declaraciones expresas del conseller Vicenç Thomás, quien calificó a nuestra asociación de “lobby” y acusó a la APFS de basar nuestra “estrategia en la existencia de su supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) negado por la comunidad científica y cuestionado por el propio Ministerio de Igualdad”. No tuvo tampoco miramientos a la hora de atacar al ponente y al propio presidente de la APFS Baleares por haber “amenazado con ejercer fuera porque le ‘imponían ’el catalán”.
Thomás dijo además a la prensa: “Inmediatamente actué” expulsando a la APFS Baleares de su sede social en el Casal Ernest Lluch, en un acto de clara represión institucional sobre una asociación libre desde un estamento público de gobierno.
Siguiendo en la misma línea La APFS Baleares contradice al conseller al afirmar que no es un lobby ni entró de “okupa” en el Casal de su competencia como dice Thomás. Está formalmente constituida y registrada en el registro de asociaciones de Baleares y en el registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Palma. El despacho que le fue adjudicado a la asociación se hizo en virtud de una solicitud formal y entrega de llaves. Además una placa son el logotipo de la APFS luce en la entrada del Casal, junto a las de otras 15 asociaciones instaladas allí, desde enero de este año
Desde la APFS consideramos que la cancelación de la conferencia por parte del Govern Balear debido a presiones feministas constituye un grave atropello a la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido por la constitución española y que se ha vulnerado con alevosía en este caso. Las declaraciones del Conseller Vicenç Thomás y la expulsión de la APFS Baleares de su sede podrían constituir un grave delito.
Por todo ello la APFS Baleares y su asociación matriz la APFS Nacional emprenderán las acciones que consideren oportunas para limpiar su buen nombre acerca de las falsas e injuriosas acusaciones emitidas desde la Consellería de Sanidad
Finalmente, la conferencia fue realizada en el Colegio de Psicólogos de Baleares
Jorge Skibinsky
Presidente APFS Baleares
Vicepresidente de Organización APFS Nacional
VAPS insta al Ayuntamiento de Dos Hermanas a apoyar la Custodia compartida
El grupo popular a instancias del colectivo Voluntariado de Ayuda a Padres Separados de Dos Hermanas tras reunión de su junta directiva con varios ediles de esta agrupación y en la línea de los avances en cambio social en materia de género y parentalidad experimentados por la sociedad española, considera justo, adecuado y pertinente presentar la siguiente solicitud a D. Francisco Toscano Sánchez, alcalde de Dos Hermanas para que la eleve al pleno municipal y presentar para su aprobación lo que sigue:
A la luz de los cambios de mentalidad y en las relaciones sociales experimentadas por la población española especialmente en la última década, siguiendo la línea de un cambio social positivo e igualitario en lo referente a la no discriminación por razón de sexo amparada por el artículo 14 de nuestra carta magna, solicitamos del pleno municipal de Dos Hermanas que eleve al gobierno de España la petición de reformar los artículos pertinentes del corpus legislativo del estado español de modo que se considere como norma preferente la aplicación de la custodia compartida de los hijos e hijas de parejas inmersas en disoluciones matrimoniales contenciosas, de tal modo que se aplique por defecto si no hay acuerdo entre las partes.
Así mismo, consideramos esta propuesta justa, igualitaria y ajustada a los principios explícitos en la constitución española, en la constitución europea y en la carta universal de derechos humanos toda vez que los seres humanos han de ser iguales en derechos y obligaciones independientemente de su sexo.
Consideramos el cambio normativo propuesto un avance justo al considerar que ambos componentes de la pareja deben ser corresponsables en el cuidado y educación de sus hijos e hijas asumiendo las mismas obligaciones y derechos con respecto a ellos. De igual forma consideramos que otorgar la custodia monoparental a la madre por sistema, la relega de nuevo al rol doméstico tradicional de cuidadora de la prole eximiendo al varón de la corresponsabilidad parental otorgando a éste de nuevo el papel de sustentador prácticamente exclusivo de sus hijos e hijas.
A la luz de los cambios de mentalidad y en las relaciones sociales experimentadas por la población española especialmente en la última década, siguiendo la línea de un cambio social positivo e igualitario en lo referente a la no discriminación por razón de sexo amparada por el artículo 14 de nuestra carta magna, solicitamos del pleno municipal de Dos Hermanas que eleve al gobierno de España la petición de reformar los artículos pertinentes del corpus legislativo del estado español de modo que se considere como norma preferente la aplicación de la custodia compartida de los hijos e hijas de parejas inmersas en disoluciones matrimoniales contenciosas, de tal modo que se aplique por defecto si no hay acuerdo entre las partes.
Así mismo, consideramos esta propuesta justa, igualitaria y ajustada a los principios explícitos en la constitución española, en la constitución europea y en la carta universal de derechos humanos toda vez que los seres humanos han de ser iguales en derechos y obligaciones independientemente de su sexo.
Consideramos el cambio normativo propuesto un avance justo al considerar que ambos componentes de la pareja deben ser corresponsables en el cuidado y educación de sus hijos e hijas asumiendo las mismas obligaciones y derechos con respecto a ellos. De igual forma consideramos que otorgar la custodia monoparental a la madre por sistema, la relega de nuevo al rol doméstico tradicional de cuidadora de la prole eximiendo al varón de la corresponsabilidad parental otorgando a éste de nuevo el papel de sustentador prácticamente exclusivo de sus hijos e hijas.
viernes, 25 de junio de 2010
El Foro Judicial Independiente ve injusto y desproporcionado el expediente al juez Serrano
El Foro Judicial Independiente consideró hoy "manifiestamente injusto, desproporcionado e inútil" el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano por una presunta incompatibilidad al presidir la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (Asemip) sin solicitar el preceptivo permiso para ello al propio CGPJ.
En un escrito de queja elevado en la mañana de hoy jueves al CGPJ, al que ha tenido acceso Europa Press, el Foro Judicial Independiente lamenta el "abuso" que se hace del expediente disciplinario, añadiendo que la acusación realizada contra el juez Serrano se basa en el artículo 418.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el cual se remite a las conductas previstas en el artículo 389.5, es decir, "a actividades compatibles retribuidas".
Considera "claro y patente" que "en ninguna infracción disciplinaria puede incurrir quien realiza una de esas actividades con carácter no retribuido", al tiempo que pone de manifiesto que, "conociendo, como debe conocer, la Comisión Disciplinaria esta circunstancia, es manifiestamente injusto, desproporcionado e inútil que, a pesar de ello, abra un expediente disciplinario, cuya pública difusión además agrava el perjuicio que de por sí conlleva este tipo de actuación", motivo por el que el Foro se reserva "las acciones a que en el futuro ello pudiera dar lugar".
Al hilo de ello, muestra "la más absoluta indignación y rechazo" a determinados comportamientos que afectan a la Sección de Régimen Disciplinario del Consejo General del Poder Judicial, así como a su Comisión Disciplinaria, ya que, "nuevamente", un magistrado afectado por un expediente disciplinario "se ha enterado del acuerdo de la Comisión Disciplinaria por la lectura de los periódicos, con nombre y apellidos y toda clase de detalles".
De este modo, asevera que el acuerdo por el que se le incoaba un expediente disciplinario a dicho magistrado "fue publicado en prensa incluso antes de que le llegara la notificación oficial", preguntándose "cómo es posible que una información que el propio CGPJ califica de reservada acceda de esta forma a la prensa", motivo por el que exige una investigación "que aclare estas filtraciones que se están convirtiendo en costumbre y que afectan grave e irreversiblemente al prestigio y fama del afectado".
En un escrito de queja elevado en la mañana de hoy jueves al CGPJ, al que ha tenido acceso Europa Press, el Foro Judicial Independiente lamenta el "abuso" que se hace del expediente disciplinario, añadiendo que la acusación realizada contra el juez Serrano se basa en el artículo 418.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el cual se remite a las conductas previstas en el artículo 389.5, es decir, "a actividades compatibles retribuidas".
Considera "claro y patente" que "en ninguna infracción disciplinaria puede incurrir quien realiza una de esas actividades con carácter no retribuido", al tiempo que pone de manifiesto que, "conociendo, como debe conocer, la Comisión Disciplinaria esta circunstancia, es manifiestamente injusto, desproporcionado e inútil que, a pesar de ello, abra un expediente disciplinario, cuya pública difusión además agrava el perjuicio que de por sí conlleva este tipo de actuación", motivo por el que el Foro se reserva "las acciones a que en el futuro ello pudiera dar lugar".
Al hilo de ello, muestra "la más absoluta indignación y rechazo" a determinados comportamientos que afectan a la Sección de Régimen Disciplinario del Consejo General del Poder Judicial, así como a su Comisión Disciplinaria, ya que, "nuevamente", un magistrado afectado por un expediente disciplinario "se ha enterado del acuerdo de la Comisión Disciplinaria por la lectura de los periódicos, con nombre y apellidos y toda clase de detalles".
De este modo, asevera que el acuerdo por el que se le incoaba un expediente disciplinario a dicho magistrado "fue publicado en prensa incluso antes de que le llegara la notificación oficial", preguntándose "cómo es posible que una información que el propio CGPJ califica de reservada acceda de esta forma a la prensa", motivo por el que exige una investigación "que aclare estas filtraciones que se están convirtiendo en costumbre y que afectan grave e irreversiblemente al prestigio y fama del afectado".
miércoles, 16 de junio de 2010
María Sanhauja: Mujeres, trabajo y custodia compartida
Por qué se está cometiendo la penúltima gran estafa a las mujeres en su nombre? Si la mayoría convenimos que la primera condición para avanzar hacia la igualdad de derechos es la independencia económica; si la gran conquista en los últimos 30 años en España ha sido acceder masivamente a la formación, que nos tenían vedada, y al mercado de trabajo; si las mujeres hemos realizado una gran revolución silenciosa, como ha sido retrasar la maternidad en 10 años, y reducir drásticamente el número de hijos, como única posibilidad para ir ocupando espacios, por derecho propio, como ciudadanas de primera; si nos hemos ido alejando del modelo de la caverna, en que el reparto de funciones venía irremediablemente marcado por la dedicación de unos a la caza y la guerra, y otras a la reproducción, ¿por qué ese empeño en los últimos años en querer recluirnos nuevamente en el hogar, al cuidado en exclusiva de los hijos?, ¿por qué el feminismo mayoritario se muestra feroz con la custodia compartida de los hijos, si al tiempo asume que la única posibilidad de las mujeres, trabajadoras y madres, de tener espacios personales y profesionales es dejar de cargar en solitario con su cuidado y educación?
Somos una especie animal que, con los avances técnicos, ha podido modificar los roles que la naturaleza ha impuesto para la supervivencia y la reproducción, pues los riesgos de extinción nos vienen de otros peligros. Las encargadas en exclusiva de la reproducción, al tiempo que responsables de ancianos, enfermos y hombres, hemos ido adquiriendo otros roles y ocupando espacios de poder y decisión, al menos en los países mejor situados económicamente, pese a la brutal presión social y las tremendas discriminaciones. ¿Cómo vamos a permitir que tanto esfuerzo personal y colectivo se vea amenazado por corrientes de opinión que pretenden imponer nuevamente esta carga a las mujeres? ¿Cómo vamos a asumir en solitario la difícil y durísima tarea de cuidar de unos hijos en unas sociedades complejas que exigen unas generaciones con un elevado nivel de formación técnica y personal, al tiempo que trabajamos fuera?
Lo que proponen esos grupos de presión es apoderar a las mujeres practicando una inicial expoliación al padre de sus hijos, pues apropiándose de estos se consigue de inmediato todo el pack (hijos, vivienda, pensión). Pero ese es un regalo envenenado para nosotras por varias razones. Dedicarnos en solitario a la educación y cuidado de los hijos limita brutalmente nuestro desarrollo profesional, relegándonos a niveles que no exigen tanta dedicación, lo cual irremediablemente se traduce en salarios menores. Si ejercemos nuestra función como educadoras con responsabilidad corremos el riesgo de ser las únicas malvadas que imponen hábitos y obligaciones, y si lo hacemos de modo irresponsable nos encontramos en poco tiempo con unos hijos asilvestrados e intolerantes a la más mínima frustración, que no dudan en acudir a la violencia, física o psíquica si no ven colmados sus crecientes deseos. Cuando los pequeños monstruos se emancipan, el propietario de la mitad de la vivienda de la que fue expulsado no duda en reclamarla, ya que en muchas ocasiones se vio obligado a regresar a su hogar materno, y en ese momento, cuando las mujeres tienen edades que rondan los 60 años, con escasos ingresos, no pueden adquirir la mitad de la vivienda, con riesgo de ser expulsadas.
El final del expolio inicial puede ser el que las mujeres se queden sin nada: sin profesión, porque no nos hemos dedicado a ella; sin espacios personales, al no disponer de tiempo, fuente de desequilibrios y frustraciones; sin casa; y sin unos hijos que, además, pueden formular serios reproches culpabilizando a las madres del alejamiento paterno, lo cual es fuente de conflicto y sufrimiento, al haberse quedado huérfanos con padres vivos, con un duelo que no se acaba.
El modelo que se propone con la custodia compartida es que en aquellos supuestos, minoritarios pero crecientes, en los que el padre quiere participar en la corresponsabilidad tantas veces exigida a los hombres, no solo no deben ponerse obstáculos, sino que se debe favorecer. Eso es lo mejor para los hijos, pues tienen unos progenitores que, cada uno según su criterio, hacen carreras de relevo en su agotador cuidado, y son educados en la pluralidad y en el respeto a las diferentes maneras de leer el mundo, completadas sin duda con la escuela, los amigos, las familias amplias, con Internet y la televisión. La custodia compartida no libera al progenitor con más ingresos de hacerse cargo de la mayor parte de los gastos. Por el contrario, potencia la voluntad de contribuir más porque se mantiene el contacto y afecto con los hijos, y aleja la tentación de aparentar inexistentes insolvencias, en un país con un importante nivel de economía sumergida y ahora en crisis.
A los hijos no se les puede imponer un modelo monoparental que les perjudica, cuando tienen padre y madre que quieren y pueden responsabilizarse de ellos. Y es precisa una jurisdicción especializada en familia, tantas veces reclamada, que de un modo eficaz intervenga y haga difícil la utilización de los hijos como armas en unos conflictos de los que siempre deben ser alejados si queremos construir una sociedad en igualdad, paz y progreso.
María Sanahuja Buenaventura, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, es miembro de Jueces para la Democracia y de Otras Voces Feministas.
Somos una especie animal que, con los avances técnicos, ha podido modificar los roles que la naturaleza ha impuesto para la supervivencia y la reproducción, pues los riesgos de extinción nos vienen de otros peligros. Las encargadas en exclusiva de la reproducción, al tiempo que responsables de ancianos, enfermos y hombres, hemos ido adquiriendo otros roles y ocupando espacios de poder y decisión, al menos en los países mejor situados económicamente, pese a la brutal presión social y las tremendas discriminaciones. ¿Cómo vamos a permitir que tanto esfuerzo personal y colectivo se vea amenazado por corrientes de opinión que pretenden imponer nuevamente esta carga a las mujeres? ¿Cómo vamos a asumir en solitario la difícil y durísima tarea de cuidar de unos hijos en unas sociedades complejas que exigen unas generaciones con un elevado nivel de formación técnica y personal, al tiempo que trabajamos fuera?
Lo que proponen esos grupos de presión es apoderar a las mujeres practicando una inicial expoliación al padre de sus hijos, pues apropiándose de estos se consigue de inmediato todo el pack (hijos, vivienda, pensión). Pero ese es un regalo envenenado para nosotras por varias razones. Dedicarnos en solitario a la educación y cuidado de los hijos limita brutalmente nuestro desarrollo profesional, relegándonos a niveles que no exigen tanta dedicación, lo cual irremediablemente se traduce en salarios menores. Si ejercemos nuestra función como educadoras con responsabilidad corremos el riesgo de ser las únicas malvadas que imponen hábitos y obligaciones, y si lo hacemos de modo irresponsable nos encontramos en poco tiempo con unos hijos asilvestrados e intolerantes a la más mínima frustración, que no dudan en acudir a la violencia, física o psíquica si no ven colmados sus crecientes deseos. Cuando los pequeños monstruos se emancipan, el propietario de la mitad de la vivienda de la que fue expulsado no duda en reclamarla, ya que en muchas ocasiones se vio obligado a regresar a su hogar materno, y en ese momento, cuando las mujeres tienen edades que rondan los 60 años, con escasos ingresos, no pueden adquirir la mitad de la vivienda, con riesgo de ser expulsadas.
El final del expolio inicial puede ser el que las mujeres se queden sin nada: sin profesión, porque no nos hemos dedicado a ella; sin espacios personales, al no disponer de tiempo, fuente de desequilibrios y frustraciones; sin casa; y sin unos hijos que, además, pueden formular serios reproches culpabilizando a las madres del alejamiento paterno, lo cual es fuente de conflicto y sufrimiento, al haberse quedado huérfanos con padres vivos, con un duelo que no se acaba.
El modelo que se propone con la custodia compartida es que en aquellos supuestos, minoritarios pero crecientes, en los que el padre quiere participar en la corresponsabilidad tantas veces exigida a los hombres, no solo no deben ponerse obstáculos, sino que se debe favorecer. Eso es lo mejor para los hijos, pues tienen unos progenitores que, cada uno según su criterio, hacen carreras de relevo en su agotador cuidado, y son educados en la pluralidad y en el respeto a las diferentes maneras de leer el mundo, completadas sin duda con la escuela, los amigos, las familias amplias, con Internet y la televisión. La custodia compartida no libera al progenitor con más ingresos de hacerse cargo de la mayor parte de los gastos. Por el contrario, potencia la voluntad de contribuir más porque se mantiene el contacto y afecto con los hijos, y aleja la tentación de aparentar inexistentes insolvencias, en un país con un importante nivel de economía sumergida y ahora en crisis.
A los hijos no se les puede imponer un modelo monoparental que les perjudica, cuando tienen padre y madre que quieren y pueden responsabilizarse de ellos. Y es precisa una jurisdicción especializada en familia, tantas veces reclamada, que de un modo eficaz intervenga y haga difícil la utilización de los hijos como armas en unos conflictos de los que siempre deben ser alejados si queremos construir una sociedad en igualdad, paz y progreso.
María Sanahuja Buenaventura, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, es miembro de Jueces para la Democracia y de Otras Voces Feministas.
martes, 1 de junio de 2010
Cataluña aprueba la custodia compartida como norma preferente
ELPAIS.com: Cataluña aprueba la custodia compartida como opción preferente
La nueva ley aprobada por la comisión de Justicia obliga a los padres a llegar a un acuerdo previo a la separación
EFE - Barcelona - 01/06/2010
Cataluña ha aprobado hoy conceder preferentemente la custodia compartida de los hijos ante una separación. La comisión de Justicia del Parlamento ha aprobado el dictamen de la ley del Código Civil catalán relativa al derecho de familia, que prevé cambios como este. La custodia compartida no será otorgada por defecto, habrá condicionantes, pero se elimina la normativa que permitía a un juez concederla de manera excepcional cuando uno de los padres lo pidiese.
AUDIO - Cadena Ser - 28-05-2010
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído ha estado en el programa Hoy por Hoy que se emite desde Cádiz y ha hablado de la custodia compartida que la semana pasada se aprobaron en las Cortes de Aragón. La ministra está de acuerdo siempre que haya acuerdo entre las partes -
La reforma aprobada, concebida en 2008 y que, tras ser aprobada por el pleno de la cámara, entrará en vigor el 1 de enero de 2011, se queda un paso por detrás de la nueva normativa aprobada hace unos días en Aragón.
La comunidad, que junto a Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y el País Vasco tiene un derecho civil propio, se ha convertido en la primera autonomía española en legislar la custodia compartida.
En Cataluña, el texto que ha salido hoy del Parlamento solo ha recibido el apoyo de los grupos del tripartito que gobierna la Generalitat.
La oposición, en bloque, se ha abstenido durante la votación de un documento que consideran "intervencionista" o "poco ambicioso".
Plan de parentalidad
La nueva ley obliga a las parejas con hijos que se separen o divorcien a presentar un plan de parentalidad en el que figuren las propuestas de cada progenitor sobre la custodia de los hijos y su participación en su crianza y educación.
En el texto, se sustituye la denominación de custodia compartida por el de guarda compartida junto al de potestad (o responsabilidad) parental compartida.
La custodia compartida queda condicionada en Cataluña a que los padres lleguen a ese acuerdo y se refleje en sus respectivos planes de parentalidad y a que ya exista previamente antes de la separación, para lo cual se valorará el tiempo dedicado a los hijos antes de la ruptura.
El texto precisa, en este sentido, que la separación "no altera las responsabilidades que corresponden a los progenitores hacia los hijos", y en consecuencia, "estas responsabilidades mantienen su carácter compartido y, en la medida de lo posible, se tienen que ejercer conjuntamente", lo que no implica un reparto de la convivencia al 50%.
En los casos de falta de acuerdo, sin embargo, o en los que se estime que la custodia compartida no existía realmente antes de la ruptura, el tripartito ha introducido una enmienda que complica el procedimiento para que sea la opción por defecto.
El texto indica textualmente que "a falta de acuerdo o si este no es aprobado, la autoridad judicial determina la forma de ejercer la guarda", y aunque deja abierta la posibilidad de que el juez reconozca "el carácter conjunto de las responsabilidades parentales", también precisa que puede disponer que "la guarda se ejerza de forma individual si esto es lo más adecuado para el interés del hijo".
Nuevos derechos
Por lo que respecta a otras cuestiones relacionadas con el derecho de familia, la ley rompe con la tendencia que automáticamente atribuía la vivienda familiar al cónyuge que asumía la custodia de los hijos y se admiten excepciones a esa dinámica si el beneficiario tiene medios económicos suficientes.
Además, se incorpora el concepto de "progenitores" en detrimento del de "padres" y se asume la existencia de distintas formas de convivencia, lo que incluye las parejas de homosexuales, las familias monoparentales y también las reconstituidas.
También promueve los acuerdos de divorcio o separación amistosas y, entre los aspectos novedosos de la ley, figura la obligación de los padres de hijos adoptados a hacerles saber que lo son como máximo a los 12 años de edad.
Según ha explicado la diputada de CiU Núria de Gispert la ley "modifica demasiado aspectos que afectan a la libertad individual de las personas", y ha calificado de "muy flojos" los avances en materia de custodia de los hijos.
La nueva ley aprobada por la comisión de Justicia obliga a los padres a llegar a un acuerdo previo a la separación
EFE - Barcelona - 01/06/2010
Cataluña ha aprobado hoy conceder preferentemente la custodia compartida de los hijos ante una separación. La comisión de Justicia del Parlamento ha aprobado el dictamen de la ley del Código Civil catalán relativa al derecho de familia, que prevé cambios como este. La custodia compartida no será otorgada por defecto, habrá condicionantes, pero se elimina la normativa que permitía a un juez concederla de manera excepcional cuando uno de los padres lo pidiese.
AUDIO - Cadena Ser - 28-05-2010
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído ha estado en el programa Hoy por Hoy que se emite desde Cádiz y ha hablado de la custodia compartida que la semana pasada se aprobaron en las Cortes de Aragón. La ministra está de acuerdo siempre que haya acuerdo entre las partes -
La reforma aprobada, concebida en 2008 y que, tras ser aprobada por el pleno de la cámara, entrará en vigor el 1 de enero de 2011, se queda un paso por detrás de la nueva normativa aprobada hace unos días en Aragón.
La comunidad, que junto a Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y el País Vasco tiene un derecho civil propio, se ha convertido en la primera autonomía española en legislar la custodia compartida.
En Cataluña, el texto que ha salido hoy del Parlamento solo ha recibido el apoyo de los grupos del tripartito que gobierna la Generalitat.
La oposición, en bloque, se ha abstenido durante la votación de un documento que consideran "intervencionista" o "poco ambicioso".
Plan de parentalidad
La nueva ley obliga a las parejas con hijos que se separen o divorcien a presentar un plan de parentalidad en el que figuren las propuestas de cada progenitor sobre la custodia de los hijos y su participación en su crianza y educación.
En el texto, se sustituye la denominación de custodia compartida por el de guarda compartida junto al de potestad (o responsabilidad) parental compartida.
La custodia compartida queda condicionada en Cataluña a que los padres lleguen a ese acuerdo y se refleje en sus respectivos planes de parentalidad y a que ya exista previamente antes de la separación, para lo cual se valorará el tiempo dedicado a los hijos antes de la ruptura.
El texto precisa, en este sentido, que la separación "no altera las responsabilidades que corresponden a los progenitores hacia los hijos", y en consecuencia, "estas responsabilidades mantienen su carácter compartido y, en la medida de lo posible, se tienen que ejercer conjuntamente", lo que no implica un reparto de la convivencia al 50%.
En los casos de falta de acuerdo, sin embargo, o en los que se estime que la custodia compartida no existía realmente antes de la ruptura, el tripartito ha introducido una enmienda que complica el procedimiento para que sea la opción por defecto.
El texto indica textualmente que "a falta de acuerdo o si este no es aprobado, la autoridad judicial determina la forma de ejercer la guarda", y aunque deja abierta la posibilidad de que el juez reconozca "el carácter conjunto de las responsabilidades parentales", también precisa que puede disponer que "la guarda se ejerza de forma individual si esto es lo más adecuado para el interés del hijo".
Nuevos derechos
Por lo que respecta a otras cuestiones relacionadas con el derecho de familia, la ley rompe con la tendencia que automáticamente atribuía la vivienda familiar al cónyuge que asumía la custodia de los hijos y se admiten excepciones a esa dinámica si el beneficiario tiene medios económicos suficientes.
Además, se incorpora el concepto de "progenitores" en detrimento del de "padres" y se asume la existencia de distintas formas de convivencia, lo que incluye las parejas de homosexuales, las familias monoparentales y también las reconstituidas.
También promueve los acuerdos de divorcio o separación amistosas y, entre los aspectos novedosos de la ley, figura la obligación de los padres de hijos adoptados a hacerles saber que lo son como máximo a los 12 años de edad.
Según ha explicado la diputada de CiU Núria de Gispert la ley "modifica demasiado aspectos que afectan a la libertad individual de las personas", y ha calificado de "muy flojos" los avances en materia de custodia de los hijos.
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Juez Serrano
