Desde la Asociación Catalana de Padres Separados (ACAPASE) y a tenor de lo que Ud. ha dicho en los medios tras el fracaso de la Ley de Violencia de Género por la que se han incrementado las muertes de mujeres en un 38% que cree necesario “un listado público de maltratadores para provocar el rechazo social”, queremos felicitarle por tan necesaria medida preventiva y segadora de los canallas maltratadores misóginos a demás de gran utilidad para futuras víctimas.
Eso sí, para ser justos en la prevención de víctimas y que vayan prevenidas se deberían publicar SOLO de los SENTENCIADOS y CONDENADOS EN FIRME, unos 3.000 en cuatro años, de los 800.000 denunciados ya que como Ud. Sabe vivimos en un Estado de Derecho digno modelo de la modernidad jurídica. También es necesario que se detalle el 86% que lo han sido por una injuria o una amenaza en una discusión entre ambos en los que SOLO SE LE CONDENA A ÉL POR SER HOMBRE, del 14% restante en el que sí ha habido violencia. Es un bien servicio para las mujeres que sepan con qué hombres se pueden aparejar, de los que no serán violentos pero que en cambio si en una discusión los dos se dicen de todo ellas se van a quedar al instante con la casa, los niños, una pensión y decenas de ayudas gratuitas del Estado en sus diversas formas. Las mujeres tienen derecho a saber con qué hombres es un “chollo” emparejarse.
Así mismo, como se trata de un servicio público para alertar a la sociedad, en la que además de “seres humanos” mujeres y animales domésticos que se protegen hay “seres vivos” varones (como dice su ministra) y pendiente de que los negocios de los laboratorios de su hermano José Antonio -previa subvención- determinen si también “son humanos o no”, como otros estudios que han hecho para el ministerio de Igual-da como el reciente en el que con solo 8 semanas se puede determinar el sexo de los fetos -importante saber antes de abortar solo un ser vivo, o también ser un humano-, también procede y es justo que se publique el nombre de las 800.000 denunciantes mujeres que no han acabado en sentencia condenatoria por violencia, y que en cambio al instante han obtenido un auto por el que se quedan con la casa conyugal, los niños, una o varias pensiones y todos los beneficios sociales que su estimado Ministerio de la Igual-da les otorga a las mujeres SOLO por el mero hecho de denunciar. Como tal ministerio busca la Igualdad y no la discriminación del hombre, como continuamente rezan, es justo que estos sepan con qué mujeres pueden estar denunciados en el futuro sin ninguna carga probatoria pero sí obteniendo todos los beneficios como si fuera una víctima con sentencia firme, por si un día los hombres, pasan de ser “seres vivos” a también ser considerados “humanos”.
Como su plausible preocupación es prevenir muertes, se deberían añadir en su lista pública las mujeres de cuyos conyugues se suicidan cada año por la convivencia con ellas, unos 600 cada año, así como las mujeres que han agredido o asesinado a sus parejas, unas 100 al año, aunque lamentablemente sabemos que soy muchos más pero como a ellas no se les suele juzgar al no ser que se salga en los medio y sus cálculos los hizo públicos (pág. 197, Tabla nº 2, de su libro: “Suicidio y Agresión a la Mujer” cuando afirmó que se doblan los suicidios de mujeres leyendo la estadística Tasa de suicidio por 100.000 habitantes = 2,1 (total de hombres y mujeres); tasa de suicidio por cada 100.000 mujeres = 4,1. ocultando deliberadamente la tasa de 12,4 de suicidios de hombres y así poder afirmar, que las mujeres ‘tienen el doble’ de tasa de suicidio y que ése suicidio es por maltrato, esto vende ¿verdad?). Esta nueva lista de servicio público es especialmente interesante si se estudia el `perfil del “suicidadle” para aquellas mujeres que quieran valorar la conveniencia de casarse con hombres ricos y portentosos de los que además de la pensión de viudedad que se les otorga SOLO por denunciar un cadáver que no se puede defender, se puedan quedar con su fortuna, “haya habido o no relación de convivencia, sea relación actual como pasada” como dicta la Ley y que se puede inventar impunemente para heredar fortunas y derechos sociales.
En este orden de cosas, y como han modificado la ley de Violencia de Género para que las inmigrantes ilegales SOLO por denunciar ya tengan papeles, pensión etc…, como igualmente el año que viene dirán “hemos notado un creciente y preocupante incremento de malos tratos a mujeres desamparadas de la sociedad que no tenían ni papeles” y que el “estado-macho” tutela y ampara ahora, publiquen la lista de hombres millonarios de edad avanzada sin hijos, u otros millonarios ya tratados anteriormente por fuerte depresión. Así estas mujeres los podrán denunciar, no es falso porque como Ud. ,tan docto, sabio y experto, muy bien sabe y dice que “las denuncias falsas son un mito” (aun cuando el reciente informe diga que incluso 2 de cada tres mujeres saben que sí existen denuncias falsas). De tales denuncias pronto tendrán un cadáver por edad, o suicidio que les será más fructifico. He de suponer que Ud. no visita los locutorios donde se reúnen estas víctimas de género (si el hombre solo por ser hombre es un presunto maltratador como Ud, aplica la ley, creo es justo entender que las mujeres por ser mujeres son presuntas víctimas) pero no se apure, nosotros sí los hemos visitados y es allí donde boca-oreja se habla de cómo tener papeles por este procedimiento, si publican estas listas allí, les harán este favor a estas víctimas optimizando los pocos recursos publicitarios que tiene este ministerio en esta época de crisis (3.000 millones de euros anuales).
Lamentamos haber tenido que hacer los cálculos alzados sobre estos datos estadísticos, extrapolando los de organizaciones independientes de cuando no se censuraban (antes del 2004 que se promulgó la Ley de Violencia de Genero), como los únicos que se hacen públicos son los que Uds. encargan a las organizaciones de mujeres que subvencionan y solo dan sesgadamente los que justifican seguir participando en el negocio del maltrato….
Por último desde esta humilde asociación que presido queremos agradecerle que nos haya ayudado a identificar nuestra entidad. Todos nosotros, hombres como mujeres pensábamos que éramos feministas porque creíamos que el feminismo perseguía la igualdad entre el hombre y la mujer del mismo modo que 1 es igual a 1, sin género de por medio; y que, según sus palabras, a los que entendemos así la igualdad, que 1 es igual a 1, somos “neomachistas”. Siendo Ud. Como dice su patrocinadora Bibiana Aído, un Catedrático Forense de prestigio, solo me queda decir “magister dixit” y solicitar al Ministerio de Educación que cambien el concepto de las matemáticas en su enseñanza ya que se le está dando a nuestros hijos una educación “neomachista” al hacerles creer que 1 es igual a 1.
(Tranquilo que no diremos a nadie que ha sido presentado como “Catedrático de Medicina Legal” que es TOTALMENTE FALSO, que fue durante más de 10 años profesor auxiliar -el cargo más bajo-, y sólo en el departamento de la Universidad que dirigía su propio hermano, José Antonio Lorente Acosta. Ni diremos que en marzo de 2003, se presentó a concurso-oposición para el recién creado Instituto de Medicina Legal de Granada. Le suspenden ya en la primera fase. -B.O.E. Nº79 del 2-Abril-2003, pág. 12.761 y B.O.J.A. Nº59 del 27-marzo-2003, pág. 6.451- Ni diremos que tres meses después, -Resolución de 12 de julio de 2003, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Justicia y Administración Pública-, sorpresivamente le otorgan ‘por libre designación’, la dirección de ese Instituto de medicina legal, donde 3 meses antes ya en la primera fase, le habían echado para atrás. Ni que fue por ser amiguete de Manuel Chaves, también padrino, mira por donde, de su ministra Bibiana Aído).
Bienvenidos a VAPS - Dos Hermanas
Somos una asociación de padres separados que brindamos y solicitamos ayuda para defendernos de la situación humillante a la que nos vemos sometidos los hombres que hemos sido falsamente denunciados por violencia de género, tenemos dificultades para contactar con nuestros hijos tras la ruptura matrimonial o queremos cambiar la actual normativa vigente que relega al varón a ser un mero pagador de pensiones sin derecho a decidir sobre la educación de nuestros hijos.
VAPS no recibe subvención alguna para garantizar su independencia. Tampoco cobramos en forma alguna nuestros servicios profesionales de ayuda y asesoramiento. Nuestro único interés es la justicia social
¿Qué defendemos?
1. El establecimiento de la custodia compartida en las separaciones y divorcios contenciosos como norma general y sin trabas
2. La persecución de oficio de las denuncias falsas de malos tratos
3. La lucha contra el SAP (Síndrome de Alienación Parental)
4. El apoyo a padres maltratados tanto por sus parejas como por la Administración del Estado
domingo, 25 de abril de 2010
martes, 6 de abril de 2010
España 2014: Visiones Orwellianas
Sacaron a todos los alumnos al patio a golpe de timbre. Todos se dispusieron en marcial formación para celebrar el Día del nacional-feminismo. Se leyeron escritos elaborados por los pupilos para demostrar la crueldad del género masculino. Las agentes de igualdad vigilaban atentamente cualquier signo de disidencia y se miraban entre ellas complacidas ante la ausencia de cualquier conato de crítica. Algunos profesores nos negamos a participar en el evento y fuimos sospechosos. Anteriormente había recibido dos denuncias de las agentes por escribir un artículo crítico. Se me vetó de la página web del instituto, negándoseme el derecho a ejercer mi libertad de cátedra y de poder ofrecer cualquier información a mis alumnos, ni siquiera la referida a música, materia que impartía.
La policía moral, con el nombre de "agentes de igualdad" controlaban cualquier conato de insurgencia estrechamente. En septiembre de 2011 llegó la aplicación del ROC y comenzaron los despidos de los disidentes. De repente, dos compañeros desaparecieron de su centro de trabajo y ese mismo día aparecían sus sustitutos que habían sido nombrados por el régimen. Nadie hacía preguntas y las agentes de igualdad se anticipaban a las conjeturas alegando que los compañeros habían sido "desplazados" por nocividad pedagógica.
Tras el macroestudio de suspensos y aprobados por género unos centros educativos se convirtieron en masculinos y otros en femeninos. La macroencuesta había demostrado sobradamente la superioridad intelectual del sexo femenino sobre el masculino, lo que dió paso a la segregación. En los centros femeninos se impartían las enseñanzas propias de su condición: dinámica de grupos, liderazgo, direccion de empresas..., como había sido previsto en el Plan Estratégico de Igualdad de acuerdo con el principio de empoderamiento de la mujer. Por otro lado, los centros masculinos se dotaron de maquinara, y herramientas para asegurar a los varones una buena formación técnica.
Fue en 2010 cuando a la violencia contra la mujer se le empezó a denominar "terrorismo machista". Ese término favoreció que jueces, magistrados, periodistas y presidentes y miembros de asociaciones masculinas fueran procesados por mantener que existían denuncias falsas o violencia contra los hombres por el delito de "apología del terrorismo machista".
Las asociaciones de hombres fueron ilegalizadas. El gobierno controló el grupo PRISA, la agencia EFE, el resto de la prensa y las televisiones, toda información tená que pasar la criba de la policía ideológica. Los partidos de fútbol pasaron a celebrarse y a retransmitirse los siete días de la semana. Subvencionaron a los sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO y todos callaron al sonido de las monedas. Compraron votos por 400 euros. Así fue como volvieron a ganar las elecciones. Luego vinieron los encarcelamientos y las desapariciones. Hoy vendrán a por mí. Mañana quizás a por ti.
(Encontrado por su familia entre los papeles del profesor disidente Rafael Espigares Pinazo el 12 de abril de 2014)
La policía moral, con el nombre de "agentes de igualdad" controlaban cualquier conato de insurgencia estrechamente. En septiembre de 2011 llegó la aplicación del ROC y comenzaron los despidos de los disidentes. De repente, dos compañeros desaparecieron de su centro de trabajo y ese mismo día aparecían sus sustitutos que habían sido nombrados por el régimen. Nadie hacía preguntas y las agentes de igualdad se anticipaban a las conjeturas alegando que los compañeros habían sido "desplazados" por nocividad pedagógica.
Tras el macroestudio de suspensos y aprobados por género unos centros educativos se convirtieron en masculinos y otros en femeninos. La macroencuesta había demostrado sobradamente la superioridad intelectual del sexo femenino sobre el masculino, lo que dió paso a la segregación. En los centros femeninos se impartían las enseñanzas propias de su condición: dinámica de grupos, liderazgo, direccion de empresas..., como había sido previsto en el Plan Estratégico de Igualdad de acuerdo con el principio de empoderamiento de la mujer. Por otro lado, los centros masculinos se dotaron de maquinara, y herramientas para asegurar a los varones una buena formación técnica.
Fue en 2010 cuando a la violencia contra la mujer se le empezó a denominar "terrorismo machista". Ese término favoreció que jueces, magistrados, periodistas y presidentes y miembros de asociaciones masculinas fueran procesados por mantener que existían denuncias falsas o violencia contra los hombres por el delito de "apología del terrorismo machista".
Las asociaciones de hombres fueron ilegalizadas. El gobierno controló el grupo PRISA, la agencia EFE, el resto de la prensa y las televisiones, toda información tená que pasar la criba de la policía ideológica. Los partidos de fútbol pasaron a celebrarse y a retransmitirse los siete días de la semana. Subvencionaron a los sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO y todos callaron al sonido de las monedas. Compraron votos por 400 euros. Así fue como volvieron a ganar las elecciones. Luego vinieron los encarcelamientos y las desapariciones. Hoy vendrán a por mí. Mañana quizás a por ti.
(Encontrado por su familia entre los papeles del profesor disidente Rafael Espigares Pinazo el 12 de abril de 2014)
domingo, 14 de marzo de 2010
No pagues dos veces
Nuestro compañero Jesús Ayala desde Burgos nos envía una sentencia en la que el juez ha matizado unos aspectos que sería muy conveniente tenerlos en cuenta antes de redactar un convenio regulador:
1. No pases pensión el mes de verano que tú estás con tus hijos
2. Descuenta de la pensión la parte proporcional al tiempo en que tus hijos estén contigo en periodos vacacionales
3. Si los gastos extraordinarios los pagáis a medias exige un previo acuerdo por ambas partes de que ambos estáis conformes en la realización de este gasto
1. No pases pensión el mes de verano que tú estás con tus hijos
2. Descuenta de la pensión la parte proporcional al tiempo en que tus hijos estén contigo en periodos vacacionales
3. Si los gastos extraordinarios los pagáis a medias exige un previo acuerdo por ambas partes de que ambos estáis conformes en la realización de este gasto
lunes, 22 de febrero de 2010
Carta abierta a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón
Estimados Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre y Sr. Alcalde de Madrid, D. Alberto Ruiz Gallardón:
Me dirijo a Vds. como Presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), con objeto de transmitirle la enorme preocupación que para nosotros, como para cualquier ciudadano, representan los sucesos de violencia en el ámbito familiar, a los que bajo ningún concepto estamos dispuestos a acostumbrarnos.
Recientemente acabamos de lamentar un nuevo escenario de violencia intrafamiliar en el madrileño barrio de Vallecas, que se ha saldado con la muerte de Vasile Potrache, un hombre de 28 años de edad y de nacionalidad rumana, como consecuencia de una letal puñalada en el pecho asestada por su pareja.
Desde FADIE, pensamos que es fundamental que las instituciones organicen actos de repulsa hacia sucesos tan salvajes e inhumanos, con independencia de las circunstancias personales o sociales tanto de la víctima como de la persona agresora. Sin embargo, hace tiempo que venimos observando con indignación cómo las instituciones solamente convocan actos de repulsa cuando las víctimas son mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres, siendo que todavía no conocemos, en pleno siglo XXI, condena institucional alguna hacia la violencia cuando las víctimas son masculinas.
En particular, es inaudito que toda una Institución que se apellida “de Igualdad”, jamás haya emitido manifestación alguna de repulsa en los casos de hombres asesinados por mujeres. La actitud del gobierno español obvia de este modo cualquier violencia que se produzca dentro del ámbito familiar y que no sea la ejercida por un hombre sobre una mujer. Nos parece un enorme contrasentido que un país que ilegaliza partidos políticos por no condenar la violencia esté gobernado por personas que jamás condenan la violencia que las mujeres ejercen sobre los hombres.
Conforme a nuestro objetivo fundamental de hacer valer los principios de la igualdad entre los ciudadanos y a nuestra especial preocupación por contribuir a la erradicación de las manifestaciones de violencia en el ámbito familiar, desde FADIE queremos instarle a que sea Vd. la primera representante institucional del Estado español en regalar una buena lección de ética y moral a la Sra. Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y a su presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, dando un paso adelante y condenando públicamente esta última muerte, así como todas aquellas que se puedan producir en el ámbito familiar, con independencia del sexo de la víctima y de la persona agresora, y de cualquier circunstancia personal o social de éstas, como establece nuestro maltrecho artículo 14 de la Constitución.
Le rogamos, por tanto, que organice un acto institucional desde la Asamblea de todos los madrileños para condenar la “violencia sin apellidos”, para repudiar a los violentos sin mirar a su entrepierna. Estamos convencidos de que si lo hace, todos habremos dado un paso de gigante hacia la igualdad real, la tolerancia y la convivencia en paz.
Con toda mi consideración, reciba un afectuoso saludo.
Fernando Basanta Ortega
Me dirijo a Vds. como Presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), con objeto de transmitirle la enorme preocupación que para nosotros, como para cualquier ciudadano, representan los sucesos de violencia en el ámbito familiar, a los que bajo ningún concepto estamos dispuestos a acostumbrarnos.
Recientemente acabamos de lamentar un nuevo escenario de violencia intrafamiliar en el madrileño barrio de Vallecas, que se ha saldado con la muerte de Vasile Potrache, un hombre de 28 años de edad y de nacionalidad rumana, como consecuencia de una letal puñalada en el pecho asestada por su pareja.
Desde FADIE, pensamos que es fundamental que las instituciones organicen actos de repulsa hacia sucesos tan salvajes e inhumanos, con independencia de las circunstancias personales o sociales tanto de la víctima como de la persona agresora. Sin embargo, hace tiempo que venimos observando con indignación cómo las instituciones solamente convocan actos de repulsa cuando las víctimas son mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres, siendo que todavía no conocemos, en pleno siglo XXI, condena institucional alguna hacia la violencia cuando las víctimas son masculinas.
En particular, es inaudito que toda una Institución que se apellida “de Igualdad”, jamás haya emitido manifestación alguna de repulsa en los casos de hombres asesinados por mujeres. La actitud del gobierno español obvia de este modo cualquier violencia que se produzca dentro del ámbito familiar y que no sea la ejercida por un hombre sobre una mujer. Nos parece un enorme contrasentido que un país que ilegaliza partidos políticos por no condenar la violencia esté gobernado por personas que jamás condenan la violencia que las mujeres ejercen sobre los hombres.
Conforme a nuestro objetivo fundamental de hacer valer los principios de la igualdad entre los ciudadanos y a nuestra especial preocupación por contribuir a la erradicación de las manifestaciones de violencia en el ámbito familiar, desde FADIE queremos instarle a que sea Vd. la primera representante institucional del Estado español en regalar una buena lección de ética y moral a la Sra. Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y a su presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, dando un paso adelante y condenando públicamente esta última muerte, así como todas aquellas que se puedan producir en el ámbito familiar, con independencia del sexo de la víctima y de la persona agresora, y de cualquier circunstancia personal o social de éstas, como establece nuestro maltrecho artículo 14 de la Constitución.
Le rogamos, por tanto, que organice un acto institucional desde la Asamblea de todos los madrileños para condenar la “violencia sin apellidos”, para repudiar a los violentos sin mirar a su entrepierna. Estamos convencidos de que si lo hace, todos habremos dado un paso de gigante hacia la igualdad real, la tolerancia y la convivencia en paz.
Con toda mi consideración, reciba un afectuoso saludo.
Fernando Basanta Ortega
Carta de Zugasti a la Sra. Merkel
Muy Sra. nuestra:
Por la presente queremos hacerles partícipes del mal uso, prevaricación y corrupción que se está dando en España, gracias a los fondos económicos que la Unión Europea (de los que la R.F.A. es el gran contribuyente) concede para la eliminación de las desigualdades por razón de sexo en general y de la violencia contra las mujeres en particular.
Los varones españoles sufren una situación desesperada, siendo cazados, detenidos, condenados sin garantías judiciales. Todo ello debido a su sexo, pues la ley española no habla de "violencia doméstica" sino de "violencia de género", que sólo los hombres pueden ejercer sobre las mujeres. La ley es unidireccional, como si las mujeres no pudieran asesinar (1).
En España estas ayudas económicas se conceden a las mujeres maltratadas. Para acreditar la condición de maltratada, basta con la interposición de una simple denuncia sin que haya habido sentencia firme de condena o haya quedado acreditado siquiera el supuesto maltrato por certificado médico alguno. En algunas Comunidades autónomas no hace falta siquiera la presentación de la denuncia (2).
Es evidente que si la denuncia es falsa, esto es, el maltrato es inexistente, las ayudas económicas deberían ser devueltas. NUNCA se devuelven.
En juicios por maltrato a las mujeres el porcentaje de denuncias falsas es muy alto, llegando a la casi totalidad de las mismas (3). Esta circunstancia es sobradamente conocida por todos los operadores jurídicos (4).
A la sombra de las ayudas económicas de la Comunidad Europea se ha creado una boyante industria del maltrato (5) en la que participan partidos políticos, empresas y asociaciones generosamente subvencionadas (6).
Los “privilegios de las maltratadas” según el informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (7), consisten en la concesión de:
un sueldo de “inserción”,
una vivienda de protección oficial,
cursos remunerados a los que ni siquiera acuden,
un puesto de trabajo en un organismo público,
vacaciones anuales en hotel de cuatro estrellas,
concesión de la ciudadanía española, y por ende, europea,
reagrupamiento familiar,
etc.
Todo ello a costa del erario, en su mayor parte proveniente de los Fondos europeos, con la sola presentación de la denuncia sin sentencia firme o un simple certificado de una asociación feminista, que por supuesto, controla, maneja y reparte estos beneficios (8).
El número de asociaciones feministas se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años (9) al calor de la enorme cantidad de dinero que reciben vía subvenciones. Subvenciones destinadas en su mayor parte al enriquecimiento personal de los componentes de dichas asociaciones, a propagar las teorías de género y a impartir cursos de costura o decoración (10). Esto es, se trata de mantener la supuesta situación de desigualdad de la mujer pues de lo contrario se acabaría el “negocio”.
Las partidas presupuestarias de los distintos Organismos públicos (nacional, regional y municipal) destinadas a estos fines ascienden a cifras astronómicas. Basten un par de ejmplos.
El “1er Plan general de igualdad de oportunidades”, dotado con el equivalente a casi seis veces el presupesto del Ministerio de trabajo (11).
Las subvenciones del Ministerio de sanidad a asociaciones feministas, superiores en mucho a las concedidas a ascociaciones contra el cáncer. Es sorprendente ver como la “Asociación de mujeres separadas y divorciadas” recibe 6,9 veces más dinero que la “Asociación Española contra el Cáncer”, 3,1 veces más que la “Federación Española de Cáncer de Mama”; 29,6 veces más que la “Federación Española de Parkinson” (12).
Las “casas de acogida” para mujeres maltratadas son el buque insignia de esta estafa. En las mismas no sólo no se ayuda a las mujeres sino que se las trata, según sus propias palabras, como a esclavas llegando a estar las cámaras de seguridad enfocando al interior de las instalaciones para vigilar a las internas en vez de vigilar el exterior (13). Las “casas de acogida” son utilizadas incluso como tapadera para negocios ilegales y las internas son mostradas como simple escaparate para justificar la necesidad de la existencia de las “casas de acogida” (14). Las denuncias de internas son frecuentes sin que nunca se tome medida alguna para corregir estas irregularidades (15). Nos consta también la existencia de “casas de acogida” fantasmas que no existen en la realidad pero son generosamente financiadas por los Organismos públicos.
Todo lo anteriormente relatado se hace en base a un cúmulo de mentiras y datos falsos o manipulados (16). Para ello los datos oficiales son manipulados, ocultando por ejemplo, el número de hombres asesinados, las denuncias falsas o el número de suicidados tras las separaciones, normalmente por la tristeza de no poder ver a sus hijos (17) . También se obliga a los medios de comunicación a seguir un “código de buenas prácticas” consistente en engañar y ocultar datos a la opinión pública (18).
Quien quiera que se atreve a sacar a la luz estos datos, es objeto de persecución al igual que régimen totalitario, sancionando o condenando penalmente a quien disiente, ofrece datos e información o simplemente manifiesta su opinón contraria (19).
Finalmente, la legislación española ha sido cambiada en los últimos años, vulnerando principos básicos de Derecho. Se ha eliminado la presunción de inocencia, ya antes de la promulgación de la Ley integral contra la violencia de género (20) o de la Ley de igualdad (21), en cuyo artículo trece se estipula que es el acusado quien ha de demostrar su inocencia. Leyes aprobadas por unanimidad o mayoría absoluta por el Parlamento nacional y por Parlamentos regionales en base a las teorías del feminismo de género (22). Leyes propias de un Estado totalitario de corte stalinista o hitleriano y no de un país miembro de la Unión Europea.
Cuando se relata estos hechos a los políticos, la reacción suele ser de alguno de estos tipos:
Negarlo sin mayores explicaciones ni averiguaciones.
Decir “A mi no me tiene que convencer. Yo he sido la primera en decir que esta ley es una aberración” para luego pasar a denunciar la falta de recursos económicos destinados a la aplicación de la ley, como es el caso de la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor.
"No me lo vas a poder documentar pero si me lo pudieras documentar no me convencerías." Es el caso de Juan Luis Rascón. Diputado del PSOE. Juez en excedencia. Exportavoz de la asociación “Jueces para la democracia”.
Expulsarnos del despacho oficial como en el caso de Pedro Zerolo, secretario de movimientos sociales y ONGs del Partido Socialista Obrero Español.
Expulsarnos del Congreso de los Diputados como es el caso de José Luis Rodríguez, presidente del Gobierno.
Creemos conveniente que se fiscalicen estos graves hechos y se depuren las correspondientes responsabilidades. Como quiera que en España la corrupción al respecto llega a todos los estamentos, resulta imposible hacerlo desde dentro de nuestro país, motivo por el cual trasladamos nuestra denuncia a Ustedes en la esperanza de que seremos oídos.
En la seguridad que será de su interés esta enorme estafa, en buena medida sustentada por los contribuyentes alemanes, quedamos a la espera de su pronta respuesta.
Atentamente.
Francisco Zugasti Agüí
(1) www.projusticia.es/ley%20integral%20de%20violencia%20de%20genero/documentos/Conde%20Pumpido%20ordena%20a%20los%20fiscales%20que%20no%20consideren%20victim.htm
(2) www.projusticia.es/legislacion/documentos/ley-de-violencia-de-genero-de-Galicia.htm
(3) www.projusticia.es/juicios-rapidos-de-genero/documentos/el-juez-Serrano-insiste-que-solo-el-97-de-las-denuncias-acaban-en-condena.htm
(4) www.projusticia.es/denuncias%20falsas/denuncias%20falsas.htm
(5) www.projusticia.es/industria%20del%20maltrato/industria%20del%20maltrato.htm
(6) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/subvenciones%20y%20empleo%20de%20las%20mismas.htm
(7) www.projusticia.es/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm
(8) www.projusticia.es/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales/documentos/EXTRA%20EXTRA%20-%20Jerez%20-%20Polemica%20feminista%20en%20la%20asociacion%20de%20victimas%20de%20malos%20tratos.htm
(9) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/listado-de-asociaciones-de-mujeres-de-Andalucia.htm
(10) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/subvenciones%20Asturias.pdf
(11) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/plan-general-de-igualdad-de-oportunidades.htm
(12) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/plan-general-de-igualdad-de-oportunidades.htm
(13) www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/Maltrato%20a%20las%20internas%20de%20la%20casa%20de%20acogida%20Malva.htm
(14) www.projusticia.es/casas-de-acogida/casas-de-acogida.html
(15) www.projusticia.es/denuncias%20contra%20Perez%20del%20Campo/denuncia%20empleados/denuncia%20empleadas%20contra%20Ana%20Maria%20Perez%20del%20Campo.htm
(16) www.projusticia.es/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales.htm
(17) www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/INE,%20manipulacion%20de%20datos%20de%20suicidio.htm
(18) www.projusticia.es/asi%20nos%20informan/asi%20nos%20informan.htm
(19) www.projusticia.es/persecucion%20del%20disidente%20opositor/persecucion%20del%20disidente%20opositor.htm
(20) www.projusticia.es/ley%20integral%20de%20violencia%20de%20genero/ley%20integral%20contra%20la%20violencia%20de%20genero.htm
(21) www.projusticia.es/ley%20de%20igualdad/ley%20de%20igualdad%20o%20de%20desigualdad.html
(22) www.projusticia.es/articulos/documentos/feminismodegeneroeugeniodorao.pdf
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Por la presente queremos hacerles partícipes del mal uso, prevaricación y corrupción que se está dando en España, gracias a los fondos económicos que la Unión Europea (de los que la R.F.A. es el gran contribuyente) concede para la eliminación de las desigualdades por razón de sexo en general y de la violencia contra las mujeres en particular.
Los varones españoles sufren una situación desesperada, siendo cazados, detenidos, condenados sin garantías judiciales. Todo ello debido a su sexo, pues la ley española no habla de "violencia doméstica" sino de "violencia de género", que sólo los hombres pueden ejercer sobre las mujeres. La ley es unidireccional, como si las mujeres no pudieran asesinar (1).
En España estas ayudas económicas se conceden a las mujeres maltratadas. Para acreditar la condición de maltratada, basta con la interposición de una simple denuncia sin que haya habido sentencia firme de condena o haya quedado acreditado siquiera el supuesto maltrato por certificado médico alguno. En algunas Comunidades autónomas no hace falta siquiera la presentación de la denuncia (2).
Es evidente que si la denuncia es falsa, esto es, el maltrato es inexistente, las ayudas económicas deberían ser devueltas. NUNCA se devuelven.
En juicios por maltrato a las mujeres el porcentaje de denuncias falsas es muy alto, llegando a la casi totalidad de las mismas (3). Esta circunstancia es sobradamente conocida por todos los operadores jurídicos (4).
A la sombra de las ayudas económicas de la Comunidad Europea se ha creado una boyante industria del maltrato (5) en la que participan partidos políticos, empresas y asociaciones generosamente subvencionadas (6).
Los “privilegios de las maltratadas” según el informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (7), consisten en la concesión de:
un sueldo de “inserción”,
una vivienda de protección oficial,
cursos remunerados a los que ni siquiera acuden,
un puesto de trabajo en un organismo público,
vacaciones anuales en hotel de cuatro estrellas,
concesión de la ciudadanía española, y por ende, europea,
reagrupamiento familiar,
etc.
Todo ello a costa del erario, en su mayor parte proveniente de los Fondos europeos, con la sola presentación de la denuncia sin sentencia firme o un simple certificado de una asociación feminista, que por supuesto, controla, maneja y reparte estos beneficios (8).
El número de asociaciones feministas se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años (9) al calor de la enorme cantidad de dinero que reciben vía subvenciones. Subvenciones destinadas en su mayor parte al enriquecimiento personal de los componentes de dichas asociaciones, a propagar las teorías de género y a impartir cursos de costura o decoración (10). Esto es, se trata de mantener la supuesta situación de desigualdad de la mujer pues de lo contrario se acabaría el “negocio”.
Las partidas presupuestarias de los distintos Organismos públicos (nacional, regional y municipal) destinadas a estos fines ascienden a cifras astronómicas. Basten un par de ejmplos.
El “1er Plan general de igualdad de oportunidades”, dotado con el equivalente a casi seis veces el presupesto del Ministerio de trabajo (11).
Las subvenciones del Ministerio de sanidad a asociaciones feministas, superiores en mucho a las concedidas a ascociaciones contra el cáncer. Es sorprendente ver como la “Asociación de mujeres separadas y divorciadas” recibe 6,9 veces más dinero que la “Asociación Española contra el Cáncer”, 3,1 veces más que la “Federación Española de Cáncer de Mama”; 29,6 veces más que la “Federación Española de Parkinson” (12).
Las “casas de acogida” para mujeres maltratadas son el buque insignia de esta estafa. En las mismas no sólo no se ayuda a las mujeres sino que se las trata, según sus propias palabras, como a esclavas llegando a estar las cámaras de seguridad enfocando al interior de las instalaciones para vigilar a las internas en vez de vigilar el exterior (13). Las “casas de acogida” son utilizadas incluso como tapadera para negocios ilegales y las internas son mostradas como simple escaparate para justificar la necesidad de la existencia de las “casas de acogida” (14). Las denuncias de internas son frecuentes sin que nunca se tome medida alguna para corregir estas irregularidades (15). Nos consta también la existencia de “casas de acogida” fantasmas que no existen en la realidad pero son generosamente financiadas por los Organismos públicos.
Todo lo anteriormente relatado se hace en base a un cúmulo de mentiras y datos falsos o manipulados (16). Para ello los datos oficiales son manipulados, ocultando por ejemplo, el número de hombres asesinados, las denuncias falsas o el número de suicidados tras las separaciones, normalmente por la tristeza de no poder ver a sus hijos (17) . También se obliga a los medios de comunicación a seguir un “código de buenas prácticas” consistente en engañar y ocultar datos a la opinión pública (18).
Quien quiera que se atreve a sacar a la luz estos datos, es objeto de persecución al igual que régimen totalitario, sancionando o condenando penalmente a quien disiente, ofrece datos e información o simplemente manifiesta su opinón contraria (19).
Finalmente, la legislación española ha sido cambiada en los últimos años, vulnerando principos básicos de Derecho. Se ha eliminado la presunción de inocencia, ya antes de la promulgación de la Ley integral contra la violencia de género (20) o de la Ley de igualdad (21), en cuyo artículo trece se estipula que es el acusado quien ha de demostrar su inocencia. Leyes aprobadas por unanimidad o mayoría absoluta por el Parlamento nacional y por Parlamentos regionales en base a las teorías del feminismo de género (22). Leyes propias de un Estado totalitario de corte stalinista o hitleriano y no de un país miembro de la Unión Europea.
Cuando se relata estos hechos a los políticos, la reacción suele ser de alguno de estos tipos:
Negarlo sin mayores explicaciones ni averiguaciones.
Decir “A mi no me tiene que convencer. Yo he sido la primera en decir que esta ley es una aberración” para luego pasar a denunciar la falta de recursos económicos destinados a la aplicación de la ley, como es el caso de la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor.
"No me lo vas a poder documentar pero si me lo pudieras documentar no me convencerías." Es el caso de Juan Luis Rascón. Diputado del PSOE. Juez en excedencia. Exportavoz de la asociación “Jueces para la democracia”.
Expulsarnos del despacho oficial como en el caso de Pedro Zerolo, secretario de movimientos sociales y ONGs del Partido Socialista Obrero Español.
Expulsarnos del Congreso de los Diputados como es el caso de José Luis Rodríguez, presidente del Gobierno.
Creemos conveniente que se fiscalicen estos graves hechos y se depuren las correspondientes responsabilidades. Como quiera que en España la corrupción al respecto llega a todos los estamentos, resulta imposible hacerlo desde dentro de nuestro país, motivo por el cual trasladamos nuestra denuncia a Ustedes en la esperanza de que seremos oídos.
En la seguridad que será de su interés esta enorme estafa, en buena medida sustentada por los contribuyentes alemanes, quedamos a la espera de su pronta respuesta.
Atentamente.
Francisco Zugasti Agüí
(1) www.projusticia.es/ley%20integral%20de%20violencia%20de%20genero/documentos/Conde%20Pumpido%20ordena%20a%20los%20fiscales%20que%20no%20consideren%20victim.htm
(2) www.projusticia.es/legislacion/documentos/ley-de-violencia-de-genero-de-Galicia.htm
(3) www.projusticia.es/juicios-rapidos-de-genero/documentos/el-juez-Serrano-insiste-que-solo-el-97-de-las-denuncias-acaban-en-condena.htm
(4) www.projusticia.es/denuncias%20falsas/denuncias%20falsas.htm
(5) www.projusticia.es/industria%20del%20maltrato/industria%20del%20maltrato.htm
(6) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/subvenciones%20y%20empleo%20de%20las%20mismas.htm
(7) www.projusticia.es/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm
(8) www.projusticia.es/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales/documentos/EXTRA%20EXTRA%20-%20Jerez%20-%20Polemica%20feminista%20en%20la%20asociacion%20de%20victimas%20de%20malos%20tratos.htm
(9) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/listado-de-asociaciones-de-mujeres-de-Andalucia.htm
(10) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/subvenciones%20Asturias.pdf
(11) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/plan-general-de-igualdad-de-oportunidades.htm
(12) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/plan-general-de-igualdad-de-oportunidades.htm
(13) www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/Maltrato%20a%20las%20internas%20de%20la%20casa%20de%20acogida%20Malva.htm
(14) www.projusticia.es/casas-de-acogida/casas-de-acogida.html
(15) www.projusticia.es/denuncias%20contra%20Perez%20del%20Campo/denuncia%20empleados/denuncia%20empleadas%20contra%20Ana%20Maria%20Perez%20del%20Campo.htm
(16) www.projusticia.es/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales.htm
(17) www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/INE,%20manipulacion%20de%20datos%20de%20suicidio.htm
(18) www.projusticia.es/asi%20nos%20informan/asi%20nos%20informan.htm
(19) www.projusticia.es/persecucion%20del%20disidente%20opositor/persecucion%20del%20disidente%20opositor.htm
(20) www.projusticia.es/ley%20integral%20de%20violencia%20de%20genero/ley%20integral%20contra%20la%20violencia%20de%20genero.htm
(21) www.projusticia.es/ley%20de%20igualdad/ley%20de%20igualdad%20o%20de%20desigualdad.html
(22) www.projusticia.es/articulos/documentos/feminismodegeneroeugeniodorao.pdf
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jueves, 28 de enero de 2010
El Caballo de Troya
Francisco Serrano Castro, 21 de enero de 2010
He tratado de proteger a las mujeres maltratadas desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico.
Resulta obvio que la libertad, sobre todo la libertad de expresión, consiste en la posibilidad de decir lo que otros no quieren oír. Constituye ese reconocimiento un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones salvo las que son necesarias para evitar la conculcación de otros derechos, como es el derecho al honor, la dignidad y estima de otras personas.
La libertad de opinar, la de expresar dentro del respeto las propias ideas y pensamientos, se extiende a toda la ciudadanía, incluidos los jueces, porque ciertamente venimos obligados a acatar y cumplir y hacer cumplir las leyes, pero como ciudadanos que somos, expertos en las áreas sociales que son objeto de nuestro ejercicio jurisdiccional, resulta lícito y legítimo que también se pueda hacer un juicio crítico sobre su contenido, porque cuando se advierte que una norma no produce los bienintencionados efectos pretendidos por el legislador, es cuando se pone en práctica mediante su aplicación. Al igual que, y eso a nadie parece extrañarle, un miembro del poder ejecutivo puede comparecer manifestando que acata una sentencia pero que critica y muestra disconformidad con su pronunciamiento.
Por ello, en una democracia como la nuestra se ha de calificar como inadmisible que se haya querido pisotear, mediante el insulto, la descalificación y la amenaza de ser represaliado, a quien sólo ha expuesto su propia experiencia y los datos recopilados en la sombra de la clandestinidad no oficialista... y además corroborando su versión políticamente incorrecta con sólidos argumentos y razones. Un juez cuya voz ahora se ha hecho peligrosa que sea oída, pese a que llevo años diciendo lo mismo en conferencias, publicaciones y medios de comunicación. Mas ahora después de cinco años, mi voz que sólo tenía eco en ambientes reducidos, allí a donde sólo había alcanzado la injusticia que afirmaba se había de corregir, ha transcendido porque la sociedad ya ha podido tomar consciencia del problema; mi voz ahora es como la de Casandra, que vaticinó la toma de Troya por el engaño de un caballo de madera, pero cuando Ulises y sus colegas corren por dentro de las murallas de la ciudad condenada.
Ahora sí nos creen. Y ello gracias a que los medios de comunicación han sido, en gran medida, y hasta ahora, cómplices de ese pacto de silencio sobre un tema social tabú, conocido de sobra por todos, pero sobre el que no resultaba políticamente correcto y adecuado hablar. Ello gracias al silencio de los profesionales que no se han atrevido a contar, también, la verdad que refleja su experiencia. Muchos sólo me contaban a mí las tragedias de que habían sido testigos pero sin enfrentarse a tener que transmitirlo en público. Altísimas instancias del Estado y estamento judicial, anónimas voces políticamente correctas, en reservado, me han comentado: "Sí, de acuerdo tienes razón, la Ley de Violencia tendría que reformarse, pero no podemos decirlo". Unas veces, la inmensa mayoría, por miedo a sufrir el mordisco de la represión, el auto de fe de la nueva inquisición que ha dictado la norma no escrita de censurar lo que no quiere oír el santo oficio. Mas, en otras, por puro y duro interés y oportunismo.
Más curioso aún cuando precisamente mi preocupación por temas de calado social, especialmente con incidencia en los derechos de los niños, no se ha centrado en las críticas a la Ley de Violencia de Género, sino que también he participado activamente en otras propuestas de reformas legislativas, en materia de acogimiento y adopción, sin que a nadie pudiera en tal caso parecerle mal que un juez especialista y experto en la materia pudiera dar su opinión al respecto.
El intentar aportar ideas para mejorar, el intentar abrir debate para encontrar nuevos planteamientos y soluciones a los problemas y las injusticias, el intentar rectificar errores para seguir avanzando en igualdad, sinceramente no creo que merezca como respuesta el cadalso. Siempre he luchado por defender los intereses de los más débiles e indefensos, y mi condición de juez me ha dado la satisfacción de que, muchas veces, he logrado esa defensa efectiva. Siempre en favor de los niños y siempre en favor de las mujeres que sufren real maltrato por encontrarse en situación de discriminación, desigualdad, miedo y relación de poder frente al canalla maltratador, y ese empeño desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico, que es la que atribuye el carácter de experto a quien sólo la profesa.
No estoy contra las mujeres maltratadas, siempre he tenido las puertas abiertas para brindarles amparo en mi Juzgado. Me opongo, eso sí, a quienes se aprovechan de sus miserias, me rebelo contra las que abusan y las perjudican, sin pretender que se reduzca el número de denuncias de mujeres maltratadas sino de las formuladas por mujeres que no sufren ningún tipo trato discriminatorio en su relación de pareja. Proclamo que se redefina el concepto de maltrato para evitar cientos de miles de injusticias, comenzando por el que se irroga a las víctimas de auténtico maltrato, el que deja cicatrices en el alma. Reclamo que los recursos y fondos para atender los servicios que garanticen el derecho a la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género no se distribuyan en base a criterios en los que se tenga en cuenta prioritariamente el número de denuncias presentadas, porque ello supone un efecto llamada a la presentación de denuncias infundadas que colapsan los juzgados. Solicito que se reconozca la existencia de mujeres que denuncian por despecho y venganza, debiéndose articular medidas eficaces para sancionar esas conductas desviadas. Requiero que el ámbito de protección de la norma se extienda a todos los que sufren violencia en el ámbito doméstico, con independencia de su raza, edad, creencia y género.
En fin, un disparate que merece la quema del hereje. Que cada uno saque sus conclusiones, dicho lo dicho, de quien extrae beneficio de la actual situación, que, insisto, requiere de debate y reflexión, comenzando por el del propio legislador; pues como ciudadano estoy orgulloso de que las normas se aprueben por unanimidad, pero más orgulloso estaría de que ese legislador fuera capaz de reconocer que se pueden cometer errores y que resulta preciso, a veces, rectificar el rumbo para alcanzar el destino deseado.
Francisco Serrano es juez titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla
He tratado de proteger a las mujeres maltratadas desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico.
Resulta obvio que la libertad, sobre todo la libertad de expresión, consiste en la posibilidad de decir lo que otros no quieren oír. Constituye ese reconocimiento un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones salvo las que son necesarias para evitar la conculcación de otros derechos, como es el derecho al honor, la dignidad y estima de otras personas.
La libertad de opinar, la de expresar dentro del respeto las propias ideas y pensamientos, se extiende a toda la ciudadanía, incluidos los jueces, porque ciertamente venimos obligados a acatar y cumplir y hacer cumplir las leyes, pero como ciudadanos que somos, expertos en las áreas sociales que son objeto de nuestro ejercicio jurisdiccional, resulta lícito y legítimo que también se pueda hacer un juicio crítico sobre su contenido, porque cuando se advierte que una norma no produce los bienintencionados efectos pretendidos por el legislador, es cuando se pone en práctica mediante su aplicación. Al igual que, y eso a nadie parece extrañarle, un miembro del poder ejecutivo puede comparecer manifestando que acata una sentencia pero que critica y muestra disconformidad con su pronunciamiento.
Por ello, en una democracia como la nuestra se ha de calificar como inadmisible que se haya querido pisotear, mediante el insulto, la descalificación y la amenaza de ser represaliado, a quien sólo ha expuesto su propia experiencia y los datos recopilados en la sombra de la clandestinidad no oficialista... y además corroborando su versión políticamente incorrecta con sólidos argumentos y razones. Un juez cuya voz ahora se ha hecho peligrosa que sea oída, pese a que llevo años diciendo lo mismo en conferencias, publicaciones y medios de comunicación. Mas ahora después de cinco años, mi voz que sólo tenía eco en ambientes reducidos, allí a donde sólo había alcanzado la injusticia que afirmaba se había de corregir, ha transcendido porque la sociedad ya ha podido tomar consciencia del problema; mi voz ahora es como la de Casandra, que vaticinó la toma de Troya por el engaño de un caballo de madera, pero cuando Ulises y sus colegas corren por dentro de las murallas de la ciudad condenada.
Ahora sí nos creen. Y ello gracias a que los medios de comunicación han sido, en gran medida, y hasta ahora, cómplices de ese pacto de silencio sobre un tema social tabú, conocido de sobra por todos, pero sobre el que no resultaba políticamente correcto y adecuado hablar. Ello gracias al silencio de los profesionales que no se han atrevido a contar, también, la verdad que refleja su experiencia. Muchos sólo me contaban a mí las tragedias de que habían sido testigos pero sin enfrentarse a tener que transmitirlo en público. Altísimas instancias del Estado y estamento judicial, anónimas voces políticamente correctas, en reservado, me han comentado: "Sí, de acuerdo tienes razón, la Ley de Violencia tendría que reformarse, pero no podemos decirlo". Unas veces, la inmensa mayoría, por miedo a sufrir el mordisco de la represión, el auto de fe de la nueva inquisición que ha dictado la norma no escrita de censurar lo que no quiere oír el santo oficio. Mas, en otras, por puro y duro interés y oportunismo.
Más curioso aún cuando precisamente mi preocupación por temas de calado social, especialmente con incidencia en los derechos de los niños, no se ha centrado en las críticas a la Ley de Violencia de Género, sino que también he participado activamente en otras propuestas de reformas legislativas, en materia de acogimiento y adopción, sin que a nadie pudiera en tal caso parecerle mal que un juez especialista y experto en la materia pudiera dar su opinión al respecto.
El intentar aportar ideas para mejorar, el intentar abrir debate para encontrar nuevos planteamientos y soluciones a los problemas y las injusticias, el intentar rectificar errores para seguir avanzando en igualdad, sinceramente no creo que merezca como respuesta el cadalso. Siempre he luchado por defender los intereses de los más débiles e indefensos, y mi condición de juez me ha dado la satisfacción de que, muchas veces, he logrado esa defensa efectiva. Siempre en favor de los niños y siempre en favor de las mujeres que sufren real maltrato por encontrarse en situación de discriminación, desigualdad, miedo y relación de poder frente al canalla maltratador, y ese empeño desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico, que es la que atribuye el carácter de experto a quien sólo la profesa.
No estoy contra las mujeres maltratadas, siempre he tenido las puertas abiertas para brindarles amparo en mi Juzgado. Me opongo, eso sí, a quienes se aprovechan de sus miserias, me rebelo contra las que abusan y las perjudican, sin pretender que se reduzca el número de denuncias de mujeres maltratadas sino de las formuladas por mujeres que no sufren ningún tipo trato discriminatorio en su relación de pareja. Proclamo que se redefina el concepto de maltrato para evitar cientos de miles de injusticias, comenzando por el que se irroga a las víctimas de auténtico maltrato, el que deja cicatrices en el alma. Reclamo que los recursos y fondos para atender los servicios que garanticen el derecho a la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género no se distribuyan en base a criterios en los que se tenga en cuenta prioritariamente el número de denuncias presentadas, porque ello supone un efecto llamada a la presentación de denuncias infundadas que colapsan los juzgados. Solicito que se reconozca la existencia de mujeres que denuncian por despecho y venganza, debiéndose articular medidas eficaces para sancionar esas conductas desviadas. Requiero que el ámbito de protección de la norma se extienda a todos los que sufren violencia en el ámbito doméstico, con independencia de su raza, edad, creencia y género.
En fin, un disparate que merece la quema del hereje. Que cada uno saque sus conclusiones, dicho lo dicho, de quien extrae beneficio de la actual situación, que, insisto, requiere de debate y reflexión, comenzando por el del propio legislador; pues como ciudadano estoy orgulloso de que las normas se aprueben por unanimidad, pero más orgulloso estaría de que ese legislador fuera capaz de reconocer que se pueden cometer errores y que resulta preciso, a veces, rectificar el rumbo para alcanzar el destino deseado.
Francisco Serrano es juez titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla
jueves, 7 de enero de 2010
SSª Dª. Gemma Vives critica el mal uso de la LIVG
a magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia número 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denuncia en un comentario remitido a Ecoley (suplemento jurídico de elEconomista.es) las injusticias que el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género está acarreando a nuestra sociedad.
En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario gerneralista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical". Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.
Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.
En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".
También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.
"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.
Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".
A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez
Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial
Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los dos recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.
Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor. Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible. Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.
Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos. Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.
Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.
Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.
Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió. Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.
Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida. Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador". Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean. Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.
No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso. La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.
No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad. Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año. La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva. Y el silencio ante la injusticia me indigna.
Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.
Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.
Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior. Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.
En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario gerneralista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical". Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.
Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.
En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".
También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.
"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.
Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".
A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez
Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial
Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los dos recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.
Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor. Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible. Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.
Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos. Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.
Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.
Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.
Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió. Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.
Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida. Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador". Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean. Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.
No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso. La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.
No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad. Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año. La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva. Y el silencio ante la injusticia me indigna.
Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.
Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.
Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior. Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.
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Juez Serrano
