El Caballo de Troya

Francisco Serrano Castro, 21 de enero de 2010

He tratado de proteger a las mujeres maltratadas desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico.

Resulta obvio que la libertad, sobre todo la libertad de expresión, consiste en la posibilidad de decir lo que otros no quieren oír. Constituye ese reconocimiento un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones salvo las que son necesarias para evitar la conculcación de otros derechos, como es el derecho al honor, la dignidad y estima de otras personas.
La libertad de opinar, la de expresar dentro del respeto las propias ideas y pensamientos, se extiende a toda la ciudadanía, incluidos los jueces, porque ciertamente venimos obligados a acatar y cumplir y hacer cumplir las leyes, pero como ciudadanos que somos, expertos en las áreas sociales que son objeto de nuestro ejercicio jurisdiccional, resulta lícito y legítimo que también se pueda hacer un juicio crítico sobre su contenido, porque cuando se advierte que una norma no produce los bienintencionados efectos pretendidos por el legislador, es cuando se pone en práctica mediante su aplicación. Al igual que, y eso a nadie parece extrañarle, un miembro del poder ejecutivo puede comparecer manifestando que acata una sentencia pero que critica y muestra disconformidad con su pronunciamiento.
Por ello, en una democracia como la nuestra se ha de calificar como inadmisible que se haya querido pisotear, mediante el insulto, la descalificación y la amenaza de ser represaliado, a quien sólo ha expuesto su propia experiencia y los datos recopilados en la sombra de la clandestinidad no oficialista... y además corroborando su versión políticamente incorrecta con sólidos argumentos y razones. Un juez cuya voz ahora se ha hecho peligrosa que sea oída, pese a que llevo años diciendo lo mismo en conferencias, publicaciones y medios de comunicación. Mas ahora después de cinco años, mi voz que sólo tenía eco en ambientes reducidos, allí a donde sólo había alcanzado la injusticia que afirmaba se había de corregir, ha transcendido porque la sociedad ya ha podido tomar consciencia del problema; mi voz ahora es como la de Casandra, que vaticinó la toma de Troya por el engaño de un caballo de madera, pero cuando Ulises y sus colegas corren por dentro de las murallas de la ciudad condenada.
Ahora sí nos creen. Y ello gracias a que los medios de comunicación han sido, en gran medida, y hasta ahora, cómplices de ese pacto de silencio sobre un tema social tabú, conocido de sobra por todos, pero sobre el que no resultaba políticamente correcto y adecuado hablar. Ello gracias al silencio de los profesionales que no se han atrevido a contar, también, la verdad que refleja su experiencia. Muchos sólo me contaban a mí las tragedias de que habían sido testigos pero sin enfrentarse a tener que transmitirlo en público. Altísimas instancias del Estado y estamento judicial, anónimas voces políticamente correctas, en reservado, me han comentado: "Sí, de acuerdo tienes razón, la Ley de Violencia tendría que reformarse, pero no podemos decirlo". Unas veces, la inmensa mayoría, por miedo a sufrir el mordisco de la represión, el auto de fe de la nueva inquisición que ha dictado la norma no escrita de censurar lo que no quiere oír el santo oficio. Mas, en otras, por puro y duro interés y oportunismo.
Más curioso aún cuando precisamente mi preocupación por temas de calado social, especialmente con incidencia en los derechos de los niños, no se ha centrado en las críticas a la Ley de Violencia de Género, sino que también he participado activamente en otras propuestas de reformas legislativas, en materia de acogimiento y adopción, sin que a nadie pudiera en tal caso parecerle mal que un juez especialista y experto en la materia pudiera dar su opinión al respecto.
El intentar aportar ideas para mejorar, el intentar abrir debate para encontrar nuevos planteamientos y soluciones a los problemas y las injusticias, el intentar rectificar errores para seguir avanzando en igualdad, sinceramente no creo que merezca como respuesta el cadalso. Siempre he luchado por defender los intereses de los más débiles e indefensos, y mi condición de juez me ha dado la satisfacción de que, muchas veces, he logrado esa defensa efectiva. Siempre en favor de los niños y siempre en favor de las mujeres que sufren real maltrato por encontrarse en situación de discriminación, desigualdad, miedo y relación de poder frente al canalla maltratador, y ese empeño desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico, que es la que atribuye el carácter de experto a quien sólo la profesa.
No estoy contra las mujeres maltratadas, siempre he tenido las puertas abiertas para brindarles amparo en mi Juzgado. Me opongo, eso sí, a quienes se aprovechan de sus miserias, me rebelo contra las que abusan y las perjudican, sin pretender que se reduzca el número de denuncias de mujeres maltratadas sino de las formuladas por mujeres que no sufren ningún tipo trato discriminatorio en su relación de pareja. Proclamo que se redefina el concepto de maltrato para evitar cientos de miles de injusticias, comenzando por el que se irroga a las víctimas de auténtico maltrato, el que deja cicatrices en el alma. Reclamo que los recursos y fondos para atender los servicios que garanticen el derecho a la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género no se distribuyan en base a criterios en los que se tenga en cuenta prioritariamente el número de denuncias presentadas, porque ello supone un efecto llamada a la presentación de denuncias infundadas que colapsan los juzgados. Solicito que se reconozca la existencia de mujeres que denuncian por despecho y venganza, debiéndose articular medidas eficaces para sancionar esas conductas desviadas. Requiero que el ámbito de protección de la norma se extienda a todos los que sufren violencia en el ámbito doméstico, con independencia de su raza, edad, creencia y género.
En fin, un disparate que merece la quema del hereje. Que cada uno saque sus conclusiones, dicho lo dicho, de quien extrae beneficio de la actual situación, que, insisto, requiere de debate y reflexión, comenzando por el del propio legislador; pues como ciudadano estoy orgulloso de que las normas se aprueben por unanimidad, pero más orgulloso estaría de que ese legislador fuera capaz de reconocer que se pueden cometer errores y que resulta preciso, a veces, rectificar el rumbo para alcanzar el destino deseado.
Francisco Serrano es juez titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla

SSª Dª. Gemma Vives critica el mal uso de la LIVG

a magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia número 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denuncia en un comentario remitido a Ecoley (suplemento jurídico de elEconomista.es) las injusticias que el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género está acarreando a nuestra sociedad.

En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario gerneralista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical". Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.

Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.

En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".

También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".

Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".

"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.

"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.

Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".

A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez

Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial

Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los dos recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.

Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor. Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible. Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.

Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos. Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.

Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.

Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.

Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió. Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.

Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida. Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador". Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean. Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.

No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso. La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.

No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad. Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año. La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva. Y el silencio ante la injusticia me indigna.

Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.

Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.

Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior. Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.

"Trabalenguas familiar" por el jurista Francisco Fernández Cabanillas

Lo que se tiene muy sabido se dice que nos es familiar. Como aquél trabalenguas de nuestra infancia sobre el cielo y los ladrillos. Sin embargo el cielo no está enladrillado. Aun. Lo que está enladrillado es el amor, el amor sólido. El amor está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?

El matrimonio está regulado por ley y el Derecho ni nació ni sirve para regular sentimientos. El legislador se cuidó muy bien de que no apareciera en nuestro Código Civil la palabra “amor”, y el lenguaje coloquial llama al matrimonio “casamiento”, o sea, compartir casa. Sin embargo el legislador de hoy está desaforado y parece que pretendiera convertir cada hogar, que viene de hoguera, en un infierno. Hoy las parejas anuncian su separación diciendo: “ya no estamos enamorados”; y el oyente se pregunta estupefacto: ¿le preguntó el Juez cuando expresó su consentimiento para su matrimonio civil si estaban enamorados?

Siguiendo a nuestro recordado académico de la lengua española, el eminente psiquiatra Castilla del Pino, “el enamoramiento es un estado de trastorno mental transitorio”. Por ello el que dice “sí” al matrimonio en dicho estado enfermizo, de enajenación mental, manifiesta una voluntad viciada que hace nulo ese contrato. El art. 56.2 de nuestro Código Civil vigente dice: “Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”. Mira que he ido a bodas con contrayentes locamente enamorados entre sí… pues jamás he visto ese dictamen médico preceptivo.

En cambio, es curioso, cuando esa misma pareja va a divorciarse, ya desenamorada y de nuevo en sus cabales, empieza el Juez a exigir pruebas psicológicas o psiquiátricas sin cuento, como si el Juez, experto en lo justo, hubiera perdido el juicio.

Por otra parte, cuando dos se casan porque les conviene, viene el legislador a meter la pata, y dice que ese matrimonio es nulo ya que se trata de un matrimonio “de conveniencia”. Como si los contratos que se cumplen no fueran aquellos que se firman porque convienen a los contratantes. Pudiera parecer que para que sea válido el contrato matrimonial tienen que realizarlo dos que no se convienen, es decir, dos a los que no les trae cuenta casarse entre sí.

Cuando se decide el divorcio se acude a un abogado que se autodenomina “matrimonialista”, aunque nunca asesoró a nadie para contraer matrimonio, ocupándose realmente de romper jurídicamente el vínculo. O sea, que su especialidad es abogado “divorcista”, como si todo fuera lo contrario de lo que es.

Por último llega el legislador del despido exprés, la multa exprés y el desahucio exprés, con el divorcio exprés y crea el divorcio sin causa, que quiere decir que igual da por qué te divorcias; pero casi simultáneamente crea, sin nombrarlo así, el divorcio “instant”, que es más rápido que el “exprés”, porque es instantáneo, que quiere decir que sí tiene causa, y la causa es que ella dice que él la maltrata, pongamos psicológicamente, y el está en la calle inmediatamente, pongamos físicamente, y/o en el calabozo; entonces la psique de él se siente maltratada por ella: porque ella está “dentro” de la casa y él está “fuera” o porque él está “dentro” del calabozo y ella está fuera, igual da. Así que hay un divorcio sin causa, civil y “exprés”, al que pueden optar ambos y un divorcio con causa, penal e “instant”, que sólo es para ella en un Juzgado para ella, a efectos prácticos. La generación de españoles que fue educada por la tele mediante el “Ábrete Sésamo” tiene claros los conceptos: dentro y fuera; y el conflicto jurídico del divorcio requiere una visión más topológica: estudiar las propiedades que no cambian cuando deformamos una figura sin romperla; total, que ella-dentro y él-fuera.

Parece un trabalenguas. Pero un Juez de un pueblo extremeño preguntó a un niño de ocho años, cuyos padres se divorciaban, su decisión ante el dilema fatal: ¿con papá o con mamá?; y el niño respondió: “yo, con el que se quede con la casa”.

El divorcio está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?, el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.

"Tiempo de Corsé" por la jueza Dª Beatriz Miranda Verdú

"Forma parte de la idea filosófica de Justicia, ese dar a cada uno lo suyo. No se puede juzgar
partiendo de estereotipos. Esto estaría más próximo a la injusticia que a otra cosa"
Beatriz Miranda Verdú, juez de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Castuera. Miembro del Foro Judicial
Independiente.
"En las primeras escenas del clásico “Lo que el viento se llevó” aparecía la bella Vivien Leigh fuertemente agarrada
a los varales de una cama conteniendo la respiración mientras intentaban colocarle un corsé.
Esta prenda que antaño sirvió para afinar cinturas no ha perdido del todo su finalidad en los tiempos actuales. Si en
otro tiempo era utilizado por las damas para moldear su figura, hoy el corsé es impuesto para corregir supuestas
desviaciones. Se atiende más, quizá, a su sentido ortopédico.
A los hombres y mujeres que integramos la Carrera Judicial se nos obliga a utilizarlo. Cuanto más ceñido mejor,
cuanto más ajustado mejor; que no permita respirar, que no permita hablar, que no permita opinar.
Esto y no otra cosa es lo sucedido con el magistrado sevillano Francisco Serrano por expresar una opinión sobre el
funcionamiento y la realidad práctica en la aplicación de la Ley de Violencia de Género; una opinión que se ha
considerado “desviada”. ¡Que le pongan un corsé! –han gritado desde distintos frentes.
Los jueces y magistrados no sólo aplicamos la ley. Nuestro compromiso hunde sus raíces en la propia Constitución
Española. Nuestra primera obligación es guardar y hacer guardar la letra de la Norma Suprema frente a todos.
El artículo 20 de la cúspide del Ordenamiento Jurídico Español reconoce y protege, entre otros, en su apartado
primero, los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción. En su apartado segundo expresa, con toda claridad, que “el
ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.
Se configuran normativamente las libertades de expresión y opinión. Tales libertades no tienen forma de corsé.
Tampoco tienen ideología política alguna, por más que se empeñen algunos. No tienen sexo ni profesión. Desde el
momento en que el pensamiento y la opinión van indisolublemente unidas a la subjetividad, pertenecen a todo
individuo sin distinción alguna.
Quienes ejercemos el Poder Judicial tenemos también la obligación de poner sobre la mesa la realidad social. Ello
implica el análisis, la constatación y la medición del resultado que en el plano sociológico tienen las leyes que
aplicamos. Forma parte de la idea filosófica de Justicia, ese dar a cada uno lo suyo. No se puede juzgar
partiendo de estereotipos. Esto estaría más próximo a la injusticia que a otra cosa.
Las ventiscas soplan siempre hacia el tercer Poder del Estado con el propósito de aniquilarlo, arrancando libertades
y sancionando por no seguir la senda marcada. Afortunadamente, la responsabilidad nos hace pisar sobre terreno
firme y continuar por el único camino posible, el de la independencia. Y hacemos trizas el corsé. Así es la libertad
constitucional. Guste o no".