Voluntariado de Ayuda a Padres Separados

Los abuelos hablan. Antena 3

2010-11-24T09:41:00.000-08:00

José Flores Ortega: Ya no puedo más

2010-11-24T09:29:00.000-08:00

Corría el año 2005, de la nada hacia entonces doce años cree mi pequeño imperio.
En 1993 tras otra de las crisis agonizante de este país en la última etapa de González, sin otra salida, me dedique a ofrecer la limpieza de cristales a pequeños comercios de la provincia de Barcelona.

Cuando me vine a dar cuenta tenia ya unos sesenta empleados y facturaba por el 2005 aproximadamente 1.000.000 de € anuales. Fue entonces cuando mi ex mujer me envió la demanda de separación. Yo ante el desbordamiento de trabajo que se produjo tras la llegada de Aznar al gobierno y ante mis miedos, pretendí asegurar el futuro de mi familia. Hacía un año que habíamos vendido un piso en Mollet y el dinero se puso a nombre de mi mujer y de mi hija en una cuenta de Caja de Terrassa, yo estaba como autorizado. Vivíamos entonces en la mejor zona de Mollet, en Santa Rosa, también la puse a nombre de mi ex mujer por lo que pudiera pasar.

En pleno proceso de separación mi ex mujer me obligó a firmar un convenio de divorcio de forma unilateral y me decía “ o firmas esto o te dejo en bragas” . El convenio decía más o menos: “la casa cuando se venda un 66% para ella y un 33% para mi, en contraprestación yo me quede en propiedad el apartamento que teníamos en común en Roses, Girona y una pensión para mi hija de 750 € mensuales, nada se dijo de los 120.000 € de la venta del piso en común cuyo importe se dopositó en la Caja de Terrasa.

Pasó el tiempo y firmé por imperativo legal (por cojones) el convenio, sería por mayo del 2005, parece ser que se dio cuenta que la “cagó”, podría ha seber quedado con todo el patrimonio (que decir tiene que ella era una mileurista trabajadora del Hospital de Mollet).

Pues en diciembre de 2005 mi ex, cambió la extrategia para quedarse todo el patrimonio y a a la vez destruirme. Tras recibir una llamada me comunica mi abogada, Maria Antonia Carrizo, que pesaba sobre mi un informe psicológico de parte de mi mujer donde se atisbaban abusos sexuales de mi hacia mi hija y que a cambio de no pasarlo a penal me ofrecían un pacto civil de renuncia al régimen escueto de visitas para con mi hija.

Desde luego QUE NO LO ACEPTE y efectivamente y tal y como me advirtió Marian me vendrían y vinieron a buscar los Mossos de escuadra y después prisión preventiva dependiendo de la agilidad que tuviese con la pluma del juez instructor.

Me pasé 3 días en un sucio calabozo de la comisaría de Mollet, por suerte no fui a prisión preventiva pero realmente en ese preciso momento comenzó un verdadero infierno de lucha por no perder contacto con mi querida hija, pleitos, más pleitos, mediaciones Sataf penal, Snt Joan de Deu, Unidad Funcional de Abusos a menores, todo. Por mi parte mi hija tuvo que pasar por los psicologos forenses Aguilar Cuenca y por Julio Bronchal, todo fue a mi favor, el peritaje hacia la madre por parte del SATAF, concluia : rasgos de personalidad paranoide y falta de empatía hacia sus semejantes, el informe efectuado a mi hija, una niña entonces ya con 6 añitos, totalmente manipulada y aleccionada contra mi por parte de la madre y el mío, más aburrido que un autobús de monjas patológicamente hablando.

Mientras tanto no tuve mas remedio que delegar la dirección de mi empresa en mi secretaria personal y la contabilidad como desde el principio la llevaba la empresa contable de la cual el propietario era mi ex cuñado, el hermano de mi ex mujer.

Según ese dicho popular de que del árbol caído todos quieren hacer leña, así sucedió. Mientras yo luchaba contra los 17 años de prisión que el fiscal me pedía, de médicos con mi nuevo hijo con mi nueva pareja por una malformación congénita, mientras tanto la secretaria se dedicaba a pasar remesas de nóminas a nombre de trabajadores y números de cuentas suyos y / o de sus familiares, aproximadamente unos 300.000 € desfalcados, falsificando mi firma en las ordenes de transferencia, sin darse cuenta las entidades bancaria, ni mi cuñado el contable, todo eso me generó aparte de la ansiedad y la locura una deuda con las administraciones de unos 150.000 € mas intereses, mas sanciones mas etc, etc.

En el 2008 ya absuelto de todas las DENUNCIAS FALSAS INTERPUESTAS POR MI EXMUJER, descubro la atrocidad perpetrada por mi secretaria aprovechándose de la falta de protocolo de seguridad de las entidades bancarias, la denuncio, este acto me supone ponerle hasta 20 denuncias más por actos en represalia y vandálicos de toda índole e incluso hasta un intento de homicidio por parte de la secretaria, su familia y sus acólitos.

Todo esto me ha provocado que ya no pueda hacer frente a prestamos personales, hace como un año que no pago por autonomos la pensión de mi hija que le debería estar pasando unos 850 € mensuales (una Barbaridad más que me obligó a firmar) y le pasa solo 400, que entiendo que con 400 mios y 400 de la madre mi hija puede vivir como una reina. Pero aún y así mi exmujer no para en los envites ahora me reclama en ejecución de sentencia unos 18.000 €, despues de que me ha sisado todo tiene los santisimos....s de reclamarme y pedir que me embarguen lo poco que me queda.

Diganme como paro a esa máquina a esa máquina desquiciada y obsesionada por mi persona. Porque la justicia hace distinciones si la persona maltratada es hombre o mujer. En la denuncia que yo le efectué a mi mujer por maltrato psicológico a mi hija y a mi, su señoria me puso literalmente a parir. La justicia no me atiende ni me ampara, QUE HAGO!!!!
Volviendo al 2008 cuando me percaté de la estafa, le pedí los mayores contables a mi cuñado con el fin de determinar la cuantía defraudada, lo que recibí a cambio fueron amenazas (esta gravado). Se les reclamó a las entidades la devolución inmediata de las transferencias mal efectuadas, a día de hoy, solo caja de Cataluña ha reconocido implícitamente que el error es suyo y solo me han devuelto 1500 € pero de los otros 300.000 dan largas aludiendo a que los culpables son las entidades receptoras a pesar de que mi mercantil el contrato lo tenia firmado con ellos, no con las otras.

A día de hoy me veo entre la espada y la pared, las entidades bancarias pasándose el muerto unas a otras con respecto a la estafa perpetrada por la secretaria. En lo que respecta mi ex mujer, esperando que la justicia decida de manera totalmente lenta e ineficaz, que decida sobre los 120.000 euros de la venta del piso que teníamos en común y que en connivencia con el Director de Caja Terrassa se apropió indebidamente del dinero. En cuanto a mi 33% correspondiente a la venta de la casa de Santa Rosa mi ex mujer junto a su hermano, el contable, se maquinó una estrategia financiera también en connivencia con el director en este caso de la Caixa de Pensions y como asesor financiero el mencionado hermano, para que constara en la escritura de compra venta, lo comido por lo servido.

Ahora me encuentro con que la Seguridad Social me tiene contra la espada y la pared y sin espera a que la justicia resuelva sobre el desfalco, sobre la querella por la apropiación indebida del dinero del piso depositado en Caja de Terrasa, sin que la fiscalía anticorrupción resuelva en cuanto a la estafa referente a la venta de la vivienda en común, la Casa de Santa Rosa y sin esperar a que las entidades financieras me repongan el dinero defraudado por la habilidad inusual de mi secretaria y tal y dado como se han avenido los acontecimientos me queda más o menos un mes antes de que la seguridad Social me mande a la indigencia tras no tener más remedio que cerrar la empresa.

Estoy desesperado, cada día se oye que un hombre ha atentado contra la vida de su ex o pareja, no quiero justificar estos hechos deleznables, pero alguna vez se han parado a analizar o pensar que historia hay detrás de todo esto, no será responsable el Ex Ministerio de Igualdad con Bibiana Aido y Lorente Acosta a la cabeza?, quien es responsable de que cada día se suiciden 3 hombres en proceso de separación y divorcio cuando antes de esta patética ley eran uno por semana?.

ES POSIBLE QUE EL PROXIMO SEA YO?
UN HOMBRE MALTRATADO MAS, INSTITUCIONALMENTE Y POR SU EXMUJER

José Flores Ortega
Nif:52 143 226 - H
Telf: 647 418 902

PD. Lo peor de esta historia... mi hija sigue viviendo con una psicópata verdadera maltratadora de su propia hija por someterla a interminables análisis pedriaticos y psicólogos forenses y lo peor de lo peor, la fiscalía de menores, lo sabe, tolera. y consiente. tiene 10 años y PESA CASI 80 KG POR LA OBESIDAD ANSIOSA QUE LE HA GENERADO LA MADRE.

J.M. Aguilar Cuenca: Ahora se enteran ellos

2010-11-24T09:27:00.001-08:00

TODOS lo sabíamos. Los psicólogos, los juristas, los educadores o los trabajadores
sociales. Todos, absolutamente todos, sabemos que la mejor opción para criar a un
niño es que ambos padres participen en esta tarea. Ha sido siempre así y, por más que
cambien las cosas, éste será un modelo ideal.
Tampoco es novedad el que, al salir a la calle, encontremos que también lo saben el
frutero, la panadera, el cartero o el linotipista. Lo que sí está resultando una sorpresa
mayúscula es que ahora lo descubran los políticos. De esta suerte, en el último año,
Aragón ha aprobado una reforma para que este modelo sea el preferente en los
divorcios de las parejas que allí residan y, en la misma dirección, se han sancionado
mociones a favor de la custodia compartida en menos de un año en Valencia, Líria,
Paterna, Jaén, Rota, Baños de la Encina, La Carolina, Medina del Campo, en las
juntas generales de Álava y Guipúzcoa, en El Casar de Escalona, Úbeda, Jódar,
Aldeaquemada, Villanueva del Arzobispo, Torreperogil, Navarra y Madrid, estando
pendientes de aprobar en numerosos pueblos de las zonas de la Vega Baja del
Guadalquivir y la Sierra Norte de Sevilla, varias diputaciones y ayuntamientos como
Vitoria, San Sebastián y Bilbao.
Lo menos que se le puede pedir a un político es que deje las cosas igual que las
encontró. Si la ciudadanía disfruta de un político que mejora aquello que un día cayó
bajo su mando podemos estar de enhorabuena. Todos sabemos que actualmente esos
políticos brillan por su ausencia, sustituidos por una caterva de aprovechados que
viene a hacer su particular agosto. Ahora tocaría introducir una frase que aclare que
no todos son así, pero como no quiero insultar la inteligencia del lector se la ahorro.
El problema que planteo aquí es por qué, siendo algo tan obvio el hecho de que hay
que procurar que un hijo disfrute de sus dos progenitores, no se da el paso de una vez
por todas a nivel nacional y, aún peor, por qué existen algunos grupos, muy
minoritarios y mayoritariamente femeninos, que se oponen a semejante avance social
con el dinero de todos nosotros.
1
Tal cantidad de iniciativas, todas en la misma dirección, ha provocado ya que los
niños que viven en Huesca tengan distintos derechos que los que viven en Mairena
del Aljarafe. Si pronto no se corrigen las cosas, el torrente de iniciativas, leyes,
reformas, decretos, medidas o cual sea la forma que adopten, hará que esas
diferencias se amplíen, llamando verde lo que en el pueblo de al lado se llamará azul.
Aún más anacronismo en una tierra que inventó las contradicciones.
Como esto es una cuestión política, para responder a semejante interrogante hay que
trasladar el foco de atención al dinero. El hecho de que se dificulte que dos personas
quieran dilucidar sus diferencias emocionales en un juzgado acarrea una inmediata
disminución en la facturación de todos los que trabajamos en o alrededor de la
Administración de Justicia. Menos minutas, horas de consulta y terapia, intervención
social, psicológica, educativa, mediadora, etc. Decenas de asociaciones de todo tipo y
un color mano sobre mano, o casi. La alternativa es sencilla: dejar que lo resuelvan
como hasta ahora es una fuente segura de riqueza, en tanto que ningún juzgado en el
mundo está hecho para resolver un problema emocional. Sería como querer abrir una
lata de conservas a martillazos. Estoy seguro que alguno lo va a lograr, pero también
tengo claro que se va a salpicar en el empeño.
En un momento en el que la economía necesita ser reactivada, la aceptación de los
políticos de la citada obviedad no puede ser más inoportuna. En el mundo de lo
ordinario, primero se crea la asociación y luego llega la subvención. En éste al que
nos referimos, primero llega la subvención y luego se hace la asociación oportuna.
¿Qué va a hacer ahora tanta asociación si le imposibilitan ganarse el pan con el
conflicto ajeno? Lo digo por las cientos nacidas al calorcito del dinero público. Sólo
en Andalucía hay 1.900 asociaciones de mujeres, de las cuales 1.400 reciben
subvención.
La incongruencia en el discurso político, según dónde habitemos los españoles,
provoca que el ciudadano no escuche correctamente, pero también es responsable de
que no entienda nada. Empero, ahora estamos en un nuevo estadio: la incongruencia
legislativa y, por consiguiente, la discriminación por razón de residencia, donde el
niño alicantino puede optar a la custodia compartida, aunque no haya acuerdo,
mientras el catalán tendrá derecho a un plan de corresponsabilidad parental, el
aragonés disfrutará de la custodia compartida como opción preferente y el resto
tendrá que comprobar cómo los usos decimonónicos siguen funcionando, otorgando
la custodia a la madre de forma automática. Como diría algún que otro anciano listo
de nuestra tierra: ¡Lío de país!

Manifestación en Madrid, 20 de noviembre de 2010

2010-11-24T09:21:00.001-08:00

Decálogo para una buena custodia compartida

2010-11-02T15:14:00.000-07:00

Para el buen cumplimiento de este régimen de guarda y custodia establecido en interés del menor; se aconseja a los progenitores el cumplimiento del siguiente decálogo:

1. Nunca desacredite a su ex-cónyuge delante de sus hijos, ya que ellos se sienten «parte de su mamá» y «parte de su papá», con lo que la crítica puede dañar su autoestima.

2. No utilice a sus hijos como mensajeros entre usted y su ex-cónyuge. Cuanto menos se sientan ellos parte de la pelea entre sus padres, mejor entenderán la situación.

3. Tranquilice a sus hijos haciéndoles entender que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad en la separación. Muchos de ellos asumen como propias las causas de la ruptura.

4. Anime a sus hijos a que vean con frecuencia a su ex-cónyuge. Haga todo lo posible por estimular las visitas.

5. En cada paso de su divorcio o separación, recuérdese a si mismo que sus propios intereses no son los de sus hijos, por los que no debe incluirlos en ninguna negociación.

6. Sus hijos pueden ser estimulados a actuar como su «corresponsal» en la casa de su ex-cónyuge. Trate de no pedirles que le cuenten nada que no sea del interés de ellos. Deje a sus niños ser niños.

7. Si usted siente que no puede asumir el trance de la separación con calma y responsabilidad, pida asesoramiento terapéutico urgente. Sus problemas pueden trasladarse a sus hijos, complicándoles aún más el poder enfrentar con éxito la situación.

8. Cumpla con sus obligaciones económicas, «alimentos» de su hijo, en forma mensual y sin interrupciones. Sepa que de no hacerlo, el perjudicado será su hijo, que además de tener que enfrentar una situación familiar compleja, deberá soportar faltas materiales, lo cual puede tener un efecto permanente por el resto de su vida.

9. Si usted es un padre/ madre responsable, y no está recibiendo los «alimentos» por parte del que tiene obligación, no traslade su enojo a sus hijos. Esto alimenta en ellos el sentimiento de abandono, y los pone en situaciones muy difíciles.

10. Dentro de lo posible, no efectúe demasiados cambios en la vida de sus hijos. Si además de soportar la separación deben cambiar de residencia y de escuela, tardarán mucho más en superar el trauma del divorcio de sus padres.

Los expertos abogan por eliminar las restricciones de la custodia compartida

2010-10-26T13:27:00.000-07:00

El presidente de Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Ricardo Moyano, se mostró ayer partidario de reformar el Código Civil para eliminar las "restricciones e impedimentos" sobre la concesión de la custodia compartida, una polémica figura que enfrenta en los juzgados a padres y madres inmersos en procesos de separación con hijos. "Es el mejor sistema si los progenitores tienen una relación adecuada y viven en domicilios cercanos", sostiene el magistrado, cuya ponencia abrió el curso sobre Derecho de Familia que organiza la asociación judicial Francisco de Vitoria hasta el próximo viernes en la capital grancanaria.

Esos "requisitos necesarios e ideales" chocan frecuentemente con la realidad. "La tendencia va creciendo a favor de la compartida, pero los jueces siguen siendo escépticos y la conceden con bastante escasez", explica Moyano, que cifra en el 10% las guardas dadas en España a ambos cónyuges.

El especialista destacó el "tirón de orejas" que el Tribunal Supremo viene dando a los jueces por no motivar en sus sentencias la negación de una custodia compartida. Esta figura jurídica fue introducida en el 2005, en parte para acabar con las reminiscencias de un Código Civil basado en un sistema de familia "patriarcal, machista y culpabilizador del marido".

Sin embargo, la reforma del legislador fue "muy tibia, tímida y con muchas cortapisas" al regular la custodia compartida. Los jueces no pueden aplicarla de oficio, sino a petición de las partes, y siempre tiene que haber informe favorable del fiscal si uno de los cónyuges se opone. También exige la ley que ese sistema sea "la única o mejor manera" de educar al menor.

La Sección Quinta de la Audiencia de Las Palmas planteó en 2005 una cuestión de inconstitucionalidad sobre el informe del fiscal, pero el Tribunal Constitucional aún no ha fallado.

Los niños en custodia compartida rinden más en clase

2010-10-24T14:00:00.000-07:00

La catedrática de Psicología Jurídica del Menor por la Universidad de Vigo Francisca Fariña expuso ayer algunos de los beneficios que tiene la custodia compartida en los hijos de padres divorciados.

Entre otros, destacó que los menores que pasan el mismo tiempo con cada uno de los progenitores tienen mejor rendimiento escolar, están más adaptados y, sobre todo, tienen mejores relaciones con ambos padres. Fariña fue una de las expertas que intervino en la Xornada en torno á custodia compartida en Galicia, que se celebró ayer en la Diputación. Según dijo la catedrática, también presidenta de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales, hasta un 45% de los niños que viven en régimen de custodia exclusiva tienen mala relación con uno de los progenitores y demandan más tiempo para estar con el que menos ven.

Por estos motivos, presentan mayor conflictividad o alcanzan menos logros en el colegio que quienes pasan el mismo tiempo con el padre y la madre.

«El mayor logro académico se produce porque hay recursos económicos, apoyo emocional e implicación por parte de ambos progenitores», dijo Fariña en la primera mesa redonda de la jornada, dedicada a los «Nenos e nenas ante a ruptura de convivencia entre pai e nai».

También intervinieron la psicóloga del gabinete de Orientación Familiar de Lugo, Lourdes Deán; el director de la unidad de Psiquiatría del Hospital Xeral Calde, Luis Vila, y el educador y técnico psicólogo en la Subdirección Xeral de Familia, Xesús Spinola.

El modelo de Aragón

Aragón ha sido la primera comunidad autónoma española que ha decidido que, en los casos en los que los padres divorciados no se pongan de acuerdo, tendrá preferencia la custodia compartida frente a la exclusiva. La Asociación Galega de Pais e Nais Separados, organizadora de la jornada, pretende que la legislación gallega también de este paso.

Así, la coordinadora de la ponencia de esta normativa (Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres), María Herrero, explicó en Lugo la decisión del gobierno de Aragón en la mesa redonda dedicada a «O papel das institucións na custodia compartida».

Este aspecto se reforzó con la última mesa redonda de la jornada, centrada en las Novas tendencias lexislativas para a igualdade nas relacións familiares ante a ruptura de convivencia da parella. © Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

A Madrid el 20 de noviembre

2010-10-23T11:09:00.001-07:00

20 de noviembre: Nos vamos a Madrid

2010-10-23T11:00:00.001-07:00

Diario de León: El deber-derecho de visitas

2010-10-22T09:27:00.001-07:00

Tribuna | Francisco J. Fernández Cabanillas

jurista y economista

Ahora las disputas con niños en el divorcio se producen, no entre padre y madre, sino entre el progenitor A y el progenitor B, porque es más del gusto del legislador L, que siempre está aprendiendo a conducir. Y ello en aras de la igualdad, igual o desigual. Sin embargo, ya decía Ramón Gómez de la Serna que la «B» es el ama de cría del alfabeto y la «A» es una tienda de los apaches. Tú verás. Como la custodia compartida de los niños del divorcio es, porque así lo quiere el legislador L, «igualdad excepcional», más del 90% de esos niños tienen «visitas», en teoría. Pero lo espeluznante es que, en la práctica, si el custodio no cumple las visitas, en más del 90% de los casos no ocurre nada que revierta la situación.

El progenitor custodio que boicotea, obstruye e impide la relación natural del niño común con el otro progenitor, comienza apelando a su supuesto «derecho a la maldad», y, con el paso del tiempo, conseguida la incomunicación paterno-filial permanente, termina apelando a su supuesto «derecho a la crueldad». Ambos derechos, a la maldad y a la crueldad, toscamente disfrazados de «interés superior del menor», claro está. Pero, ¿son «supuestos» estos derechos a la maldad y a la crueldad? No, son reales y efectivos. La prueba evidente es que a la vista, ciencia y paciencia del Juez, se produce, en número escandaloso, la parentectomía del niño del divorcio o su ablación parental. Es el progenitor excluido y alienado el que tiene supuestos derechos, presuntos derechos, en la práctica. ¿Cómo se puede trocar en nada, bajo la autoridad del Juez, el derecho humano del niño y de su padre o madre a estar juntos y el derecho humano a la igualdad relacional entre los padres con el niño común? Mediante un truco, magia, o prestidigitación: suspensión (de las visitas porque no se cumplen) más dilación igual a privación, sin que el progenitor no custodio esté incurso en causa de privación alguna de su derecho humano al contacto con su hijo, regular y periódico.

Dice la doctrina jurídica que el derecho de visitas es un derecho-deber. Efectivamente, es un derecho-deber para el progenitor no custodio, presunto visitante. Pero creo que para el custodio, el régimen de visitas es otra cosa, un nuevo concepto jurídico contrario al anterior: un deber-derecho.

El derecho-deber tiene un carácter sincrónico. Un deber-derecho es un concepto jurídico de naturaleza dinámica y carácter diacrónico. Se trata de un deber que, a base de incumplirlo radicalmente, con el tiempo, se acaba convirtiendo en un derecho. Como en un truco de magia lento y parsimonioso. Por ejemplo, los estudiantes tienen el derecho-deber de estudiar, pero llevan tanto tiempo copiando en los exámenes, incumpliendo su deber de no copiar, que la Universidad de Sevilla se ha planteado reconocer a sus estudiantes el «derecho a copiar». O sea, que es un «deber-derecho» de estudiar.

Custodia compartida como modelo preferente: María Sanhauja

2010-10-22T09:24:00.000-07:00

LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODELO PREFERENTE.
Maria Sanahuja Buenaventura
Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona
Septiembre 2010

SUMARIO:
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- LA CUSTODIA COMPARTIDA, MODELO EXCEPCIONAL EN EL DERECHO COMÚN ESPAÑOL.
3.- LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR LA IMPOSICIÓN, DE MANERA GENERALIZADA, DE UN MODELO MONOPARENTAL.
4.- LAS SOLUCIONES MÁGICAS.
5.- OBJECIONES A LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODELO PREFERENTE.
A) Solo si los padres mantienen una buena relación.
B) Sólo si tienen un modelo educativo similar.
C) No puede acordarse en relación a menores de corta edad.
D) El padre que no se ocupó nunca de los hijos antes de la ruptura, no lo hará con posterioridad a ella, y en cualquier caso, no se le debe dar la oportunidad si no mostró antes interés.
E) Objeciones relativas al domicilio. Un menor no puede tener dos domicilios. Y en el caso de que se acepten, se exige gran proximidad entre ambos.
F) La solicitud de custodia compartida se utiliza por los padres como coartada para dejar de pagar la pensión de alimentos, y como chantaje para negociar las condiciones económicas de la ruptura a la baja para las madres.
G) No debe ser impuesta por los tribunales.
6.- A MODO DE CONCLUSIÓN. ¿QUÉ ES LA CUSTODIA COMPARTIDA?

1.- INTRODUCCIÓN.

La experiencia profesional y personal me llevaron hace años al convencimiento de que debe ser preferente la custodia compartida, el régimen de convivencia compartida, el ejercicio de la responsabilidad parental conjunta, o cualquier otra denominación que pueda darse a la solución de que los hijos deben seguir teniendo madre y padre, y familias materna y paterna, tras el cese del proyecto de vida en común de sus progenitores.

En las próximas páginas expondré argumentos que permiten excluir las objeciones que más frecuentemente se plantean, incluso por los que dicen no ser contrarios a mantener la convivencia de los hijos con sus padres tras la ruptura, pero exigiendo tantos requisitos que la hacen imposible, convirtiendo la custodia compartida en un modo de relación excepcional. Por otros, es incluso demonizada la propia expresión, hasta el punto de que algunos legisladores de los parlamentos autonómicos no se han atrevido a mencionarla, como ha ocurrido recientemente en Catalunya (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, CCC), o la Comunidad Valenciana (Anteproyecto de Ley de Regulación de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven).

2.- LA CUSTODIA COMPARTIDA, MODELO EXCEPCIONAL EN EL DERECHO COMÚN ESPAÑOL.

La esquizofrenia legislativa sufrida en los últimos años en España, y que se evidenció en 2004, deja al descubierto las contradicciones de una determinada concepción de feminismo que se ha impuesto. Del Ministerio de Justicia salió el anteproyecto de Ley de separación y divorcio, que modificaba el Código Civil, siendo un texto que respondía a un modo de abordar los conflictos en el ámbito familiar, integrador, negociador, pero del que sólo quedó la Exposición de Motivos. Se impuso la visión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que al mismo tiempo estaba elaborando el proyecto de Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, y sepultó al primero con un modelo que parte de que la violencia sobre las mujeres está presente en la práctica totalidad de las relaciones de pareja, y que a esta violencia, por leve que sea, se debe aplicar el Código Penal. Los títulos dedicados a la represión policial y judicial de la Ley de violencia son los que hemos visto desplegarse con una intensidad que ha llevado a centenares de miles de hombres unas noches a los calabozos policiales, y en cuatro años (2005-2009) a más de cuatro mil hombres a la prisión, de los cuales el 80% están cumpliendo condenas por hechos leves (1). Al mismo tiempo, las medidas de prevención previstas por la propia norma poco han avanzado, más allá de campañas publicitarias y llamadas a la coordinación sin regular quién debe encargarse de esa imprescindible tarea si queremos que las mujeres que sufren violencia grave no sigan en la tremenda desprotección en la que, entre todos, las dejamos.

Las reformas del Código Penal realizadas entre los años 2003 y 2004 han ampliado tanto el tipo penal que, actualmente, todo puede ser delito en el ámbito familiar, cualquier modo de actuar sobre la esposa o mujer con quien se tenga o haya tenido una análoga relación de afectividad. Así, causar “menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código” o golpear o maltratar de obra sin causar lesión, o una amenaza o coacción leve, como coger de manera brusca de las manos de la pareja el móvil o el libro de familia, o decirle “te vas a enterar”, ha conducido a miles de hombres al calabozo y a prisión. Y al tiempo, se afirma que los hijos que presencian estas actividades delictivas son víctimas siempre. Y de ahí se pretende alcanzar la conclusión de que para evitar que los roles de la violencia se reproduzcan, y con el fin de proteger a los hijos, se les debe apartar siempre de sus padres, esos seres violentos y machistas por naturaleza. En el discurso no se explica que, de los centenares de miles de denuncias, un porcentaje menor acaba en condena (2), pero el objetivo de separar a padres de hijos se consigue en muchísimas ocasiones.

Con este esquema maniqueo, tan simple y poco fundamentado, como el otro similar, vigente varios siglos, y no superado, que afirmaba que la mujer era la encarnación del mal, se ha legislado en los últimos años, responsabilizando de la maldad esta vez al sexo masculino. Hasta no hace tanto, lo masculino era revestido de connotaciones positivas, mientras que lo femenino era sinónimo de fragilidad, perversión o maldad. En las últimas décadas se han invertido los términos. Lo masculino es equiparado a violencia y maldad, mientras que lo femenino a bondad, solidaridad y valores positivos.

En esa concepción, compartir el cuidado de los hijos con el progenitor de sexo masculino tras la ruptura de la pareja, debe ser evitado. Sólo así se entiende que se establecieran todo tipo de dificultades al planteamiento comúnmente conocido como custodia compartida cuando el legislador estatal utilizó esta terminología por primera vez en una norma, el anteproyecto de Ley de separación y divorcio de 2004. Hasta esa fecha en España sólo los tribunales de justicia habían mencionado las fatídicas palabras, “custodia compartida”, y la habían acordado incluso de oficio, lo que con la actual regulación está vedado, utilizando los términos empleados por leyes y sentencias de países de nuestro entorno cultural. En éstos, el procurar que los padres se sigan responsabilizando de los hijos tras la ruptura, no sólo no se ve como algo pernicioso, sino como algo a estimular, pues tras muchos más años que nosotros de experiencia en divorcios, y muchos estudios, se ha evidenciado que para los hijos es mejor, sin duda, mantener los vínculos afectivos y económicos con sus padres (3).

Se da la paradoja de que cuando el debate se traslada a la ciudadanía, que mayoritariamente se muestra partidaria de ese modelo en las encuestas (4), y empieza a solicitarla, se convierte en una posibilidad casi imposible de plantear como respuesta al conflicto. Antes de esta última regulación legal era una de las posibles decisiones a adoptar por tribunales que no partieran del prejuicio machista de que los niños deben estar siempre con sus madres, en la idea de que siguen existiendo mayoritariamente aquellas madres que no trabajan fuera del hogar y se dedican en exclusiva al cuidado de los hijos, cuando ese modelo va progresivamente escaseando cada vez más. Actualmente, de nuestros hijos se ocupan en gran medida guarderías, escuelas, canguros, vecinos, etc..., a falta de un Estado del bienestar que procure servicios y, en gran proporción, unas abuelas que han asumido nuevamente el papel de “madres” en unas familias en las que, como escasean los niños, éstos se han convertido en un bien muy preciado que vuelve a llenar la vida de unas mujeres que, sin poder elegir, aceptaron como razón de vida la reproducción y el cuidado de la prole. Y es que, en los últimos treinta años, miles de mujeres en España hemos realizado silenciosamente una gran revolución social para intentar ser ciudadanas de primera. Hemos retrasado la edad de maternidad una década, mayoritariamente la iniciamos a partir de cumplir treinta años, y hemos reducido drásticamente el número de hijos por mujer, teniendo uno de los índices de natalidad más bajos del mundo, pues en los últimos veinte años nos hemos incorporado al mercado de trabajo, después de irrumpir masivamente en la universidad a partir de los años ochenta (5).

En una línea radicalmente distinta a muchos países de nuestro entorno, el legislador español de 2004 introdujo unos requisitos en los apartados 7 y 8 del artículo 92 del Código Civil que hacen que la custodia compartida sea muy excepcional, pues debe superar grandes obstáculos.

El primer obstáculo legal que debe salvarse para que los hijos puedan seguir teniendo padre y madre, y frecuentemente, familias materna y paterna, tras la ruptura, es que ninguno de sus progenitores haya interpuesto una denuncia por violencia o agresión sexual contra el otro. Esta es la exigencia del apartado 7 del artículo 92 del Código Civil. Esto supone que pueda evitarse este modelo simplemente interponiendo una denuncia. Así de fácil.

Aunque finalmente se resuelva, como ocurre en la mayoría de los casos, que no existía ninguna prueba o indicios de criminalidad ya se ha conseguido que los hijos no puedan compartir el tiempo de cuidado con ambos progenitores hasta pasados muchos años, incluso impidiendo todo tipo de relación con su padre, atendiendo el lento y mal funcionamiento de la justicia en España. Y para colmo, se nos pretende responsabilizar en exclusiva de ese mal servicio público a los que lo prestamos, aunque las normas que regulan la organización de la justicia no otorgan ninguna competencia a jueces, y fiscales, pues corresponde a las administraciones estatal y autonómicas, y en parte al Consejo General del Poder Judicial, facilitar medios personales y materiales, así como diseñar su funcionamiento.

Y si se acredita que ninguna prueba había que pudiera fundamentar una condena penal con la denuncia interpuesta, intuyéndose una mala utilización del ordenamiento penal para obtener otros fines, la respuesta que estamos dando en múltiples ocasiones sólo anima a seguir abusando de esa posibilidad.

Eso se evidencia en una trabajada sentencia de medio centenar de folios, de 15 de septiembre de 2008, en la que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona declaró acreditado que la madre había usado el régimen de guarda y custodia y régimen de visitas “de forma torticera”, con incumplimientos “reiterados y persistentes”, judicializando las relaciones hasta el extremo de interponer reiteradas denuncias, durante varios años, carentes absolutamente de fundamento, incluida una por abusos sexuales del padre al hijo, y otra por amenaza a la madre con arma de fuego, con la finalidad de apartar al hijo de su padre, siendo todas sobreseídas. Afirmando la juzgadora la “utilización maliciosa de la denuncia y del procedimiento penal”, consiguiendo incluso, con todo el “entramado de denuncias” el “respaldo judicial” en la suspensión de las visitas con su padre, llegando incluso la madre a decidir la desescolarización del menor por casi cinco meses para apartarlo de él, ocasionando la ruptura de las relaciones padre-hijo, pues éste último tiene “fobia o rechazo” hacia el primero, al ser “desinformado y manipulado” por la madre que lo ha predispuesto contra la figura paterna, lo que ha producido un daño en el menor, que evidencia “falta de normas y sobreprotección”, habiendo sido condenada la madre en alguno de los juicios de faltas tramitados por sus incumplimientos, y absuelta en otros sobre la base de que “la madre anteponía el interés del hijo”. El Ministerio Fiscal “no interesó un cambio inmediato en la guarda y custodia”, sino el mantenimiento de la sentencia de divorcio de los padres. La sentencia acuerda el mantener la guarda y custodia en favor de la madre por tres meses, condicionada a que las partes se sometan a un programa para restablecer la relación del hijo con el padre, con la advertencia a la madre de que “si sigue manipulando” “ello determinará un cambio RADICAL EN LA GUARDA Y CUSTODIA”, y también si el menor no cambia de actitud respecto a su padre.

Dos años después el padre, asumiendo un gran coste económico por el tratamiento psicológico impuesto por la Sentencia, sólo ha conseguido ver dos horas semanales a su hijo. Ese padre ha evidenciado a lo largo de una década de denuncias penales sistemáticas un persistente comportamiento más que ejemplar, dedicando su energía y sus recursos a no perder una relación con su hijo, que no le reconoce como padre.

Pero si no se ha conseguido evitar el modelo de la custodia compartida, e incluso logrado un total alejamiento de la figura paterna como hemos visto, con la utilización del apartado 7, queda el apartado 8 del propio artículo 92 del Código Civil. El precepto, como se sabe, parte de que si los progenitores no la solicitan de mutuo acuerdo sólo podrá acordarse “excepcionalmente” cuando la reclame uno de ellos. Y en este caso exige que el Ministerio Fiscal emita un “informe favorable”, requisito sin el que el juez no podrá acordar la guarda y custodia compartida.

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, y la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra, plantearon sendas cuestiones de inconstitucionalidad, admitidas a trámite hace unos meses, por vulneración del art. 117.3 en relación con el art. 24.1 y 2 CE, y por vulneración del art. 14 en relación con el 39 CE. El Fiscal General del Estado, está argumentando ante el Tribunal Constitucional, en un difícil equilibrio, que no queda comprometida ni la función jurisdiccional con la exigencia de este requisito “de estricta razonabilidad y proporcionalidad”, ni tampoco la posibilidad de dictar sentencia, pues considera que se ha introducido para establecer garantías que aseguren la prevalencia del interés del menor. Los defensores de la constitucionalidad de la norma pretenden considerar esa aquiescencia del Ministerio Público como un requisito de procedibilidad, algo así como consignar para recurrir.

A los senadores que votaron esa norma en 2005 les pareció tan evidente que esa exigencia de informe favorable limitaba tanto la función de juzgar que, de momento, y al menos formalmente hasta la fecha, correspondía a jueces y tribunales, que excluyeron ese requisito en el trámite del Senado. Sin embargo, en el Congreso de diputados volvió a reintroducirse en una precipitada votación de madrugada, indicando posteriormente que se había tratado de un error que, sin embargo, el legislador no ha tenido tiempo de subsanar en los cinco años transcurridos desde que se produjo.

Opino que, sin duda, no se trató de un error sino de la reintroducción deliberada de una nueva dificultad más, atendiendo a que la postura mayoritaria entre los miembros del Ministerio Fiscal, y quienes dan instrucciones en esta jerárquica institución, es que con quien mejor están los hijos es con sus madres. Y a la experiencia profesional y personal me remito. Yo dicté una sentencia en la que, incluso con acuerdo entre los progenitores, educadísimos y sin ningún indicio de que alguno de ellos pudiera presentar algún tipo de problema como padre, el Ministerio Fiscal se opuso a aprobar que se atribuyera a ambos el compartir la responsabilidad de los hijos. Y asimismo, cuando en mi caso, de acuerdo con el padre de mis hijas, presentamos un convenio para compartir su cuidado tras el divorcio, fuimos llamados a una comparecencia, en la que nos mostramos todo lo cordiales que supimos, a pesar del enfado que teníamos ambos. Cuando unos padres exponen en un convenio que el padre sólo quiere ver a sus hijos cuatro días al mes, y abonar una auténtica miseria para alimentos, se aprueba sin comparecencia, y sin que nadie haya hecho la más mínima comprobación de si pudiera tratarse de un supuesto de insolvencia técnica, aunque nada real. Vemos que cuando ambos progenitores se muestran conformes en seguir siendo responsables, en la mayor parte de ocasiones ello es mirado por fiscales y jueces con todo tipo de suspicacias y recelos. Es el mundo al revés, pues evidencia que parece más razonable y normal la irresponsabilidad.

Espero que la exposición que sigue contribuya a que esos extraños planteamientos vayan siendo superados, aunque no son tiempos para el optimismo pues el retroceso en los últimos años ha sido espectacular. Hemos visto cómo se ha reintroducido la causa, esta vez penal, en los procesos de divorcio. Y nos ha ocurrido esto cuando los tribunales ya llevaban años no exigiendo causa de separación o divorcio, superando el planteamiento de la Ley 30/1981, de 7 de julio, que penalizaba al que se consideraba responsable de romper un vínculo concebido como indisoluble. Esta norma fue elaborada en un momento histórico inicial de nuestra democracia, y aún suponiendo un gran avance, pues se trataba de permitir la disolubilidad del vínculo matrimonial en un Estado que había dejado de ser confesional pocos años antes, mantuvo planteamientos que dificultaban esa ruptura.

Representantes del feminismo oficial que han inspirado en gran medida las reformas legislativas de los últimos años han llegado a afirmar que es importante que “se pueda poner de manifiesto la existencia de algunas de las causas que han provocado la ruptura matrimonial, especialmente cuando hay hijos/as comunes” (6), pues consideran que “compatibilizar la actual Ley del divorcio con la Ley Integral contra la Violencia de Género es sumamente difícil, cuando no imposible ya que se impide que afloren situaciones familiares que deberían ser tenidas muy en cuenta a la hora de tomar cualquier medida de carácter personal. La actual regulación de la separación y el divorcio, al suprimir las causas que los motivaron, ha traído como consecuencia una merma de eficacia de la Ley Integral constituyendo un serio obstáculo en la lucha contra la violencia de género.” (7).

Ahora, se pretende utilizar la denuncia penal para culpabilizar y sancionar al “responsable” del mal funcionamiento de la pareja. En la Exposición de Motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio, se justificaba el cambio legislativo indicando que se trataba de que, un cuarto de siglo después de la Ley de 1981, se amplíe el ámbito de la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, reconociendo la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge, pues la continuación de su convivencia depende de la voluntad constante de ambos, bastando con que uno de ellos no desee la continuación del matrimonio. También destacaba que debe procurarse, en el supuesto de que tengan hijos en común, la protección del interés superior del menor, garantizando la relación con el progenitor con quien no conviva, en el caso de que la guarda y custodia no sea compartida, estimulando la realización del principio de corresponsabilidad en el ejercicio de la potestad. Como hemos visto, el texto aprobado nada tiene que ver con esos principios, y la culpa se ha reintroducido con virulencia (8).

3.- LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR LA IMPOSICIÓN, DE MANERA GENERALIZADA, DE UN MODELO MONOPARENTAL.

Sin duda alguna, lo deseable es que exista la madurez suficiente de los adultos en el proceso de ruptura de pareja con hijos para alcanzar un acuerdo, especialmente en lo referente a su futura relación con ellos, puesto que nadie mejor que los propios afectados conoce las posibilidades y condiciones para repartir esfuerzos y recursos en su cuidado. La inmensa mayoría no cuestionamos los beneficios que para los menores supone seguir teniendo madre y padre que se ocupen de ellos tras su separación, resultando mucho más positivo un feliz divorcio que una insoportable convivencia.

Esta es la razón por la que en muchos países de nuestro entorno se ofrecen medios a las partes en conflicto con la finalidad de facilitar esos compromisos, que como son soluciones voluntariamente aceptadas, se cumplen en mayor medida que una buena sentencia. Se pone a disposición de las partes la mediación, que algunos la establecen como obligatoria. En este modo alternativo de resolución de conflictos, los técnicos en la materia deberían contribuir a bajar su nivel de intensidad, y deberían enseñar a los contendientes, fundamentalmente, a priorizar el superior interés del menor sobre sus propios intereses y mezquindades, para ir hallando sus propias soluciones a las nuevas necesidades que sin duda irán surgiendo, y los nuevos problemas que seguro se irán planteando en los muchos años que suelen restar para que esos hijos alcancen independencia suficiente. Sólo cuando este intento no da resultado debe actuar con toda su contundencia el sistema judicial.

Las relaciones familiares están sometidas a continuas tensiones, y deseables cambios aunque no exista ruptura de pareja. Los hijos son individuos de la especie humana extremadamente dependientes, necesitando para su subsistencia de los adultos durante muchos años si nos comparamos con otras especies animales. Los hijos e hijas están en permanente cambio, pues van creciendo, y tienen enormes necesidades en sociedades complejas como la nuestra, hasta que alcanzan una edad adulta, y ello si cuentan con un razonable estado de salud, porque de lo contrario la dependencia puede ser incluso para siempre. Los cambios de los hijos exigen una continua toma de decisiones en relación a sus actividades, espacios, en tiempo y modo de dedicación a ellos, en disposición a aceptar esas modificaciones, pues evidentemente sería muy perjudicial seguir tratándolos siempre como si fueran bebés.

Es absolutamente inevitable que a lo largo de todos esos años vayan surgiendo conflictos que las partes deben gestionar, y sólo si no son capaces, se impone la intervención del Estado: ofreciendo respuesta judicial si se demanda, o bien interviniendo de oficio si se produce una situación de desprotección de un menor, o también de violencia extrema de menores hacia sus ascendientes, problema éste cada vez más preocupante (9).

Con una justicia colapsada, sin perspectivas de mejora, y considerando que los afectados siempre tienen más datos sobre su propia realidad, deben favorecerse las respuestas negociadas. Sin embargo, el legislador español partiendo de un concepto de violencia, susceptible de ser calificada como delictiva, tan amplia como hemos visto, ha prohibido la mediación por ley orgánica en prácticamente todos los casos (artículo 87 ter.5 LOPJ, modificado por la ley de violencia), y ha incumplido el mandato contenido en la Disposición Final Tercera de la Ley 15/2005, de remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación, en la que no cree, distanciándose de las disposiciones de la Unión Europea que han apostado por este modo de resolución de conflictos. En los planteamientos del feminismo oficial la mujer es un ser desvalido, siempre víctima, siempre en situación de inferioridad respecto al hombre, y por ello se considera que no está en condiciones de pactar soluciones prácticamente nunca. Esa visión, que menosprecia a las mujeres, no es compartida por otras corrientes feministas entre las que me incluyo.

Por el contrario, se ha extendido la errónea idea de que si las mujeres no alcanzan acuerdos con el padre de sus hijos, y acuden a la vía judicial salen victoriosas pues obtienen todo el pack. Se les atribuye abrumadoramente la guarda y custodia de los hijos (10), y ello lleva aparejado el uso y disfrute del domicilio familiar, así como administrar la pensión de alimentos. Además, si interponen denuncia por violencia contra el padre de sus hijos, y se acuerda una orden de alejamiento, cosa que ocurre en muchas ocasiones por el temor que tienen los jueces y fiscales que deben solicitarlas y acordarlas en pocos minutos y con escasas pruebas, el denunciado es expulsado inmediatamente de la vivienda que compartían. Ello ha estimulado la interposición de muchas denuncias por hechos leves con un objetivo distinto que la protección frente a la violencia. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres victimas de violencia grave no denuncian porque no se les asegura protección, al resultar difícil en este desconcierto de miles de denuncias identificar esos supuestos de violencia habitual grave.

Y si se ha convencido a muchas mujeres de que van a obtener todo el pack (hijos, vivienda y pensión), y eso parece en principio beneficioso para ellas, ¿Por qué van a intentar llegar a un acuerdo? ¿Por qué van a ir a una mediación, que se concibe como tan perniciosa?

Sin duda, porque el conflicto permanente no beneficia a nadie, porque es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y más en esta materia. Porque las amputaciones traumáticas y en malas condiciones pueden provocar consecuencias peores para los hijos, al separarlos bruscamente de sus padres. Se pretende que éstos, tras la ruptura, se limiten a pagar las pensiones, sin participación alguna, o escasísima, en las vidas de sus hijos, lo cual ni favorece el cumplimiento de las obligaciones económicas, objetivo fácil de conseguir en un país con bastante dinero negro circulante, ni favorece la necesaria estabilidad afectiva que los niños necesitan para crecer de un modo saludable.

En alguna ocasión he tenido oportunidad de exponer que la atribución sistemática, o incluso automática, de la guarda y custodia a las mujeres nos perjudica gravemente en primer lugar nosotras, al tratarse de un regalo envenenado. “Dedicarnos en solitario a la educación y cuidado de los hijos limita brutalmente nuestro desarrollo profesional, relegándonos a niveles que no exigen tanta dedicación, lo cual irremediablemente se traduce en salarios menores. Si ejercemos nuestra función como educadoras con responsabilidad corremos el riesgo de ser las únicas malvadas que imponen hábitos y obligaciones, y si lo hacemos de modo irresponsable nos encontramos en poco tiempo con unos hijos e hijas asilvestrados, e intolerantes a la más mínima frustración, que no dudan en acudir a la violencia, física o psíquica, si no ven colmados sus crecientes deseos. Cuando los pequeños monstruos se emancipan, el propietario de la mitad de la vivienda de la que fue expulsado no duda en reclamarla, ya que en muchas ocasiones se vio obligado a regresar a su hogar materno, y en ese momento, cuando las mujeres tienen edades que rondan los sesenta años, con escasos ingresos, no pueden adquirir la mitad de la vivienda, con riesgo de ser expulsadas. El final del expolio inicial puede ser el que las mujeres se queden sin nada: sin profesión, porque no nos hemos dedicado a ella; sin espacios personales al no disponer de tiempo, lo cual supone un empobrecimiento personal, y es fuente de desequilibrios y frustraciones; sin casa; y sin unos hijos e hijas, que además pueden formular serios reproches culpabilizando a las madres del alejamiento de la familia paterna, lo cual es fuente de conflicto y sufrimiento, al haberse quedado huérfanos con padres vivos, con un duelo que no se acaba “ (11).

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de las muchas dificultades que establece nuestra legislación, se producen muchos acuerdos. Más de la mitad de los procesos de familia son consensuados, aunque en los últimos años el porcentaje de acuerdos ha disminuido (12).

Cuando las partes alcanzan y cumplen acuerdos, lo que sucede en la mayoría de ocasiones, jueces, fiscales, técnicos sociales, policía, etc..., no somos necesarios, el Estado no es necesario. Sólo somos imprescindibles cuando el grado de inmadurez de una, o todas las partes en conflicto, no permite que ellas mismas vayan gestionando las nuevas dificultades que inevitablemente se irán planteando.

El proceso de familia no es como el resto de procesos civiles en los que, una vez hallada una solución, más o menos acertada, y dictada una resolución judicial firme, que produce el efecto de cosa juzgada, ya no puede plantearse nuevamente la misma pretensión.

El conflicto de familia con hijos puede permanecer por largos periodos abierto, pues no estamos ante uno solo, sino ante multitud de ellos que se suceden. Los hijos por definición crecen continuamente, física y psicológicamente, generando nuevas necesidades en tensión permanente con sus padres, y de éstos entre sí, incluso aunque no se hayan separado o divorciado. Pretender que una resolución judicial pueda poner fin al conflicto es un absurdo. Con las pruebas aportadas, no siempre abundantes y veraces, se intenta dar respuesta a las diferentes pretensiones planteadas en un momento fijo en el tiempo, pero cuando es dictada, la situación de las relaciones entre los diversos miembros del grupo humano familiar ya ha variado, y mucho más cuando han transcurrido años en el trámite del recurso de apelación si se plantea.

La vida es un continuo suceder de conflictos que siempre nos afectan, sea cual sea el modo de gestionarlos (13). En los conflictos de ruptura de pareja con hijos puede optarse por uno de los dos modelos posibles, cada uno con sus múltiples variantes:

- El que podríamos denominar modelo totalitario, en el que se permite que una de las partes imponga totalmente sus posturas, y en adelante tome todas decisiones relativas a los hijos en común, generalmente como hemos visto la madre, excluyendo al otro progenitor de la relación parental con ellos, pero no de las obligaciones económicas. Tiene la ventaja de todos los totalitarismos, no se pierde el tiempo y la paciencia en ponerse de acuerdo con el otro, por lo que en principio puede parecer más eficaz, pero evidentemente los totalitarismos en materia de familia son también muy disfuncionales, como veremos después.

- Y el que podríamos denominar modelo democrático, en el que las partes deben hacer el esfuerzo de negociar y pactar soluciones de convivencia de modo que nadie resulte excluido. Tiene el inconveniente de todos los sistemas democráticos, pues en ocasiones resulta exasperante y agotador ponerse de acuerdo con el otro. Pero la mayoría convenimos en que es el menos malo de los sistemas de organización social.

La imposición de un modelo monoparental cuando los hijos tienen madre y padre, que quieren y pueden ocuparse de ellos, es antidemocrático y perjudica gravemente el interés del menor. Sólo se debe excluir a uno de los progenitores, o a ambos, cuando no quieren ocuparse de los hijos, o lo hacen de un modo muy deficiente. También, cuando el permanente nivel de conflictividad es tan extremo que supera los límites tolerables y se hace evidente el perjuicio para el menor, pero en este caso debe valorarse cual de los progenitores impide el razonable ejercicio de la corresponsabilidad frente a los hijos, pues el sistemático incumplimiento no debe ser premiado.

Las situaciones realmente graves se dan cuando uno, o los dos progenitores no quieren, o no pueden, ocuparse de sus hijos. Para los menores abandonados resulta duro aceptar que sus padres no quisieron responsabilizarse de ellos. Y desgraciadamente se producen muchas situaciones de abandono, incluso en algunos casos en que éstos tomaron la decisión de reproducirse. Pero ocurre que algunos especimenes humanos reaccionan con poca madurez y gran irresponsabilidad ante el gran esfuerzo en tiempo, espacio y dinero, que supone la paternidad. También hay que estar atentos a las peligrosas explicaciones que, posteriormente, cuando se tiene necesidad de los hijos, se les puede ofrecer, pues la capacidad de manipulación y justificación del ser humano no conoce límites.

4.- LAS SOLUCIONES MÁGICAS.

Construir es siempre más difícil que la imposición y la destrucción, pero es más rentable. No existe una solución rápida, limpia y eficaz para los procesos largos y complejos. Y los conflictos en materia de familia con hijos lo son. Exigen un traje a medida adaptable al crecimiento, y por ello las normas son genéricas. Aunque puede hacerse un mayor esfuerzo de concreción en la línea de la última regulación hecha en el Llibre II del Codi Civil Català, Persona i Familia, que al mismo tiempo, ha sido timorato, y no se ha atrevido a apostar por un modelo, que sólo insinúa, de corresponsabilidad parental compartida.

En nuestra corta experiencia en materia de separaciones y divorcios como país recientemente democrático y aconfesional, hemos visto en demasiadas ocasiones, especialmente en aquellos procesos de familia más conflictivos, el abuso de demandas modelo, poco fundamentadas. Y juicios con escasa prueba, inhibición judicial, y desaparición del Ministerio Fiscal, finalizados con sentencias modelo, que han dado el mismo tipo de respuestas a supuestos de lo más variado, y escasísima dedicación a la parte más decisiva en general de todo proceso, la ejecución. De poco sirve una sentencia, por maravillosa que sea, si el llamado a su cumplimiento sabe que si la incumple ninguna reacción se va a producir. El sistema judicial, con excepciones, no es capaz de dar respuestas en tiempos razonables. Y en muchas ocasiones crea mayores y nuevos problemas cuando, al notificarse la resolución judicial, las partes ya habían encontrado sus propios equilibrios, que aquella viene a romper.

¿Nos podemos permitir los incumplimientos generalizados en relación a los niños?

Si se dejan de pagar las pensiones de alimentos, ¿puede el menor esperar largos años hasta que se embargue al obligado al pago, y se realicen sus bienes? ¿Es razonable exigir al progenitor encargado de su cuidado formular cada vez una nueva demanda con obligación de representación mediante procurador y asistencia letrada, que lógicamente solicitan su derecho a una provisión de fondos, cuando en los casos más flagrantes difícilmente se localizarán bienes a nombre del presunto insolvente? Normalmente son mujeres que optan por asumir en solitario no sólo el cuidado, sino también el esfuerzo económico, pues solicitar la ejecución de la sentencia sólo reduce su capacidad económica para hacer frente a las necesidades de sus hijos, con nulos resultados positivos. Y aquí sorprende que organizaciones, incluso de mujeres juristas, no hayan exigido que se suprima la necesidad de la asistencia de los profesionales del derecho para solicitar el auxilio del Estado en el cumplimiento de las obligaciones económicas para con el futuro de un país, como son sus niños y niñas. La demanda de ejecución de pensiones alimenticias, claramente fijadas en las sentencias, debería seguir trámites similares a los de un sencillo procedimiento monitorio. El Ministerio Fiscal, como encargado de la protección de los menores, y a quien tantas competencias se han adjudicado en los últimos años, podría participar activamente en esos procesos de ejecución, que deberían realizarse en cooperación con la Agencia Tributaria, para lograr niveles mayores de eficacia, como ha ocurrido en otros terrenos, como el delito fiscal.

Es cierto que, en relación a progenitores cuyos ingresos provienen de trabajos por cuenta ajena, y su nómina refleja la totalidad de los mismos, cosa que no siempre ocurre, la función de prevención operada por la reforma del Código Penal que endureció las sanciones por incumplimiento de las obligaciones familiares, produjo un efecto muy saludable. Pero también, en el ámbito penal se podría incrementar el esfuerzo pues, en los supuestos más sangrantes, se debería requerir en mayor medida la colaboración policial (14).

El otro incumplimiento clásico es impedir, por quien tiene atribuida la guarda y custodia, que el hijo mantenga la relación de comunicación fijada en la resolución judicial con el progenitor no custodio, ¿Puede aceptarse que uno de sus progenitores lo convierta en huérfano con el otro vivo, que quiere y puede ocuparse de él, destruyendo la relación incluso con la familia amplia, cuestión especialmente dolorosa para aquellas abuelas y abuelos que tienen la certeza de que morirán sin volver a ver a sus nietos y nietas?

¿Puede aceptarse que el mal funcionamiento de nuestro sistema judicial favorezca fundamentalmente a los más incumplidores, a los más perversos de cualquier sexo o tendencia sexual?

El mensaje para nuestros niños y jóvenes no puede ser que esto es una jungla en la que irremediablemente se impone la ley del más fuerte, física o psicológicamente. El daño social a medio plazo que se está provocando es demasiado grande. Y se puede medir en perjuicios para los afectados, niños y adultos, tanto en graves deterioros de salud física y psíquica, como en su parte alícuota en los porcentajes de fracaso escolar, y por supuesto también en el incremento de los diferentes tipos de violencia, pues en modo alguno se estimulan los comportamientos civilizados, y que nuestros jóvenes crezcan en el respeto a los límites.

No existen soluciones mágicas. Tampoco por el hecho de que una resolución judicial mencione la expresión fetiche, “custodia compartida”, hemos solucionado el problema. Pero el Estado tiene la obligación de imponer el respeto a las normas básicas de convivencia, y para ello tiene el monopolio de la violencia. El Estado tiene la obligación de imponer el respeto a los derechos fundamentales de las personas, con independencia de su sexo, origen, religión, etc...

5.- OBJECIONES A LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODELO PREFERENTE.

Expondré a continuación algunas de las más frecuentes apuntando razones que permiten cuestionarlas.

A) Los padres han de mantener una buena relación. Se indica que sólo si los hijos tienen unos padres bien avenidos, que son capaces de llegar ellos mismos a acuerdos sin ayudas externas, puede establecerse este modo de relación tras la ruptura.

Se afirma, por tanto, que sólo si los hijos tienen la suerte de tener al mismo tiempo un padre y una madre que son lo suficientemente inteligentes y generosos como para anteponer su interés y bienestar a sus propios egoísmos y miserias, puede permitirse que mantengan la relación con ambos. En demasiadas ocasiones hemos visto como ha bastado con que uno de los dos se oponga, y/o genere conflictos, planteando todo tipo de inconvenientes, en ocasiones pequeños y ridículos, para que se prive al hijo del padre en la mayoría de los casos.

Exigir a los padres una mejor relación tras la ruptura de la que tenían cuando convivían, para permitir que el padre pueda seguir ejerciendo sus funciones parentales, no encuentra justificación alguna, tratándose de una condición prácticamente imposible de cumplir. Y no puede ignorarse que se trata de un requisito imposible ya que cuando las personas nos separamos, o nos divorciamos, es fundamentalmente porque, sea cual sea la causa, tenemos una difícil relación que impide seguir con el proyecto de vida en común, pues las discrepancias, las imputaciones al otro, y los resentimientos, pesan más en la balanza, y hacen imposible la convivencia. Y eso ocurre en la totalidad de los casos, por lo que exigir la buena relación sólo permite justificar que prácticamente nunca debe permitirse que los hijos sigan teniendo madre y madre. Se trata, por tanto, de un requisito falaz.

El cuidado y educación de los hijos es una tarea agotadora, y muy difícil, que exige una continua carrera de relevos cuya obligación corresponde en primer lugar a los padres, que son las personas que en la mayoría de los casos, al menos en nuestro mundo occidental, toman la decisión voluntaria de reproducirse. No podemos afirmar que compartir con los hijos cuatro días al mes permita ejercer las funciones parentales de educación y respeto a los límites necesarios para la convivencia en sociedad. En esas cortas estancias de fin de semana, en las que no hay horarios, ni obligaciones inmediatas, convertimos a la figura que tradicionalmente ha sido la referencia de autoridad (“se lo diré a tu padre”), en alguien que, en el mejor de los casos, puede incluso contribuir a la malacrianza por una errónea idea de que puede comprarse el cariño de los hijos.

Dada la parquedad de la regulación de esta materia en el Código Civil, y la creciente exigencia social para que se permita la participación de ambos progenitores en el cuidado de los hijos tras la ruptura de la pareja, pues no parece adecuada la exclusión del progenitor no custodio de las decisiones más importantes respecto de ellos, se han ido elaborando criterios por algunos tribunales que han ido dotando de mayor contenido el concepto de “patria potestad”. Durante muchos años ha estado vacío de contenido en supuestos de separación de los progenitores, pues quien tenía atribuida la guarda y custodia de los hijos tomaba todas las decisiones respecto de ellos.

El Tribunal Supremo y diferentes Audiencias Provinciales han conformado el contenido de la patria potestad como un derecho-deber de los padres sobre los hijos, y que afecta a las decisiones de especial trascendencia, como la elección del centro escolar, la elección de asistencia médica o psicológica, la realización por el menor de actividades de ocio y complementarias de la formación, el cambio de domicilio del progenitor custodio, decisiones respecto a la libertad religiosa, etc... Se ha entendido que estas cuestiones, que conforman el contenido de la patria potestad, forman parte de ese núcleo especial que va más allá de las decisiones que se toman en el devenir de la vida cotidiana. Y se ha considerado que, sólo excepcionalmente, debe ejercerse de manera exclusiva por uno de los progenitores.

El artículo 156 del Código Civil establece que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores, siendo el Juez quien en caso de desacuerdo atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre, indicando el último párrafo de la citada norma que si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva, aunque el Juez, si lo solicita el otro progenitor, podrá atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro, o distribuir entre ambos las funciones inherentes a su ejercicio. En caso de separación, por tanto, el ejercicio conjunto debe ser solicitado. La práctica totalidad de las sentencias de separación y divorcio acuerdan explícitamente su ejercicio conjunto.

El nuevo Llibre II del Codi Civil Català recoge los criterios jurisprudenciales que se han ido configurando en los últimos treinta años y exige el consentimiento explícito o tácito del progenitor que no ejerce la potestad parental para decidir el tipo de enseñanza de los hijos, para variar el domicilio, si esto los aparta de su entorno habitual y para realizar determinados actos de administración extraordinaria (artículo 236-11.6 CCC). Al mismo tiempo, este texto legal dispone que las obligaciones de guarda corresponden al progenitor que en cada momento tenga los hijos con él, sea porque de hecho o de derecho residan habitualmente, sea porque estén en su compañía como consecuencia del régimen de relaciones personales que se haya establecido (artículo 236-11.5 CCC). La guarda se concibe como el conjunto de obligaciones de cuidado de los hijos que se plantean cuando están en compañía de sus progenitores. La potestad parental en esta norma, que entrará en vigor en enero de 2011, sólo deberá ser ejercida exclusivamente por un progenitor en casos de imposibilidad, ausencia o incapacidad del otro (artículo 236-10 CCC), como ya decía el Codi de Familia, pero no porque los padres vivan separados, como establece el Código Civil. Y también puede acordarse el ejercicio exclusivo por decisión judicial en supuestos de desacuerdos reiterados, o cualquier causa que dificulte gravemente el ejercicio conjunto, pudiendo distribuir entre los progenitores las funciones de manera temporal (artículo 236-13 CCC).

La evolución jurisprudencial, y recientemente la legislación de los Parlamentos de Aragón y Catalunya, inciden especialmente en que el progenitor no custodio no pueda decidir a su antojo cuanto considere oportuno. Ya no hay duda de que la custodia de los hijos se comparte siempre, pues la ejerce en cada momento quien los tiene en su compañía, extendiéndose la idea de que resulta inaceptable que porque los padres no convivan, y tengan una mala relación, lo que ocurre en la inmensa mayoría de rupturas, los hijos han de verse privados de uno de ellos. Además se exige tener en consideración, al establecer los criterios para determinar el régimen y la manera de ejercer la guarda, “la actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro con la finalidad de asegurar la máxima estabilidad a los hijos, especialmente para garantizar adecuadamente las relaciones de estos con los dos progenitores” (artículo 233-11.1.c) CCC). Porque no debe tolerarse que el progenitor que boicotee y entorpezca las relaciones de los hijos con el otro, afectando negativamente al desarrollo del menor, pueda lograr su objetivo. Debe ser advertido, y en último término alejado del menor hasta que respete reglas básicas de convivencia, pues de lo contrario el mensaje que enviamos a nuestros menores es que incumplir sistemáticamente, puede permitir imponer la propia voluntad por contraria que sea a los mínimos establecidos.

Esta preocupación la muestran las legislaciones autonómicas, y en menor medida el artículo 776.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acepta el papel del padre como mero visitador (“El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas”), manteniendo el Código Civil un clamoroso silencio respecto a los incumplimientos.

B) Los menores necesitan criterios uniformes, por lo que crecer en dos casas les desestabiliza al recibir instrucciones contradictorias, si no se tiene un modelo educativo similar en ambas.

Es ésta otra de las objeciones que más frecuentemente se plantean.

En primer lugar, la separación de sus padres, si tenían criterios tan opuestos, sólo será una liberación para el menor, porque lo que desconcierta es recibir dos órdenes contradictorias al mismo tiempo de dos fuentes de autoridad, y tener que elegir a quién se obedece.

Las variaciones que puedan producirse en cuanto a criterios alimenticios, horarios (que siempre vienen marcados por la actividad escolar y en su caso extraescolar), higiénicos, etc..., si no se trata de graves disfunciones, son perfectamente asumibles, e incluso enriquecedoras. Por ejemplo, unos escasos hábitos higiénicos en una casa puede estimular en la otra a intensificar la enseñanza a los menores, para que alcancen antes un nivel de autonomía en higiene personal, lo cual será agradecido por sus compañeros en el centro escolar o deportivo, y por los ciudadanos, usuarios de transporte público, en general. Pero junto a algunos inconvenientes, que pueden convertirse en ventajas, a los menores se les trasmiten más conocimientos si más adultos que los aman se ocupan de ellos. Los resultados escolares son mejores en los menores que reciben apoyo en el ámbito familiar, que es el primer lugar en el que se inicia la educación y socialización de las personas.

Los menores tienen que saber que, siempre, cuando están bajo la responsabilidad de un adulto, sean sus padres, el profesor, los abuelos, los tíos, los familiares de los amigos, los canguros, los vecinos, etc..., tienen que obedecer sus indicaciones aunque no se correspondan exactamente con las que reciben en el hogar en el que habitualmente viven, y ello con independencia de que sus padres estén o no separados. Tienen que saber que únicamente si algún adulto, sea quien sea, pone en riesgo su seguridad, su salud, etc..., puede negarse a obedecer sus indicaciones (así por ejemplo, no deben cruzar por una peligrosa calle llena de vehículos transitando fuera del paso de peatones o cuando el semáforo está en rojo, aunque su abuelito o abuelita le diga que no pasa nada). De lo contrario pueden manifestar su disconformidad o, en según que lugares ser educados y no decir nada, pero siempre deben obedecer.
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Lo más preocupante es que un grupo cada vez más numeroso de menores no aceptan la autoridad de nadie desde edades muy tempranas. Y así se detecta, con independencia del nivel social, cultural o económico de sus familias, que en muchos casos ni están separadas, ni son desestructuradas. Y lo más grave es que en la adolescencia algunos están dando pasos hacia la violencia contra los familiares cercanos, fundamentalmente madres y abuelos maternos, que es con quien más conviven, pues son jóvenes intolerantes a la más mínima frustración, con actitudes y comportamientos tiránicos (15).

Los menores se enriquecen con el aprendizaje, y más cuando están en contacto con gentes diversas, con costumbres y maneras de vivir distintas, y cuanto más plural es su visión del mundo. Se obtienen mejores resultados educativos cuando el menor participa en reuniones infantiles, pernocta en casa de amigos, va a colonias, y cuando ya adquiere más seguridad en sí mismo y no necesita estar continuamente con los familiares más cercanos, cuando realiza intercambios para el aprendizaje de idiomas y costumbres con familias en otros países, que cuando, por el contrario, está todo el tiempo en permanente contacto con la mamá o el papá. Resulta un problema para algunas personas, de entre veinte y treinta años, el hecho de tener un completo currículum formativo, y al tiempo ser incapaces de asumir responsabilidades en sus empleos por la dependencia de los adultos de su familia, que los han tutelado en exceso. No hay duda de que a los hijos se les ha de ir enseñando a volar progresivamente, y la educación en la diversidad, en la pluralidad, contribuye a la adquisición de mayores capacidades.

Si los progenitores son personas que funcionan dentro de los parámetros de la normalidad, ¿qué mal va a causar a sus hijos el compartir el tiempo de su cuidado y educación? Lo que es absurdo, y carente de justificación, es preferir canguros, vecinos, etc..., a uno de sus progenitores o su familia extensa.

El contacto con el discrepante no contamina, enriquece, y la función de la sociedad entera –padres, educadores, etc...- es ayudar a que nuestros menores estén formados y tengan criterios propios, de manera que dispongan de suficientes herramientas intelectuales para defenderse de las manipulaciones de que puedan ser objeto. Hemos de educar a nuestros menores en el difícil, pero gratificante, ejercicio de la libertad. Hemos de potenciar progenitores estimuladores, vitales, libertadores, en lugar de pretender padres absorbentes, posesivos y limitadores.

Es un hecho que los niños tienen padres y madres imperfectos, y que a pesar de ello, tienen derecho a relacionarse con ellos. En ningún lugar se dan titulaciones de progenitor modélico. No tiene sentido exigir a uno solo de ellos, tras la ruptura, que acredite ser un modelo de perfección en el caso de que quiera ocuparse de sus hijos. Hemos visto que si un progenitor se desentiende absolutamente, excepto en el pago de la pensión de alimentos, nadie le pedirá cuentas. Es muy excepcional presentar denuncias por incumplimiento de las estancias con los hijos, aunque ya existe algún caso. Pero sobretodo no se halla justificación para exigir sólo al padre que tenga un modelo educativo similar al de la madre, para permitirle el contacto con sus hijos más allá de cuatro días al mes. ¿Sólo el modelo de la madre, sea cual sea, es siempre el mejor? ¿Se considera más positivo educar a los hijos en rígidos pensamientos únicos?

Este planteamiento exigiría que, antes de decidir reproducirse con otro individuo, se le pidiera detalladamente su modelo educativo para asegurarse en caso de ruptura que éste no será el motivo del alejamiento de los hijos en común. Es un planteamiento absurdo, y poco coherente, pues al tiempo se permite dejar con bastante despreocupación a los niños con gentes que no cumplen mínimos, o solos frente al televisor o Internet.

C) No puede acordarse una custodia compartida en relación a menores de corta edad.

Esta es otra afirmación que difícilmente se sostiene.

Aceptamos, sin ningún problema, cuando ambos progenitores conviven y trabajan, o cuando se tiene un hijo en solitario, que el bebé se deje en una guardería con meses, pero no podemos permitir dejarlo con su padre.

En países como Suecia, en los que se evidencia la voluntad del Estado, y la mayoría de sus ciudadanos, de proteger en primer lugar el interés de los menores, entendiendo que son el futuro de la sociedad (de las pensiones, las empresas, los servicios, etc...), los progenitores disfrutan de un amplio permiso materno-paterno, a repartir, de 480 días por hijo, estableciéndose que un mes de ese tiempo fuera realizado por el padre, pues de lo contrario la familia perdía esa prestación. El último gobierno amplió el permiso paterno a dos meses, en las condiciones indicadas, pues se considera necesario que el bebé vaya iniciando la relación también con su padre desde los primeros momentos.

Esa exigencia está ligada a los avances en los estudios científicos sobre el modo de funcionar de la especie humana, destacando las interesantes aportaciones de la Sociobiología (16).

Sabemos que en la inmensa mayoría de hembras humanas el proceso biológico de la gestación conlleva al tiempo cambios psicológicos que predisponen para el cuidado de la cría. Incluso mujeres con vidas profesionales muy activas relativizan temas que consideraban de suma importancia, porque pasa a ser muy prioritario el reorganizar el tiempo para el cuidado de su bebé, preparando incluso con esmero el nido, realizando todo tipo de cambios en el espacio de la vivienda. En los machos de nuestra especie esos cambios biológicos evidentemente no se producen, pero es innegable que en muchos de ellos, que han participado con gran interés en la decisión sobre su paternidad, también se operan cambios psicológicos que les hacen priorizar su tiempo, y la obtención de recursos, para el cuidado de su descendencia. Sin duda alguna, los hijos e hijas que tengan la suerte de que ambos progenitores, o al menos uno, esté en disposición de ocuparse de ellos, obtendrán mejores condiciones de salud y de formación, que les colocará en mejor lugar para la supervivencia en un mundo cada vez más complejo. ¿Por qué privarles entonces de uno de sus progenitores, si ambos quieren y pueden responsabilizarse?

El establecer lazos afectivos con el padre en los primeros momentos de la existencia no sólo resulta beneficioso psicológicamente para los menores, pues se afirma por los expertos que esos primeros años son muy importantes, sino que incrementa el deseo del progenitor de realizar esfuerzos para la obtención de recursos en su beneficio, y dedicar tiempo a su cuidado. El padre que inicia y mantiene una relación de afectividad con sus hijos contribuye económicamente en mayor medida a su sustento y necesidades (17).

Se alerta de que a los bebés no se les puede dejar solos con su padre por temor de desprotección y mala atención. Sólo hay que observar el cuidado con que muchos abuelos de sexo masculino tratan a sus nietos-bebés, perteneciendo a aquella generación que nunca se ocupó directamente de sus hijos e hijas, para llegar a la conclusión de que el sexo de la persona, o su inexperiencia inicial, compartida por todas las madres primerizas del planeta, no condiciona per se las habilidades. Las mujeres hemos tenido que insistir mucho para que esta afirmación se considere obvia en relación a habilidades que históricamente se atribuían en exclusiva a los hombres, y ahora pocos dudan de que las mujeres podemos hacer todo tipo de actividades. Por ello, resulta paradójico que en nombre de la mujer se nieguen habilidades a los hombres, y sean atribuidas en exclusiva a las mujeres. A modo de ejemplo indicaré que mi padre, que jamás se ocupó de bebé alguno, en cuanto empecé a dar el biberón a mi primera hija, me la arrebataba de los brazos diciendo “quita, que yo lo hago mejor”. Era evidente que también lo hacía muy bien, poniendo una infinita paciencia y tiempo en alimentar a mi segunda hija, que nunca fue una gran comedora. Afirmar que los hombres están negados por naturaleza para atender debidamente a los bebés no está sustentado en ningún estudio que así lo avale, únicamente en prejuicios machistas.

Se invoca la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en la 14ª Sesión Plenaria de la ONU, de 20 de noviembre de 1959, para recordar que, salvo circunstancias excepcionales, no debe apartarse al niño de corta edad de la madre. Ello sin duda viene referido a apartarlo de manera prolongada o incluso indefinida, resultando evidente que, aunque no se tenga una madre perfecta, siempre será preferible a una estupenda institución pública, pero en modo alguno puede pretenderse afirmar, como hacen algunos, que lo que se quería decir en esa declaración es que los cuidados de los niños de corta edad deba realizarlos permanentemente la madre.

En la línea de esa Declaración, pero más adaptada a las nuevas realidades sociales, la Convención Europea sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, reconoce en su artículo 7 el derecho del niño a ser cuidado por ambos padres tanto como sea posible.

Los hijos tienen muchas necesidades, alimenticias, de horarios, etc..., que son incumplidas en ocasiones por los progenitores encargados de su cuidado. No son infrecuentes los casos de desatención, aunque no sean muy graves, o de sobreprotección que también conllevan serios desajustes, por parte de aquellos. El Estado sólo debe intervenir en los supuestos graves que son detectados por educadores, médicos, servicios sociales, etc... El Estado no debe intervenir en supuestos que entran en parámetros de normalidad, a menos que quiera construir macro-orfanatos con padres vivos.

D) El padre que no se ocupó nunca de los hijos antes de la ruptura, no lo hará con posterioridad a ella, y en cualquier caso, no se le debe dar la oportunidad si no mostró antes interés.

Tampoco ésta afirmación encuentra sustento alguno.

Es cierto que a algunos individuos de sexo masculino, cuando son padres, se les agudiza el ansia de trabajar más tiempo para obtener mayores recursos para el núcleo familiar, lo que unido a que el mercado laboral favorece a los hombres en las remuneraciones, contribuye al alejamiento de los padres de los hijos en esos momentos iniciales. También es cierto que a algunos hombres les cuesta inicialmente entablar relación con un diminuto ser humano que no se comunica hablando. Y por supuesto, hay irresponsables que no saben en general asumir sus obligaciones de manera adulta.

Hemos visto cómo algunos gobiernos pretenden reequilibrar el desequilibrio inicial de los progenitores en la relación con sus hijos, en beneficio de éstos, y para que la maternidad no sea el gran obstáculo en la carrera profesional de las mujeres, que a pesar de obtener excelentes resultados académicos, posteriormente no logramos alcanzar una equiparación en los espacios profesionales y de responsabilidad. Y no son nueve meses de gestación lo que nos condiciona, sino los muchos años de cuidados posteriores, asumiendo el grueso de la responsabilidad parental, y familiar, lo que nos limita en el camino de la igualdad de oportunidades, pues incluso incorporándonos al mercado laboral hemos seguido asumiendo las mujeres, gratuitamente, el cuidado de ancianos, enfermos y niños, en agotadoras multiplicaciones de jornadas.

Se ha insistido repetidamente en la necesidad de la implicación de los hombres en todas las tareas domésticas, aunque sin duda la más ardua es el cuidado de los hijos, pues la maternidad y la paternidad no son delegables, no se pueden contratar. Y cuando se van produciendo avances, y muchos de ellos quieren participar, les negamos, en nombre del superior bien del menor, esa implicación.

Muchos hombres que, con anterioridad a la ruptura no dedicaron su tiempo al cuidado de sus hijos, o lo hicieron en muy pequeña medida, más tarde empiezan a encontrar esos espacios que antes no tenían, pues son conscientes de que el cariño no nace por generación espontánea, y si no tienen contacto con sus hijos luego les resultan unos perfectos desconocidos, y eso lo descubren en muchas ocasiones tras la separación. Y siempre aparecen estudios analizando los casos de mayor problemática juvenil que evidencian que la falta de comunicación de los hijos con sus padres está presente en parte del problema, incluso aunque no estén separados.

No sólo no se debería impedir que los padres que quieran ocuparse de los hijos puedan hacerlo, sino que debería ser favorecida la relación también en los casos de los que no se ocuparon con anterioridad. En función de la edad y el sexo de los menores, y las características de personalidad propias de los progenitores y los hijos, se entabla mejor relación con uno u otro en los diferentes momentos del crecimiento. No hay duda de que, con lo difícil que es ser padre, es mejor contar con ambos para que pueda realizarse la necesaria carrera de relevos que permite un mejor resultado final.

Sólo en supuestos de desprotección debe actuarse, y ello con independencia del sexo del progenitor que no atienda a sus hijos en los mínimos razonablemente exigibles.

E) Objeciones relativas al domicilio. Se afirma que es desestabilizador cambiar de casa continuamente, pues el menor tiene necesidad de un punto físico de referencia. Y para los que aceptan que no impide el desarrollo del menor el tener dos domicilios, se manifiesta mucha rigidez en cuanto a las distancias entre ambos.

Cuando una de mis hijas tenía diez años le preguntaron si no le resultaba duro tener que hacer la maleta cada quince días para pasar el fin de semana en la casa del progenitor con quien no convivía cada curso escolar, y respondió con gran acierto que era más pesado para los niños que tenían segunda residencia, en el campo o la playa, pues tenían que hacerla todos los fines de semana.

A algunos les parece gravísimo que el menor reparta su tiempo en el domicilio de cada uno de sus progenitores, pero no encuentran problema en que lo reparta entre el centro escolar, la casa de familiares más lejanos, los amigos, los vecinos, la calle, o se le deje solo en casa al cuidado de la televisión, los videojuegos, o Internet ¿No es más razonable, si se puede, que sean los encargados en primer lugar de su educación, de ejercer la autoridad fijando los límites necesarios, los que se ocupen, y sólo si éstos no pueden o no quieren se recurra al resto de alternativas?

El tener dos casas estimula la organización y la planificación. Los niños de corta edad, si están bien atendidos en un buen ambiente no encuentran a faltar nada ni a nadie. En ocasiones, dependiendo de las horas que pasan con abuelos, canguros, etc..., sólo lloran cuando los vienen a buscar sus papás. Y si son más mayores probablemente lo que hay que estimular es que se encuentren cómodos en muchos lugares distintos, porque eso es lo que facilitará el vuelo del nido en mejores condiciones.

En cuanto a la exigencia de poca distancia entre los dos domicilios, cuyo efecto positivo resulta innegable, también se ha exagerado. Se ha llegado a pedir que se hallen ubicados en el mismo barrio, o en el mismo pueblo, como si las comunicaciones fueran todavía las de hace decenas de años. Aceptamos con normalidad que a un menor, con tres años, se le coloque a las siete y media de la mañana en un autobús para ir a una buena escuela de la otra punta de la ciudad, o incluso a poblaciones cercanas, y emplee en el trayecto una hora y media de ida y otro tanto de vuelta, pero algunos consideran inaceptable que uno de los domicilios paternos esté a diez minutos de distancia en coche entre poblaciones cercanas, o a quince minutos de transporte público en la misma ciudad.

F) Se afirma que la solicitud de custodia compartida se utiliza por los padres como coartada para dejar de pagar la pensión de alimentos, y como chantaje para negociar, a la baja para las madres, las condiciones económicas de la ruptura.

Ésta es otra de las objeciones para demonizar la custodia compartida.

La mala utilización por cualquiera de un medio, no inhabilita a éste en sus potencialidades positivas. Así, la televisión o Internet no son medios negativos en sí mismos. Por el contrario, su correcta utilización permite ampliar el nivel de conocimientos y de comunicación interplanetaria.

También se afirma que la solicitud de custodia exclusiva por las madres se hace con la finalidad de quedarse con la vivienda y una parte sustancial de los ingresos del padre, y también ésta es una afirmación que en modo alguno puede generalizase. Muchas madres piensan que ellas cuidarán mejor de sus hijos, y es seguro que en muchos casos ello es cierto.

Que una parte de padres y madres anteponen su propio bienestar y mezquindades, a los intereses y necesidades de sus hijos es un hecho que se ve a diario en los tribunales, y las estadísticas lo acreditan. Generalizar, y presumir que prácticamente siempre, ni ellos, ni ellas, piensan en lo mejor para sus hijos, es tener una visión de nuestros conciudadanos que, además de no hallar base empírica alguna, es injusta.

Para fijar las cantidades que cada progenitor deberá aportar para atender a las necesidades de sus hijos deben tenerse en consideración varios factores. En primer lugar, el nivel de ingresos o situación económica de cada uno, pues deberá contribuir más el progenitor que más tenga, y así lo establecen los diferentes textos legales cuando se regula el derecho de alimentos. Sería absolutamente intolerable que, si la diferencia económica entre ambos es grande, un menor pueda vivir una parte de su tiempo en la abundancia, y otra parte en la escasez, por la desestabilización psicológica que comportaría, y porque debe impedirse la posibilidad de comprar voluntades y afectos. También debe tenerse en consideración el reparto de funciones entre los progenitores, puesto que el tiempo dedicado a procurar una adecuada alimentación, vestido, higiene, educación, etc..., ya tiene un valor económico en el mercado, y quien no lo hace directamente tiene que pagar asistentes, clases de repaso, canguros, etc..., siendo preferible que se ocupen los progenitores en la medida que se pueda, de la atención de contenido formativo directo con los menores.

Además, ha de hacerse una nueva distinción, porque una cosa es fijar las cantidades que deba aportar cada progenitor, y otra el modo de gestionarlas, que puede ser muy variado, en función de las especiales circunstancias de cada caso. Hay padres y madres que no se administran muy bien, pudiendo acordarse que uno u otra abone directamente las cantidades exigidas por el centro escolar, o las de las actividades complementarias. Puede también establecerse que cada uno ingrese la parte proporcional de esos gastos, que le haya sido fijada, en una cuenta a la que se domicilien éstos. Puede atribuirse a uno de ellos la gestión, con una mínima rendición de cuentas, más necesaria en el caso de pensiones elevadas, al estar administrando bienes ajenos, lo que evitaría algunas desconfianzas y, en algún caso, abusos. Se pueden plantear múltiples formas distintas de gestión, en función de las circunstancias concretas de cada grupo familiar.

Lo fundamental es separar la discusión sobre las aportaciones económicas para el sustento de los hijos, o el uso de la vivienda, del tiempo de dedicación y cuidado de ellos. Con independencia de quien pague más (debiendo asumir mayor carga económica quien más ingresos tenga), y de quien siga disfrutando del domicilio que fuera común (se deberá considerar la necesidad y los recursos respectivos), los hijos tienen derecho a tener madre y padre.

Así lo hace en detalle el CCC que, en su artículo 233-20, desliga la atribución del uso de la vivienda familiar del tipo de guarda que se decida, considerando la situación de necesidad del cónyuge a quien se atribuya, con independencia de que no le corresponda la guarda; exige también que se consideren los medios que tiene cada progenitor para cubrir sus propias necesidades de vivienda y la de sus hijos, teniendo en cuenta la existencia de otras residencias por las que puede ser sustituida; y señala que se pondere siempre la atribución del uso de la vivienda en el caso de que no se asigne a quien sea total o parcialmente su propietario como contribución en especie para la fijación de los alimentos de los hijos.

Para mantener buenas condiciones en las relaciones paterno-filiales es necesario que ambos progenitores puedan disponer de viviendas en las que poder atender debidamente a los menores. Se ha llegado al absurdo de considerar más imprescindible que el menor mantenga la casa con piscina, que conservar la relación con su padre.

G) Se ha convertido en una máxima que la custodia compartida no debe ser impuesta por los tribunales.

¿No debe imponerse a las partes en conflicto un modelo democrático que impulse al diálogo y la participación? ¿Sí debe imponerse a los hijos un modelo monoparental que los aleja de uno de sus progenitores?

Para avanzar en el camino de minimizar los daños inevitables de las malas relaciones, hemos convenido mayoritariamente que no se nos debe obligar a mantener convivencias no deseadas, porque además en el supuesto de tener descendencia en común, es más perjudicial para los menores presenciar continuamente las tensiones entre sus padres. Pero el Estado debe velar porque los progenitores no utilicen a sus hijos como armas de venganza contra el otro, y debe imponer soluciones que garanticen los mínimos de convivencia exigibles.

Facilita mucho el camino de protección de los menores separar las decisiones que respecto de ellos se tomen, de todas las demás consecuencias económicas que la ruptura inevitablemente conlleva, como hemos visto.

En cualquier caso, en materia de familia debería huirse de automatismos, y hacer siempre un traje a medida. Como ésta es una tarea ingente, las últimas legislaciones de Aragón y Catalunya, y parece que también se establecerá así en la Comunidad Valenciana y Navarra, prevén lo que denominan “plan de parentalidad”, “pacto de relaciones familiares”, o “pacto de convivencia familiar”.

Pero es el Codi Civil Català el que más detalla los mínimos que deben contener las propuestas de cómo se han de ejercer las responsabilidades parentales ante la autoridad judicial. El artículo 233-9.2 CCC exige que se indique:

“a) El lugar o los lugares donde vivirán los hijos habitualmente. Se han de incluir reglas que permitan determinar a qué progenitor le corresponde la guarda en cada momento.
b) Las tareas de las que se ha de responsabilizar cada progenitor con relación a las actividades cotidianas de los hijos.
c) La manera en que se realizarán los cambios en la guarda, y si procede, cómo se han de repartir los costos que generen.
d) El régimen de relación y de comunicación con los hijos durante los periodos en que un progenitor no los tenga con el.
e) El régimen de estancia de los hijos con cada uno de los progenitores en periodos de vacaciones y en fechas especialmente señaladas para los hijos, para los progenitores y para su familia.
f) El tipo de educación y las actividades extraescolares, formativas y de disfrute, si procede.
g) La manera de cumplir el deber de compartir toda la información sobre educación, la salud y el bienestar de los hijos.
h) La manera de tomar las decisiones relativas al cambio de domicilio y otras cuestiones relevantes para los hijos.”

Exigiendo las nuevas regulaciones que con las demandas se concreten todas estas cuestiones, se evitarán en gran medida sentencias genéricas que tantos problemas de ejecución plantean, resultando obvio que los tribunales no pueden fijar en detalle aquellos aspectos que sólo pueden conocer si son aportados por las partes.

En Catalunya se recoge en el apartado 3 del artículo 233-9 que “Las propuestas de plan de parentalidad pueden prever la posibilidad de recurrir a la mediación familiar para resolver las diferencias derivadas de la aplicación del plan, o la conveniencia de modificar el contenido para adaptarlo a las necesidades de las diferentes etapas de la vida de los hijos”.

Como vemos, el legislador en Aragón y Catalunya ha hecho un gran esfuerzo para facilitar la solución negociada entre las partes y para que, en caso de no llegar a un acuerdo, los tribunales puedan imponerles las decisiones que consideren que garantizan de manera prioritaria el interés del menor. Porque el Estado, mediante el poder judicial, que tiene atribuidas las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, siempre impone el modo de resolver el conflicto que se plantea ante sus tribunales, imponiendo coactivamente sus decisiones mediante la ejecución forzosa de sus resoluciones. Y por supuesto, puede imponer a las madres que compartan la guarda y custodia de sus hijos con sus padres, pues a quien no se puede imponer la orfandad es a éstos con padres vivos que quieren y pueden ocuparse de ellos.

6.- A MODO DE CONCLUSIÓN. ¿QUÉ ES LA CUSTODIA COMPARTIDA?

La custodia compartida es el modo de relación que se establece tras la ruptura de una pareja con hijos, por voluntad de los progenitores, o determinada por la autoridad judicial en caso de no llegar éstos a un acuerdo, cuando ambos manifiestan su interés en seguir al cuidado de sus hijos, por el que se determina que los menores serán atendidos por ambos en función de las posibilidades de cada cual, marcadas fundamentalmente por los horarios laborales, con independencia de que el tiempo de las estancias en los respectivos domicilios sea fijado por horas, días, semanas, meses o años, contribuyendo ambos en el esfuerzo económico para sufragar las necesidades de los hijos en función de las posibilidades económicas de cada uno, bien sea asumiendo directamente determinados gastos (escolares, sanitarios, etc...), bien contribuyendo proporcionalmente del modo que se estime conveniente, y con independencia de que se atribuya a uno, o se reparta, la función de gestionar los recursos que se asignen a los menores.

La diferencia entre que denominemos a ese reparto de tiempo y funciones “custodia compartida” o régimen de visitas amplio es inexistente.

Lo importante es mantener a los menores lejos del conflicto. Lo que los destroza es hacerlos partícipes del conflicto permanente, plantearles continuamente conflictos de lealtades, o amputarles su relación con una parte de la familia. Y desgraciadamente ello se produce y se tolera por los poderes públicos con excesiva frecuencia, lo que está causando un grave daño social.

Es imprescindible, y lleva años reclamándose por los profesionales del derecho de familia, la creación de una jurisdicción especializada, de intervención rápida, con estabilidad de personal, y que cuente con equipos psicosociales y puntos de encuentro, de los que no se abuse, pues a ellos no les corresponde ni juzgar, ni hacer ejecutar lo juzgado, sino sólo colaborar activamente con los tribunales, y que estén en permanente contacto informático con éstos.

Es una demanda no atendida porque se ha preferido realizar grandes inversiones en otro tipo de juzgados, los de Violencia sobre la Mujer, que son unos juzgados penales de familia, que responden a otra concepción de las relaciones entre sexos, y familiares. La creación, en 2005, de estos juzgados, con nula planificación, además de crear un considerable caos en la organización judicial en España, pues ese modelo se inició con 14 juzgados exclusivos, cuando en pocos años se tuvo que aumentar el número a más de un centenar, ha incrementado en muchos casos la conflictividad y el sufrimiento que ya de por si conlleva toda ruptura de pareja, empeorando el trato hacia los menores que tienen la mala suerte de tener uno, o los dos progenitores, que no anteponen los intereses de sus hijos a los propios. Pero lo peor es que esos juzgados de violencia poco han contribuido a mejorar la atención a muchas de las mujeres en situación de riesgo grave por la violencia extrema a que las someten sus parejas, que mueren, o son gravemente lesionadas por éstas, sin que se hayan atrevido a denunciar, porque una denuncia sólo las puede colocar en una situación mayor de riesgo, ya que las solemos despachar con un papelito, con una orden de alejamiento, en los escasos minutos en que son atendidas, por el caos que provoca la llegada de miles de denuncias por hechos nimios. Y mientras tanto, abandonamos a miles de menores y a sus madres, que tienen que ocuparse en solitario de ellos, pues muchos padres no cumplen sus obligaciones, al resultar costoso y difícil exigírselas ante un servicio público, el de la justicia en España, mal organizada y carente de los medios y la coordinación necesaria. La conclusión es que teníamos algunos problemas, y ahora tenemos más.

Finalizaré con una anécdota personal. Hace unos años, una de mis hijas llegó a casa de la academia de inglés, a final de curso, diciéndome: “me han dicho que no parezco hija de padres divorciados”. Naturalmente me interesé en preguntar la razón, y me explicó que cuando una compañera le había pedido la dirección para enviarle una postal en vacaciones le dijo que tenía dos direcciones, la de casa de su padre y la de su madre, y entonces la niña le dijo que no parecía hija de padres separados porque se la veía siempre muy contenta. Lo que lamentablemente se deduce de este episodio es que es habitual que los hijos de separados evidencien lo difícil que les resulta gestionar el egoísmo y la inmadurez de sus padres, que los sitúan en el centro de un interminable conflicto, pues fácilmente ello es detectado por los demás niños. Eso es maltrato infantil, y una sociedad que quiera tener futuro no se lo puede permitir.

NOTAS.
(1). “Los presos por violencia machista aumentan el 50% en un año”. EL PAÍS, 30 de noviembre de 2009.
En noviembre de ese año había en España 4.161 presos por algún delito de violencia de género, frente a los 1.900 de finales de 2007. Los malos tratos en todas sus modalidades son el delito principal entre estos presos (1.248), seguidos de los quebrantamientos de una pena o medida de alejamiento (578 reclusos). Por el delito de amenazas había 574 presos, por lesiones 519 y por violencia habitual, 406. Los reclusos por delitos contra la vida sumaban 194, por agresiones sexuales de violencia de género había 189 y 25 por una falta de violencia de género. En 2009 pisaron la cárcel por primera vez 1.240 hombres por alguno de estos delitos.

(2) Un estudio del Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación de la Ley de Violencia sobre la Mujer revela que entre julio de 2005 y diciembre de 2008 ingresaron 600.141 denuncias, de las que se tramitaron 256.473 procedimientos penales. El 45,1% de ellos fueron sobreseídos (115.768) y 45.421 concluyeron con sentencias absolutorias (el 32% de los casos juzgados y el 17,7% de los casos tramitados). Fueron 95.284 asuntos los que finalizaron con sentencia condenatoria dictada por los Juzgados de Violencia sobe la Mujer, los Juzgados de lo Penal o las Audiencias Provinciales, lo que supone el 37,1% de los casos tramitados y el 68% de los juzgados. Y de los asuntos que acabaron en condenatoria, 42.014 fueron sentencias de conformidad (el 44,4% de las condenas dictadas). Por tanto, el 62,8 % (161.065), de los procedimientos tramitados no acabaron en sentencia condenatoria.

(3) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sala de lo Civil, de 31-7-2008, recogía varios estudios señalando que: “el Informe de 1995 de la división 16 de la American Psychological Association ante la Comisión USA de Bienestar Infantil y Familiar concluía que “la custodia compartida se asocia con ciertos efectos favorables en los niños”, sobre todo cuando se complementa con la mediación y los programas de educación parental, por lo que recomendaba “favorecer el incremento de la mediación, la custodia compartida y la educación de los progenitores”. Lo mismo se desprende de otros estudios ampliamente difundidos, tales como el Informe Bauserman –Child Adjustment in Joint- Custody versus Sole- Custody Arrangements: A MetaAnalytic Review (2002)-, el informe Kelly –Children’s adjustment in conflicted marriage amd divorce. A decade review of Research (2000)-, o el documento Bailly –Etat des connaissances scientifiques sur la résidence alternée (2002)-, entre otros muchos.”

(4) La Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos ha encargado en 2010 la única encuesta que se conoce sobre la aceptación de la custodia compartida entre la población española. El Instituto DYM encuestó a 2.000 personas de entre 16 y 75 años, de todas las comunidades autónomas, una muestra comparable a las encuestas mensuales que realiza el CIS, lo que le confiere un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error inferior al 2,2%. La encuesta arrojó que el 80% de la población es favorable a la custodia compartida, porcentaje que se eleva al 86% en el área metropolitana de Madrid y al 89% en Valencia. Un 63% de los encuestados considera conveniente una reforma de la legislación actual sobre divorcio y el mismo porcentaje entiende que el hombre está discriminado legalmente respecto de la mujer.

(5) Según datos extraídos de la web del Instituto de la Mujer, en 1976 España era el segundo país de la actual Unión Europea con el mayor número de hijos por mujer, con 2,79, y sólo superada por Portugal, con 2,82. En la parte alta de la lista también se situaba Islandia, con 2,52. Entonces, la mujer alemana tenía una media de 1,51 hijos, las suecas 1,68 y las de los Países Bajos, 1,63.
Treinta años después, en 2005, España ocupaba uno de los últimos países, con 1,35 hijos por mujer, mientras que en Alemana (1,33), Suecia (1,76) y Países Bajos (1,69) apenas se habían producido variaciones. Pero ya en 1998, el número medio de hijos por mujer en España era de 1,16, lo que hace pensar que el aumento a partir de esa fecha está relacionado con el boom de la inmigración que vivió nuestro país en los primeros años del milenio.
Respecto a la edad media de maternidad, en 1985 se situaba en España en 28,44 años, la segunda más elevada de la Unió Europea tras Irlanda (29,70 años). La más baja era la de Bulgaria (23,9 años). Dos décadas después, en 2006, la edad media de la maternidad se había elevado a 30,88 años en España.

La tasa de actividad femenina en España (población ocupada o que busca trabajo respecto del total de la población femenina) era del 40,96% en 2001, mientras que en el trimestre de 2010 se situó en 51,70%. En cuanto a la población masculina, prácticamente se mantuvo inalterable y pasó del 66,55% al 67,95%. Por el contrario, la tasa de ocupación femenina aumentó en este tiempo de 34,7% a 41,84, mientras que en el caso de los hombres cayó del 61,47% al 54,39%. Pero la evolución más sorprendente se ha producido en la tasa de paro, pues la masculina (19,96%) ha superado por primera vez a la femenina (19,07%), mientras que en 2001 era del 15,25% entre las mujeres y del 7,62% entre los hombres. Sin embargo, hay un dato que resulta muy singular, como es que de los 2.498.600 ocupados a tiempo parcial que hay en España según la última encuesta de la población activa (EPA), 1.930.700 son mujeres.

En 1980, el porcentaje de mujeres españolas con estudios universitarios era del 4,13% de la población, y actualmente es del 17,95. En el caso de los hombres, por el contrario, ha pasado en ese tiempo del 6,44% al 15,85, También las mujeres ganan a los hombres en los estudios secundarios. Ahora son el 24,15% de la población femenina, frente al 4,67 del año 1980, mientras que los hombres son el 24,06% y hace treinta años eran el 8,9%.
En el curso académico 1980-81 el 44,01% de los alumnos universitarios eran mujeres. Treinta años después son el 54,32%, pero lo más importante es que en términos absolutos la cifra casi se ha triplicado (de 285.636 universitarias a 762.785), mientras que la de los hombres ni siquiera se ha duplicado (de 363.462 a 641.330), según el Consejo de Coordinación Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación.

(6) FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS, Información y Propuestas al Proyecto del Gobierno sobre Modificación del Código Civil en materia de Separación y Divorcio. Madrid, 20 de septiembre de 2004.

(7) TERESA SAN SEGUNDO MANUEL Maltrato y separación: repercusiones en los hijos. Cuadernos de Derecho Judicial. Custodia compartida y protección de menores. CGPJ. Escuela Judicial. 2009.

(8) JOSEP TOMÀS VILALTELLA, jefe clínico de Paidopsiquiatría del Hospital materno infantil del Vall d’Hebron considera que son falsas el 60% de las denuncias de abuso sexual a menores interpuestas paralelamente a procesos de separación o divorcio y admite que las mujeres las utilizan con mayor frecuencia para obtener un resultado ventajoso en el proceso. Vilaltella opina que “por suerte, al hacer abordajes periciales, me he encontrado con jueces sensatos que se dan cuenta del engaño” (LA RAZÓN, 8 de junio de 2004) y añade que esta situación perjudica mayoritariamente a maridos inocentes, pero también a mujeres que realmente sí son víctimas de la violencia doméstica.

(9) La memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2009 alerta de este fenómeno. Si en 2007 se abrieron 2.683 diligencias por agresiones de hijos menores a sus progenitores, dos años después se incoaron 5.201 asuntos.

(10) Según el Instituto Nacional de Estadística, las guardias y custodias compartidas concedidas en el año 2008 sólo representaron el 9,6% del total. El porcentaje de atribución monoparental a la madre fue del 85,7% y al padre, del 4,7%.

(11) Mujeres, trabajo y custodia compartida. María Sanahuja EL PAIS, 16 de junio de 2010.

(12) La estadística oficial demuestra que la aplicación de la Ley de Violencia Doméstica ha aumentado casi un 5,5% la contenciosidad en las separaciones y divorcios en los tres primeros años de su aplicación. Así, mientras en 2005 se produjeron en España 136.876 rupturas, 88.398 (64,6%) fueron de mutuo acuerdo y 48. 488, contenciosas (35,4%). En 2008 las rupturas fueron 136.841. En 80.899 casos hubo acuerdo entre los cónyuges y 55.949 fueron contenciosos. Es decir, los porcentajes variaron a 59,1 y 40,9%, respectivamente.

(13) Resultan muy interesantes las reflexiones sobre lo inevitable del conflicto, y los modos de gestionarlo, entre nuestros parientes primates, incluida la necesaria mediación entre contendientes masculinos que realiza la hembra de mayor rango y autoridad, que FRANS DE WAAL hace en su libro El Mono que llevamos dentro, de Tusquets editores, colección Metatemas, al cuidado del equipo científico del Museu de la Ciència de la Fundació “La Caixa”.

(14) En 2009 se incrementaron en España un 24% los delitos contra las relaciones familiares en relación a 2008. Según datos de la Fiscalía General del Estado, se iniciaron 29.827 procedimientos por este motivo, de los que casi todos se correspondían con denuncias de abandono de familia en sus distintas manifestaciones. Así, hubo 19.219 asuntos de impagos de pensiones, tanto de alimentos como compensatorias, tras la ruptura matrimonial.

(15) VICENTE GARRIDO, profesor de Psicología y Pedagogía Correccional en la Universidad de Valencia ha descrito este fenómeno en el libro Los hijos tiranos. El síndrome del Emperador (Editorial Ariel, 2006). Y desde el Centre D’Estudis Juridics de la Generalitat de Catalunya se impulsó un interesante estudio sobre el tema.

(16) La conjura de los machos. Una visión evolucionista de la sexualidad humana. AMBROSIO GARCÍA LEAL, de la colección Metatemas, de Tusquets editores.
El lado oscuro del hombre. Los orígenes de la violencia masculina. MICHAEL P. GHIGLIERI, de la colección Metatemas, de Tusquets editores.

(17) JOSÉ MANUEL AGUILAR en Con mamá y con papá, editado por Almuzara, recoge en la pág. 107, las referencias de varias investigaciones que evidencia que aquellos padres que ven frecuentemente a sus hijos pagan en un mayor porcentaje la pensión, y el importe de ésta es mucho más alta.

A pesar de las labores domésticas hombres y mujeres trabajan igual

2010-10-21T12:21:00.000-07:00

Pueden dejar las medias por ahí y evitar lavar los platos, pero un nuevo estudio muestra que los maridos trabajan tanto como sus esposas.

La investigación de la Escuela de Economía de Londres, realizada por la socióloga Catherine Hakim, muestra que cuando ambos realizan trabajos remunerados y obligaciones no pagadas como tareas domésticas, los hombres realmente cumplen con los quehaceres.

"Es cierto que las mujeres realizan más trabajo en el hogar, pero los hombres y las mujeres en general están trabajando lo mismo, que es aproximadamente ocho horas por día", dijo Hakim a Reuters.

ERROR FEMINISTA

De hecho, el estudio sobre cómo utilizan su tiempo las personas descubrió que los hombres británicos le dedican un poco más de horas al trabajo "productivo" diario que las mujeres.

"Las feministas se equivocan al afirmar que los hombres deben hacer más las tareas domésticas y estar al cuidado de los niños, porque en promedio, los hombres y las mujeres ya realizan el mismo número de horas de trabajo productivo", dijo Hakim.

La socióloga sostuvo que los datos son un vuelco a la vieja teoría que dice que las mujeres trabajan un turno "doble", realizando malabares para completar las tareas domésticas, y trabajan más horas que sus maridos.

NO DISCRIMINACIÓN

El estudio denominado "¿Puede la política social y la política fiscal reconocer el trabajo familiar no remunerado?", usó datos de toda Europa del Time Use Surveys.

"Los resultados fueron similares en toda Europa, excepto en las ex repúblicas socialistas, donde hay menos tradición de que los hombres ayuden (en el hogar)", dijo Hakim.

En los países escandinavos, el estudio arrojó que los hombres trabajan más horas que las mujeres.

Hakim espera realizar un llamado de atención sobre el sesgo de la política gubernamental en toda Europa, que tiende a ver sólo al empleo remunerado como un trabajo real, y dijo que hay pruebas de que los hombres están empezando a acusar incluso discriminación sexual.

"Las políticas apoyan unilateralmente el empleo y las carreras, pero ignoran el trabajo productivo que se hace en la familia están, en efecto, favoreciendo a valores del mercado por sobre valores familiares", dijo.

"Los responsables políticos deben tener como objetivo políticas de género neutras", concluyó.

Androfobia judicial

2010-10-21T12:01:00.000-07:00

En el tratamiento de menores en materia de asignación de custodia, las prácticas judiciales habituales son bastante parciales y en ocasiones incomprensibles. Habitualmente los jueces, en el ámbito de asignación de guarda y custodia de menores, priman a la mujer-madre al margen de determinadas circunstancias que podrían aconsejar ser más prudentes en estas materias extremadamente sensibles. Es un hecho constatado que el padre es objeto de penalización en todos los ámbitos al aplicarse reglas fijas que no aclaran el alcance real de las sentencias en cuanto a la responsabilidad de padre y madre en materia de educación, formación, escolarización, atención médico-sanitaria, etc. De hecho, se viene a limitar de forma grave el alcance efectivo de la paternidad en aspectos vitales para el desarrollo y formación del menor. La madre goza arbitrariamente del beneficio de la duda y de la aplicación generalizada del principio de veracidad en sus manifestaciones y opiniones en vía judicial, sean sus pretensiones justificadas o no y sean sostenidas por artificios y/o motivaciones falsas.

Resulta curioso que el alzamiento de un menor por parte de la madre, sin información al padre y con ocultación premeditada de nuevo domicilio no sea objeto de intervención policial o judicial alguna. ¿Sería lo mismo si la persona que alzara al menor hubiera sido el padre, sin el concurso y consentimiento de la madre? Tengo la convicción y completa seguridad de que no. Automáticamente, se hubieran puesto en marcha los protocolos de intervención policial: busca y captura, detención y encarcelamiento del presunto delincuente.

La sensación personal es que mentir, falsear hechos, verbalmente o por escrito, no tiene efecto penal alguno si proceden de una mujer, a pesar de que en muchos casos los efectos prácticos de tales actuaciones en cuanto a los daños producidos en la otra parte sean permanentes y de muy difícil reparación.

En otros aspectos, no se puede ocultar que los jueces no aclaran el alcance de sus sentencias, ni hasta dónde llega la capacidad de los padres cuando se produce de hecho un bloqueo total a la comunicación entre las partes que impide apuntalar con sentido común la formación integral de la menor. Los jueces se limitan a señalar un sparring al cual se le ordena que abone pensiones alimenticias sin más tramites, con fijación de un par de días a la semana con derecho a visitas al menor de dos horas.

Esta es una realidad que daña el sentido común. Los criterios jurisdiccionales de aplicación en estas materias deben de ser puestos al día a fin de que padres y madres tengamos los mismos derechos y obligaciones en lo que refiere a la participación en la formación y educación de los menores. Añado a ello el vacío que en materia de puntos de encuentro, para el recibimiento y entrega de menores, existe en el País Vasco. El déficit es clamoroso.

También debo de recordar que en el debe del Gobierno y Parlamento Vasco está la discusión y en su caso aprobación de leyes y normas que pongan en marcha cuanto antes la reivindicación de la custodia compartida como clave de actuación judicial que facilite que padre y madre tengan las mismas capacidades y las mismas responsabilidades.

Federico García

Francisco Serrano aplaude la eliminación del Ministerio de la Mujer Oportunista

2010-10-21T12:00:00.001-07:00

El presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad y juez de Familia de Sevilla, Francisco Serrano, ha mostrado su «felicidad» y «alegría» por la «eliminación» del Ministerio «de la desigualdad y de la mujer resentida y oportunista», todo ello en alusión a la desaparición del Ministerio que ha venido encabezando la gaditana Bibiana Aído.
En este sentido, Francisco Serrano ha mostrado en declaraciones a Europa Press su «alegría» por la supresión de un Ministerio «que no ha fomentado la igualdad, sino que ha generado desigualdades, no sólo entre el hombre y la mujer, sino entre las propias mujeres». «Ha sido el Ministerio de la mujer oportunista, resentida, y hasta inmoral», ha apostillado.
Censura
Al hilo de ello, el presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad ha destacado que la supresión de esta cartera ministerial, cuyas competencias pasan a formar parte ahora del Ministerio de Sanidad, «supone un avance importantísimo para la democracia y para toda la ciudadanía», al tiempo que ha mostrado su confianza en que, a partir de este momento, «desaparezca parte de la censura que se ha generado» desde este departamento de la Administración central .
Tras proponer, entre otros aspectos, una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, «con un cambio en el concepto de maltrato».
El juez Francisco Serrano ha hecho especial mención, por otra parte, a los distintos «ataques» que, desde el entonces Ministerio de Igualdad,«se han estado realizando contra mi libertad de expresión».

Feministas consiguen vetar en Mallorca una conferencia sobre el SAP a cargo de Julio Bronchal, psicólogo conndenado por malostratos

2010-06-30T04:57:00.001-07:00

Julio Bronchal, psicólogo condenado por malos tratos que iba a impartir una conferencia sobre SAP organizada por la Asociación de Padres Separados de Mallorca (APFS) ha sido vetado gracias a la acción de las feministas.

"LAS FEMINISTAS Y EL GOVERN."

Columna LA MIRADA, ULTIMA HORA del día 23 de junio,
J. Torres Blasco

"El Institut Balear de la Dona de Balears acaba de cumplir 10 años; el Govern balear remitió al Parlament, hace dos semanas, el proyecto de Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, que incide especialmente en encargar a la Administración que se muestre vigilante con los casos de malostratos a las mujeres y en promover todas las medidas necesarias para abordar la desigualdad; para el próximo día 30 de junio se anuncia la presencia en Balears de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido y ....el próximo viernes la Consellería de Salut i Consum del Govern Balear, en una aparente contradicción que va a dar mucho que hablar, cede el salón de actos del Casal Ernest Lluch para dar párbulo al supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) que según el mismisimo delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Aido, Miguel Lorente, más que un síndrome es una falsedad sin fundamento.

Un cuestionado psicólogo, investigado por los tribunales, es el protagonista de la conferencia que organiza la Asociación de Padres de Familia separados. Las redes feministas de internet bullen estos días desde que trascendió el 'patrocinio' oficial a la conferencia, que también fue comentada en una tertulia reciente de la SER. La queja preocupa más de lo que ha trascendido desde la Consellería de Salut que dirige Vicenç Thomas."

ULTIMA HORA. día 24 de junio
J. Torres Blasco

El Govern se desmarca y anula la conferencia de un 'lobby' cuestionado por las feministas.

El conseller de Salut, Vicenç Thomás, anunció ayer la suspensión de una conferencia organizada por la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) convocada para mañana en un 'casal' de Salut y que había sido objeto de críticas por grupos de mujeres y del feminismo desde que la activista Leonor Taboada dió la voz de alarma en un proprama de radio.

Thomás explicó que dicha organización, un 'lobby' que basa su estrategia en la existencia de su supuesto Síndrome de Alienacíon Parental (SAP) negado por la comunidad científica y cuestionado por el propio Ministerio de Igualdad, se "coló de okupa en al Casal Ernest Lluch" y utilizó el logotipo de Consellería para convocar una conferencia de un controvertido psicólogo condenado por malostratos.

Thomás explicó que, a raíz de la polémica, de la que ayer se hacía eco ULTIMA HORA, la secretaria de Igualdad del PSIB y otra responsable de Salut le informaron del trasfondo y que "inmediatamente actué" y que la APFS ha sido expulsada del 'casal', está presidida por un médico que amenazó con ejercer fuera porque le "imponían" el catalán."

MOVIMIENTO STOP SAP

APFS de Baleares boicoteada

2010-06-30T04:54:00.000-07:00

La Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares (APFS) hace saber su indignación por la cancelación de la conferencia programada en el Casal Ernest Lluch en una clara expresión de coartar el derecho ciudadano a la libertad de expresión. Con el título “Síndrome de Alienación Parental (SAP) y Custodia Compartida, mito y realidad” la conferencia de entrada libre y gratuita iba a ser impartida por el Psicólogo forense Julio Bronchal, especialmente invitado para la ocasión por la APFS Baleares.

La Consellería de Salut i Consum de Les Illes Baleares ha ejercido su poder represor para cancelar el evento, sin justificación alguna y sin comunicarlo oficialmente, toda vez que había sido solicitado el permiso correspondiente en tiempo y forma, con información detallada del título y ponente y que la sala ya estaba concedida.

Activitas feministas radicales, entre las que se encontraría la periodista feminista Leonor Taboaba y la secretaria de Igualdad del PSIB Silvia Cano, apuntan como instigadoras de la acción del Govern, quienes habrían informado al Conseller de Sanidad de la organización del evento en el Casal de asociaciones que posee en la calle Rosa nº 3 y en el cual tiene su sede oficial la misma APFS Baleares.

La reacción fue la fulminante cancelación de la conferencia mediante una noticia aparecida en la prensa con declaraciones expresas del conseller Vicenç Thomás, quien calificó a nuestra asociación de “lobby” y acusó a la APFS de basar nuestra “estrategia en la existencia de su supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) negado por la comunidad científica y cuestionado por el propio Ministerio de Igualdad”. No tuvo tampoco miramientos a la hora de atacar al ponente y al propio presidente de la APFS Baleares por haber “amenazado con ejercer fuera porque le ‘imponían ’el catalán”.

Thomás dijo además a la prensa: “Inmediatamente actué” expulsando a la APFS Baleares de su sede social en el Casal Ernest Lluch, en un acto de clara represión institucional sobre una asociación libre desde un estamento público de gobierno.

Siguiendo en la misma línea La APFS Baleares contradice al conseller al afirmar que no es un lobby ni entró de “okupa” en el Casal de su competencia como dice Thomás. Está formalmente constituida y registrada en el registro de asociaciones de Baleares y en el registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Palma. El despacho que le fue adjudicado a la asociación se hizo en virtud de una solicitud formal y entrega de llaves. Además una placa son el logotipo de la APFS luce en la entrada del Casal, junto a las de otras 15 asociaciones instaladas allí, desde enero de este año

Desde la APFS consideramos que la cancelación de la conferencia por parte del Govern Balear debido a presiones feministas constituye un grave atropello a la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido por la constitución española y que se ha vulnerado con alevosía en este caso. Las declaraciones del Conseller Vicenç Thomás y la expulsión de la APFS Baleares de su sede podrían constituir un grave delito.

Por todo ello la APFS Baleares y su asociación matriz la APFS Nacional emprenderán las acciones que consideren oportunas para limpiar su buen nombre acerca de las falsas e injuriosas acusaciones emitidas desde la Consellería de Sanidad

Finalmente, la conferencia fue realizada en el Colegio de Psicólogos de Baleares

Jorge Skibinsky

Presidente APFS Baleares

Vicepresidente de Organización APFS Nacional

VAPS insta al Ayuntamiento de Dos Hermanas a apoyar la Custodia compartida

2010-06-30T04:51:00.000-07:00

El grupo popular a instancias del colectivo Voluntariado de Ayuda a Padres Separados de Dos Hermanas tras reunión de su junta directiva con varios ediles de esta agrupación y en la línea de los avances en cambio social en materia de género y parentalidad experimentados por la sociedad española, considera justo, adecuado y pertinente presentar la siguiente solicitud a D. Francisco Toscano Sánchez, alcalde de Dos Hermanas para que la eleve al pleno municipal y presentar para su aprobación lo que sigue:

A la luz de los cambios de mentalidad y en las relaciones sociales experimentadas por la población española especialmente en la última década, siguiendo la línea de un cambio social positivo e igualitario en lo referente a la no discriminación por razón de sexo amparada por el artículo 14 de nuestra carta magna, solicitamos del pleno municipal de Dos Hermanas que eleve al gobierno de España la petición de reformar los artículos pertinentes del corpus legislativo del estado español de modo que se considere como norma preferente la aplicación de la custodia compartida de los hijos e hijas de parejas inmersas en disoluciones matrimoniales contenciosas, de tal modo que se aplique por defecto si no hay acuerdo entre las partes.

Así mismo, consideramos esta propuesta justa, igualitaria y ajustada a los principios explícitos en la constitución española, en la constitución europea y en la carta universal de derechos humanos toda vez que los seres humanos han de ser iguales en derechos y obligaciones independientemente de su sexo.

Consideramos el cambio normativo propuesto un avance justo al considerar que ambos componentes de la pareja deben ser corresponsables en el cuidado y educación de sus hijos e hijas asumiendo las mismas obligaciones y derechos con respecto a ellos. De igual forma consideramos que otorgar la custodia monoparental a la madre por sistema, la relega de nuevo al rol doméstico tradicional de cuidadora de la prole eximiendo al varón de la corresponsabilidad parental otorgando a éste de nuevo el papel de sustentador prácticamente exclusivo de sus hijos e hijas.

El Foro Judicial Independiente ve injusto y desproporcionado el expediente al juez Serrano

2010-06-25T03:40:00.000-07:00

El Foro Judicial Independiente consideró hoy "manifiestamente injusto, desproporcionado e inútil" el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano por una presunta incompatibilidad al presidir la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (Asemip) sin solicitar el preceptivo permiso para ello al propio CGPJ.

En un escrito de queja elevado en la mañana de hoy jueves al CGPJ, al que ha tenido acceso Europa Press, el Foro Judicial Independiente lamenta el "abuso" que se hace del expediente disciplinario, añadiendo que la acusación realizada contra el juez Serrano se basa en el artículo 418.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el cual se remite a las conductas previstas en el artículo 389.5, es decir, "a actividades compatibles retribuidas".

Considera "claro y patente" que "en ninguna infracción disciplinaria puede incurrir quien realiza una de esas actividades con carácter no retribuido", al tiempo que pone de manifiesto que, "conociendo, como debe conocer, la Comisión Disciplinaria esta circunstancia, es manifiestamente injusto, desproporcionado e inútil que, a pesar de ello, abra un expediente disciplinario, cuya pública difusión además agrava el perjuicio que de por sí conlleva este tipo de actuación", motivo por el que el Foro se reserva "las acciones a que en el futuro ello pudiera dar lugar".

Al hilo de ello, muestra "la más absoluta indignación y rechazo" a determinados comportamientos que afectan a la Sección de Régimen Disciplinario del Consejo General del Poder Judicial, así como a su Comisión Disciplinaria, ya que, "nuevamente", un magistrado afectado por un expediente disciplinario "se ha enterado del acuerdo de la Comisión Disciplinaria por la lectura de los periódicos, con nombre y apellidos y toda clase de detalles".

De este modo, asevera que el acuerdo por el que se le incoaba un expediente disciplinario a dicho magistrado "fue publicado en prensa incluso antes de que le llegara la notificación oficial", preguntándose "cómo es posible que una información que el propio CGPJ califica de reservada acceda de esta forma a la prensa", motivo por el que exige una investigación "que aclare estas filtraciones que se están convirtiendo en costumbre y que afectan grave e irreversiblemente al prestigio y fama del afectado".

María Sanhauja: Mujeres, trabajo y custodia compartida

2010-06-16T07:06:00.000-07:00

Por qué se está cometiendo la penúltima gran estafa a las mujeres en su nombre? Si la mayoría convenimos que la primera condición para avanzar hacia la igualdad de derechos es la independencia económica; si la gran conquista en los últimos 30 años en España ha sido acceder masivamente a la formación, que nos tenían vedada, y al mercado de trabajo; si las mujeres hemos realizado una gran revolución silenciosa, como ha sido retrasar la maternidad en 10 años, y reducir drásticamente el número de hijos, como única posibilidad para ir ocupando espacios, por derecho propio, como ciudadanas de primera; si nos hemos ido alejando del modelo de la caverna, en que el reparto de funciones venía irremediablemente marcado por la dedicación de unos a la caza y la guerra, y otras a la reproducción, ¿por qué ese empeño en los últimos años en querer recluirnos nuevamente en el hogar, al cuidado en exclusiva de los hijos?, ¿por qué el feminismo mayoritario se muestra feroz con la custodia compartida de los hijos, si al tiempo asume que la única posibilidad de las mujeres, trabajadoras y madres, de tener espacios personales y profesionales es dejar de cargar en solitario con su cuidado y educación?

Somos una especie animal que, con los avances técnicos, ha podido modificar los roles que la naturaleza ha impuesto para la supervivencia y la reproducción, pues los riesgos de extinción nos vienen de otros peligros. Las encargadas en exclusiva de la reproducción, al tiempo que responsables de ancianos, enfermos y hombres, hemos ido adquiriendo otros roles y ocupando espacios de poder y decisión, al menos en los países mejor situados económicamente, pese a la brutal presión social y las tremendas discriminaciones. ¿Cómo vamos a permitir que tanto esfuerzo personal y colectivo se vea amenazado por corrientes de opinión que pretenden imponer nuevamente esta carga a las mujeres? ¿Cómo vamos a asumir en solitario la difícil y durísima tarea de cuidar de unos hijos en unas sociedades complejas que exigen unas generaciones con un elevado nivel de formación técnica y personal, al tiempo que trabajamos fuera?

Lo que proponen esos grupos de presión es apoderar a las mujeres practicando una inicial expoliación al padre de sus hijos, pues apropiándose de estos se consigue de inmediato todo el pack (hijos, vivienda, pensión). Pero ese es un regalo envenenado para nosotras por varias razones. Dedicarnos en solitario a la educación y cuidado de los hijos limita brutalmente nuestro desarrollo profesional, relegándonos a niveles que no exigen tanta dedicación, lo cual irremediablemente se traduce en salarios menores. Si ejercemos nuestra función como educadoras con responsabilidad corremos el riesgo de ser las únicas malvadas que imponen hábitos y obligaciones, y si lo hacemos de modo irresponsable nos encontramos en poco tiempo con unos hijos asilvestrados e intolerantes a la más mínima frustración, que no dudan en acudir a la violencia, física o psíquica si no ven colmados sus crecientes deseos. Cuando los pequeños monstruos se emancipan, el propietario de la mitad de la vivienda de la que fue expulsado no duda en reclamarla, ya que en muchas ocasiones se vio obligado a regresar a su hogar materno, y en ese momento, cuando las mujeres tienen edades que rondan los 60 años, con escasos ingresos, no pueden adquirir la mitad de la vivienda, con riesgo de ser expulsadas.

El final del expolio inicial puede ser el que las mujeres se queden sin nada: sin profesión, porque no nos hemos dedicado a ella; sin espacios personales, al no disponer de tiempo, fuente de desequilibrios y frustraciones; sin casa; y sin unos hijos que, además, pueden formular serios reproches culpabilizando a las madres del alejamiento paterno, lo cual es fuente de conflicto y sufrimiento, al haberse quedado huérfanos con padres vivos, con un duelo que no se acaba.

El modelo que se propone con la custodia compartida es que en aquellos supuestos, minoritarios pero crecientes, en los que el padre quiere participar en la corresponsabilidad tantas veces exigida a los hombres, no solo no deben ponerse obstáculos, sino que se debe favorecer. Eso es lo mejor para los hijos, pues tienen unos progenitores que, cada uno según su criterio, hacen carreras de relevo en su agotador cuidado, y son educados en la pluralidad y en el respeto a las diferentes maneras de leer el mundo, completadas sin duda con la escuela, los amigos, las familias amplias, con Internet y la televisión. La custodia compartida no libera al progenitor con más ingresos de hacerse cargo de la mayor parte de los gastos. Por el contrario, potencia la voluntad de contribuir más porque se mantiene el contacto y afecto con los hijos, y aleja la tentación de aparentar inexistentes insolvencias, en un país con un importante nivel de economía sumergida y ahora en crisis.

A los hijos no se les puede imponer un modelo monoparental que les perjudica, cuando tienen padre y madre que quieren y pueden responsabilizarse de ellos. Y es precisa una jurisdicción especializada en familia, tantas veces reclamada, que de un modo eficaz intervenga y haga difícil la utilización de los hijos como armas en unos conflictos de los que siempre deben ser alejados si queremos construir una sociedad en igualdad, paz y progreso.

María Sanahuja Buenaventura, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, es miembro de Jueces para la Democracia y de Otras Voces Feministas.

Cataluña aprueba la custodia compartida como norma preferente

2010-06-01T12:43:00.001-07:00

ELPAIS.com: Cataluña aprueba la custodia compartida como opción preferente
La nueva ley aprobada por la comisión de Justicia obliga a los padres a llegar a un acuerdo previo a la separación

EFE - Barcelona - 01/06/2010
Cataluña ha aprobado hoy conceder preferentemente la custodia compartida de los hijos ante una separación. La comisión de Justicia del Parlamento ha aprobado el dictamen de la ley del Código Civil catalán relativa al derecho de familia, que prevé cambios como este. La custodia compartida no será otorgada por defecto, habrá condicionantes, pero se elimina la normativa que permitía a un juez concederla de manera excepcional cuando uno de los padres lo pidiese.

AUDIO - Cadena Ser - 28-05-2010
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído ha estado en el programa Hoy por Hoy que se emite desde Cádiz y ha hablado de la custodia compartida que la semana pasada se aprobaron en las Cortes de Aragón. La ministra está de acuerdo siempre que haya acuerdo entre las partes -

La reforma aprobada, concebida en 2008 y que, tras ser aprobada por el pleno de la cámara, entrará en vigor el 1 de enero de 2011, se queda un paso por detrás de la nueva normativa aprobada hace unos días en Aragón.
La comunidad, que junto a Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y el País Vasco tiene un derecho civil propio, se ha convertido en la primera autonomía española en legislar la custodia compartida.

En Cataluña, el texto que ha salido hoy del Parlamento solo ha recibido el apoyo de los grupos del tripartito que gobierna la Generalitat.
La oposición, en bloque, se ha abstenido durante la votación de un documento que consideran "intervencionista" o "poco ambicioso".

Plan de parentalidad
La nueva ley obliga a las parejas con hijos que se separen o divorcien a presentar un plan de parentalidad en el que figuren las propuestas de cada progenitor sobre la custodia de los hijos y su participación en su crianza y educación.
En el texto, se sustituye la denominación de custodia compartida por el de guarda compartida junto al de potestad (o responsabilidad) parental compartida.
La custodia compartida queda condicionada en Cataluña a que los padres lleguen a ese acuerdo y se refleje en sus respectivos planes de parentalidad y a que ya exista previamente antes de la separación, para lo cual se valorará el tiempo dedicado a los hijos antes de la ruptura.

El texto precisa, en este sentido, que la separación "no altera las responsabilidades que corresponden a los progenitores hacia los hijos", y en consecuencia, "estas responsabilidades mantienen su carácter compartido y, en la medida de lo posible, se tienen que ejercer conjuntamente", lo que no implica un reparto de la convivencia al 50%.

En los casos de falta de acuerdo, sin embargo, o en los que se estime que la custodia compartida no existía realmente antes de la ruptura, el tripartito ha introducido una enmienda que complica el procedimiento para que sea la opción por defecto.

El texto indica textualmente que "a falta de acuerdo o si este no es aprobado, la autoridad judicial determina la forma de ejercer la guarda", y aunque deja abierta la posibilidad de que el juez reconozca "el carácter conjunto de las responsabilidades parentales", también precisa que puede disponer que "la guarda se ejerza de forma individual si esto es lo más adecuado para el interés del hijo".

Nuevos derechos
Por lo que respecta a otras cuestiones relacionadas con el derecho de familia, la ley rompe con la tendencia que automáticamente atribuía la vivienda familiar al cónyuge que asumía la custodia de los hijos y se admiten excepciones a esa dinámica si el beneficiario tiene medios económicos suficientes.
Además, se incorpora el concepto de "progenitores" en detrimento del de "padres" y se asume la existencia de distintas formas de convivencia, lo que incluye las parejas de homosexuales, las familias monoparentales y también las reconstituidas.

También promueve los acuerdos de divorcio o separación amistosas y, entre los aspectos novedosos de la ley, figura la obligación de los padres de hijos adoptados a hacerles saber que lo son como máximo a los 12 años de edad.

Según ha explicado la diputada de CiU Núria de Gispert la ley "modifica demasiado aspectos que afectan a la libertad individual de las personas", y ha calificado de "muy flojos" los avances en materia de custodia de los hijos.

Lo que no se cuenta de la ley de violencia de género

2010-05-30T15:01:00.001-07:00

Tribuna FELIPE PÉREZ DEL VALLE
Abogado del I.C.A. de León. Consejero de Defensa de la Corte Penal Internacional
Se cumple el quinto aniversario de la entrada en vigor de las medidas penales de la Ley de Violencia de Género (junio 2005, junio 2010) y ya contamos con suficientes datos estadísticos para analizar sus efectos jurídicos y lo que no se cuenta de la misma.
Desde la perspectiva de la mujer, se ha pretendido que dicha Ley sea la panacea de todos sus males y para ello no se han escatimado medios a su favor, promulgándose una prolija normativa como desarrollo de la misma, sin comparación en Europa, aunque España sea el octavo país de Europa por el número de casos de muertes de mujeres y a pesar de que la tercera parte de las víctimas y de los imputados sean extranjeros. Para el hombre, en cambio, ha sido totalmente perjudicial, a pesar de que también los hombres son víctimas de sus parejas y exparejas, en menor medida, es cierto, pero ¿ dónde se pone el límite para una ley similar a favo r de los hombres?. Según los datos nacionales sobre cifras mortales en violencia doméstica y de género, el número de hombres asesinados y el porcentaje sobre el total de hombres-mujeres ha sido el siguiente desde 2001 hasta 2005:

Desde su entrada en vigor el 29 de junio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir, cuatro años y medio, se han registrado 823.580 procedimientos penales en los Juzgados de Violencia de Género contra los hombres, lo que ha supuesto que un 4,34% de la población varonil española mayor de 18 años ha sido objeto de un procedimiento penal por violencia de género.
Más de la mitad de esos 823.580 hombres han pasado por una dependencia policial como detenidos y de esta mitad la mayor parte de ellos una noche en un calabozo horrible; curiosamente no existen datos estadísticos a este respecto, quizás porque asustaría el comprobar un número tan elevado.
Además, a consecuencia de estos procedimientos penales se adoptaron en ese periodo de tiempo 315.947 medidas cautelares de naturaleza penal contra los hombres, entre ellas 13.671 privativas de libertad y en 168.184 casos la denominada antiguamente «pena de destierro» (27.691 salidas de domicilio; 140.493 alejamientos). Aprovechando esos 823.580 procedimientos penales, las medidas cautelares de naturaleza civil adoptadas en perjuicio del hombre fueron 94.416: en 28.500 supuestos se atribuyó la vivienda a la mujer; se dictaron 15.553 suspensiones del régimen de visitas, de la patria potestad y guarda y custodia. Lo que es perjuicio para el hombre resulta beneficio para la mujer.
En ese dato de más de 800.000 procedimientos penales se oculta siempre en los medios de información y en los innumerables organismos públicos que se han creado ex profeso para luchar contra una parte de la violencia, la que afecta a la mujer, que cerca de la tercera parte de los hombres no son condenados, y a los cuales, en materia penal, no se les compensa, indemniza o se les pide perdón por sus padecimientos derivados de la detención policial, estancia en un calabozo policial, sometimiento a un procedimiento penal e incluso prisión; y en el ámbito civil, no pueden recuperar el tiempo que les privaron de estar con sus hijos, con sus amigos, en su domicilio, y por supuesto no se hace la misma publicidad de su absolución que de su detención, y ni siquiera se procede a la cancelación automática de sus antecedentes policiales y de su reseña policial tras el sobreseimiento o sentencia absolutoria.
Así, el número de sobreseimientos y sentencias absolutorias, es decir, de hombres que a pesar de haber sufrido un procedimiento penal no son condenados ha sido de 251.251 casos, o el 30,50%.
Debe destacarse el número tan elevado de sobreseimientos o supuestos en los que ni siquiera el hombre llega a juicio (167.717) y que cerca de la mitad de los hombres que celebraron juicio en los Juzgados de lo Penal, donde se enjuician el mayor número de casos por delitos, fueron absueltos (48.299 sobre 103.697 sentencias dictadas, es decir, el 46,57%). De estos hombres nada se dice.
Con los datos de sobreseimientos existentes habría que hablar de denuncias falsas y de denuncias interesadas por los beneficios que aporta la Ley a las denunciantes, sobre las que los medios informativos y gubernamentales se niegan a mencionarlas. Hay denuncias falsas en materia de violencia de género, pero no sabemos su número porque no se quiere llevar una estadística de las mismas (una parte de los sobreseimientos serían denuncias falsas) y porque cuando existe una condena, el delito es independiente de la materia de violencia de género, no pudiendo encuadrase entre sus numerosas estadísticas.
En cuanto al procedimiento judicial, con esta Ley se mantienen las prisas en el enjuiciamiento a través el juicio rápido en una jurisdicción especial creada ex profeso (los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), compaginando los ámbitos civil y penal, medidas de protección y cautelares, para ser ejecutadas con carácter de urgencia. De hecho, la tercera parte de los asuntos penales tramitados lo han sido como diligencias urgentes de juicio rápido, sin tiempo para una adecuada defensa, como se ha denunciado continuamente por la Abogacía.
Otras consecuencias negativas derivadas de la Ley de Violencia de Género para el hombre afectan al condenado por maltrato: la suspensión de la pena privativa de libertad está sometida a unas condiciones superiores; la sustitución de la prisión solamente puede ser por trabajos en beneficio de la comunidad; el cumplimiento está sometido a unas prohibiciones específicas; y a todo ello hay que sumar la realización de los llamados programas de reeducación pues en caso de negarse irá a la cárcel. Por otra parte, el hombre maltratador nunca se ha visto favorecido por el indulto.
En definitiva, se discrimina al hombre antes (se le persigue solamente a él y no a la mujer), durante (con procedimientos judiciales que aminoran las posibilidades de defensa) y después de la sentencia (al obligarle a cumplir medidas solamente previstas para él).
Ciertamente no se aplica para nada la Ley de Violencia de Género a favor del hombre. No se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 1-1 de la misma: «La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido -¦». Tampoco lo que se dice en su exposición de motivos: «Se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». Y que decir tiene que ni siquiera lo que se menciona en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención: «el propio sistema judicial ejerce una función de prevención general que a partir del mandato que el artículo 9-2 de la Constitución hace a todos los poderes públicos, debe abarcar todos aquellos ilícitos en los que se sostiene la desigualdad entre hombres y mujeres».
Estas buenas palabras no pueden ocultar una cruda realidad: que se denuncia muy a la ligera y se condena como si fuera violencia de género hechos que nada tienen que ver con situaciones de desigualdad o discriminación, o relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Ahora, gracias a esa Ley, más bien es al contrario, el poder está en manos de la mujer, siendo conocida en los medios jurídicos la expresión utilizada de «o me das-¦ o te denuncio por violencia de género».
Ha llegado el momento de derogar los efectos penales de esta Ley para evitar que, con la misma, se siga sometiendo injustamente a procedimiento judicial y al padecimiento de medidas cautelares restrictivas de derechos, al mayor número de hombres inocentes de toda la historia de la codificación penal española.
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=531105

Bibiana Aido contra la custodia compartida

2010-05-29T03:24:00.000-07:00

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró ayer en la Cadena Ser que la ley aragonesa por
la Custodia Compartida, iniciativa pionera en todo el Estado, puede "estar condenada al fracaso"
siempre que sea impuesta. Aunque acto seguido matizó afirmando que es "la solución idónea siempre que
haya acuerdo". De este modo, la principal responsable en las políticas de igualdad, fue la primera dirigente
socialista en admitir que el PSOE cuestiona una ley que se aprobó en Aragón con los votos favorables de
este partido a pesar de que hubo tensiones hasta el último momento para que no la apoyara.
La ministra añadió que esta ley "puede generar más problemas de los que pretende solucionar" una custodia
compartida, como primera opción de los jueces, si no hay acuerdo en el divorcio de los padres, como han
decido en Aragón, y que "no debe prevalecer" si no es lo mejor para el menor. La doctrina del PSOE en
Madrid es taxativa en este sentido, y así se lo hizo saber la dirección federal del partido a los responsables
socialistas aragoneses.
La proposición de ley de custodia compartida fue presentada por el PAR en solitario, sin el apoyo de su socio
de gobierno, tan solo unas semanas después de que el PSOE hubiera hecho lo mismo con la Ley de
Lenguas. Aunque a diferencia del PAR con la ley que reconoce el patrimonio lingüístico aragonés, los
socialistas han evitado mantener tensiones públicas con los aragonesistas durante la fase de ponencia, si
bien durante algunas fases de esta ha habido momentos críticos que ponían en peligro que saliera adelante
la ley, por posibles diferencias ideológicas. Para evitar una confrontación mayor y dado que había más
grupos que apoyaron la ley (solo IU la rechazó), el PSOE optó por trabajar duramente en fase de enmiendas.
Su ponente, Mayte Pérez, se felicitó al acabar la tramitación por haber podido llegar a un acuerdo todos los
grupos.

El periódico de Aragón, 29/05/2010

Carta de Antonio García (AHIGE)

2010-05-25T11:55:00.001-07:00

Quiero exponer las principales razones por las que estoy a favor de la Custodia Compartida Igualitaria como opción por defecto y cuáles son las circunstancias en que no puede darse.

1.- Porque las cifras actuales nos dicen que la vigente regulación no está sirviendo para avanzar hacia una sociedad en igualdad. Actualmente, más del 90% de las custodias son concedidas a las madres. Si queremos una sociedad igualitaria, en la que en ningún ámbito haya discriminación ni distorsiones estadísticas de género, aquí tenemos un claro ejemplo de lo contrario.

2.- Porque el razonamiento que se da, de que ya está prevista en la legislación, no es cierto. Actualmente, si la madre no manifiesta su acuerdo con la custodia compartida, ésta es inviable en la práctica (salvo casos que estén justificados por razones muy contundentes y que evidencien la imposibilidad o inadecuación de que la madre se haga cargo de las criaturas). Esto es una barbaridad jurídica y social. En ningún otro caso de nuestro sistema judicial, se deja a una de las partes en conflicto (sí, recordemos que esto se produce justo en el momento de mayor conflicto y dolor por la separación) que decida.

3.- Porque no es verdad que no responda a una necesidad social, como se ha dicho. Si no responde a un debate y una necesidad social, cómo es que tiene tantísima repercusión y, en los últimos años, han aparecido decenas y decenas de asociaciones de hombres por la custodia compartida. Hay manifestaciones, concentraciones, todo tipo de acciones en Internet, etc.

4.- Porque sí es verdad que, a falta de un posicionamiento claro por parte del movimiento feminista y de hombres por la igualdad, han sido los padres separados los que han tomado la bandera de la reivindicación. Pero esto en nada empaña la bondad de la medida, únicamente habla de un error estratégico por nuestra parte.

5.- Porque tampoco es verdad que sean los hombres maltratadores los que piden la custodia ¿Hay que recordar que los maltratadores no son, en ningún caso, más del 10% del total de los hombres? Por el contrario, en estos últimos años me he encontrado decenas de hombres honestos y muy alejados de ser maltratadores, que sufren profundamente por la situación de distancia y separación con respecto a sus hijos. Este tema se soluciona asegurándonos la imposibilidad de que un hombre con antecedentes (de indicios fundados, habla el texto aprobado por las Cortes de Aragón) de malostratos pueda acceder a la Custodia Compartida, pero nunca castigando a toda la población masculina.

6.- Porque no podemos seguir pidiéndole a los hombres que sean corresponsables y padres cuidadores para, a continuación, decirles que si se separan pierden todos sus derechos y nos retrotraemos varias décadas atrás, al Patriarcado puro y duro: ellos proveedores y ellas cuidadoras. En este sentido me uno a quienes, dentro del feminismo, piensan que la custodia para la madre es una esclavitud más para las mujeres.

7.- Porque no podemos establecer la pre-culpabilidad de todos los hombres. Es cierto que algunos hombres que piden la custodia, luego no la ejercerán debidamente. Creo que ninguna democracia puede hacer sospechosa a la mitad de su población. Si hay malas prácticas posteriores, los sistemas judiciales y de servicios sociales tienen instrumentos adecuados para solucionarlo y, si es procedente, anular la custodia compartida.

8.- Porque no hay razón ninguna para establecer unas condiciones diferentes para el ejercicio de la paternidad antes y después de la convivencia. Los criterios han de ser los mismos. Un padre inadecuado lo es durante la convivencia y después. Por tanto, si no ha habido ninguna resolución judicial en este sentido durante la convivencia, en un Estado de Derecho no podemos predeterminar anticipada y negativamente cuál va a ser el cumplimiento de un ciudadano.

9.- Porque estoy convencido que es una medida que favorece claramente la construcción de una sociedad igualitaria. El mensaje nítido que reciben padres y madres es que las/os hijas/os son plena responsabilidad de ambos. Si queremos incluir a los hombres en la construcción de la igualdad, no podemos seguir colocándoles la etiqueta de “sospechosos” y reducir sus derechos. Esto provocará, lógicamente, todo lo contrario, que los hombres sientan cada vez más rechazo hacia las políticas de igualdad y hacia el movimiento igualitario. El proceso de construcción de la igualdad no puede convertirse nunca en una “guerra” entre mujeres y hombres.

10.- Porque la custodia compartida igualitaria se plantea desde una profunda perspectiva de género. Se plantea que las leyes contemplen la estructura social patriarcal que determina la realidad de las personas en proceso de divorcio y la situación de discriminación estructural que sufren las mujeres, especialmente, a la hora de reincorporarse al mercado laboral.

Como habréis comprobado, no he hablado para nada del “interés superior del/a menor”. Esta es una cuestión que está siendo ampliamente manipulada por las partes y prefiero no entrar.

Baños de la Encina por la custodia compartida

2010-05-24T07:29:00.001-07:00

Todos con Serrano

2010-05-24T07:19:00.000-07:00

EN DEFENSA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES BASICOS

POR UNA JUSTICIA MAS PROFESIONAL

Ante las diferentes y reiteradas actuaciones de algunas Instituciones ,entidades relacionadas con las
mismas y asociaciones que actuan como portavoces pagados por las mismas.

· acusando a algun juez de presunta prevaricación por el mero hecho de defender los
intereses de l@s menores,

· abriendo expedientes a otros que defienden la custodia compartida simplemente por
denunciar actuaciones irregulares en casos de corrupción,

· acusando a todos los profesionales y asociaciones que defienden la igualdad,la custodia
compartiday el diálogo de representar y defender a maltratadores y pederastas.

· Vetando su presencia en jornadas profesionales bajo amenazas de quitar subvenciones a
los organizadores,como acaba de suceder en Tenerife.

· Presionando para vetar la presencia de personas en medios de comunicación y aquellos
mensajes que ponen de manifiesto la manipulación de los menores,las conculcaciones del
derecho a la presunción de inocencia y la discriminación de la leyes.

Frente a esta situación la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de madres y
padres divorciados manifiesta:

1º-Que es una realidad vergonzosa para el sistema democrático que valores por los que se luchó en
el franquismo y se lograron introducir en nuestro ordenamiento jurídico como son la libertad de
expresión,la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el derecho a la presunción de inocencia
se esten conculcando 30 años, después y se persiga de algún modo a aquellos que venimos
defendiendolos y reivindicandolos

2º-Que desde la Confederación apoyamos a D.Francisco Serrano y a todas las personas y
asociaciones que son vetadas o discriminadas por defender la custodia compartida y denunciar los
excesos de la ley de violencia de género

3º-Denunciamos que se vete la participación en actos y jornadas profesionales financiadas con
fondos públicos a personas y profesionales por razones ideológicas,hecho que conculca gravemente
la Constitución,como se acaba de hacer con un juez en unas Jornadas a desarrollar en Tenerife

4º-Denunciamos la actuación de la fiscalia de Sevilla porque la sociedad percibe que sus
actuaciones obedecen más a criterios políticos de presionar o imputar a un juez disidente con la
linea oficial del Gobierno que a buscar el interés del menor.Pudiendo por ello estar conculcando el
principio básico de independencia del poder Judicial

5º-Como ciudadanos exigimos a la Fiscalía que se persone e intervenga en tod@s los casos en que
hay menores,como es su obligación,que fecuentemente no cumple.

6º-Como ciudadanos preocupados por los excesos e injusticias que se estan cometiendo con la
aplicación de la ley de violencia de género,instamos a los fiscales de estos juzgados que vigilen el
cumplimiento estricto del derecho a la presunción de inocencia de todos los denunciados,así
persigan de oficio las denuncias en las que se pueda presumir falsedad.

Es preocupante que del total de denuncias de maltrato el 61% de las mismas se hayan resuelto con
la absolución o sobreseimiento de las mismas y mientras tanto los juzgados esten saturados sin
poder dar la atención debida a las mujeres realmente maltratadas.

7º-Como Confederación hemos solicitado una reunión urgente con el Fiscal General del Estado para
tratar de estas actuaciones poco profesionales de algun fiscal, la deficiente intervención en los
procesos de divorcio con menores y la pasividad frente a las posibles denuncias falsas de malos
tratos

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PADRES Y MADRES SEPARADOS

En Madrid a 21 de Mayo del 2010

Rosa Diez de UPD se opone a la custodia compartida

2010-05-23T13:47:00.001-07:00

Rosa Diez, lidera el partido de UPyD.
Sábado, 22 de mayo de 2010
Ante la aprobación en las Cortes de Aragón de la Ley de custodia compartida, y estando de acuerdo en el fondo de la propuesta, desde Unión Progreso y Democracia han señalado que este tipo de regulaciones autonómicas, “lejos de propiciar la igualdad, no hacen sino aumentar la inseguridad jurídica y la litigiosidad en una materia en la que debe potenciarse el acuerdo”.
Para esta formación política, las legislaciones autonómicas “siguen introduciendo mayores diferencias entre los ciudadanos”, y “ahora también en un tema tan sensible como el de las relaciones con sus hijos”. Según UPyD, a partir de ahora, “los padres y madres de este país tendrán ahora distintos derechos y deberes hacia sus hijos según dónde vivan”.
Según apuntan desde este partido político, las formaciones nacionales (PSOE y PP), “son los responsables de la aprobación en las Comunidades Autónomas de reformas que afectan a los derechos y deberes de los ciudadanos, en lugar de propiciar reformas en el Código Civil que promuevan la igualdad en derechos y deberes de los progenitores, sin distinción de sexo, siempre prevalenciendo el interés del menor, así como el desarrollo de una Ley de Mediación de ámbito nacional”.
Añaden que, en el fondo de este “doloroso” asunto, “subyace una cuestión de madurez cultural o social, pero no es menos cierto que se requieren modificaciones legales que garanticen, además del interés del menor, la igualdad y la seguridad jurídica de las familias españolas que se ven inmersas en esta situación de crisis, y no normas autonómicas que amplíen las diferencias entre los ciudadanos de este país”.
http://www.radiohuesca.com/noticia.aspx?codigo=415906

Carta de ACASPASE a Miguel Lorente

2010-04-25T12:26:00.000-07:00

Desde la Asociación Catalana de Padres Separados (ACAPASE) y a tenor de lo que Ud. ha dicho en los medios tras el fracaso de la Ley de Violencia de Género por la que se han incrementado las muertes de mujeres en un 38% que cree necesario “un listado público de maltratadores para provocar el rechazo social”, queremos felicitarle por tan necesaria medida preventiva y segadora de los canallas maltratadores misóginos a demás de gran utilidad para futuras víctimas.

Eso sí, para ser justos en la prevención de víctimas y que vayan prevenidas se deberían publicar SOLO de los SENTENCIADOS y CONDENADOS EN FIRME, unos 3.000 en cuatro años, de los 800.000 denunciados ya que como Ud. Sabe vivimos en un Estado de Derecho digno modelo de la modernidad jurídica. También es necesario que se detalle el 86% que lo han sido por una injuria o una amenaza en una discusión entre ambos en los que SOLO SE LE CONDENA A ÉL POR SER HOMBRE, del 14% restante en el que sí ha habido violencia. Es un bien servicio para las mujeres que sepan con qué hombres se pueden aparejar, de los que no serán violentos pero que en cambio si en una discusión los dos se dicen de todo ellas se van a quedar al instante con la casa, los niños, una pensión y decenas de ayudas gratuitas del Estado en sus diversas formas. Las mujeres tienen derecho a saber con qué hombres es un “chollo” emparejarse.

Así mismo, como se trata de un servicio público para alertar a la sociedad, en la que además de “seres humanos” mujeres y animales domésticos que se protegen hay “seres vivos” varones (como dice su ministra) y pendiente de que los negocios de los laboratorios de su hermano José Antonio -previa subvención- determinen si también “son humanos o no”, como otros estudios que han hecho para el ministerio de Igual-da como el reciente en el que con solo 8 semanas se puede determinar el sexo de los fetos -importante saber antes de abortar solo un ser vivo, o también ser un humano-, también procede y es justo que se publique el nombre de las 800.000 denunciantes mujeres que no han acabado en sentencia condenatoria por violencia, y que en cambio al instante han obtenido un auto por el que se quedan con la casa conyugal, los niños, una o varias pensiones y todos los beneficios sociales que su estimado Ministerio de la Igual-da les otorga a las mujeres SOLO por el mero hecho de denunciar. Como tal ministerio busca la Igualdad y no la discriminación del hombre, como continuamente rezan, es justo que estos sepan con qué mujeres pueden estar denunciados en el futuro sin ninguna carga probatoria pero sí obteniendo todos los beneficios como si fuera una víctima con sentencia firme, por si un día los hombres, pasan de ser “seres vivos” a también ser considerados “humanos”.

Como su plausible preocupación es prevenir muertes, se deberían añadir en su lista pública las mujeres de cuyos conyugues se suicidan cada año por la convivencia con ellas, unos 600 cada año, así como las mujeres que han agredido o asesinado a sus parejas, unas 100 al año, aunque lamentablemente sabemos que soy muchos más pero como a ellas no se les suele juzgar al no ser que se salga en los medio y sus cálculos los hizo públicos (pág. 197, Tabla nº 2, de su libro: “Suicidio y Agresión a la Mujer” cuando afirmó que se doblan los suicidios de mujeres leyendo la estadística Tasa de suicidio por 100.000 habitantes = 2,1 (total de hombres y mujeres); tasa de suicidio por cada 100.000 mujeres = 4,1. ocultando deliberadamente la tasa de 12,4 de suicidios de hombres y así poder afirmar, que las mujeres ‘tienen el doble’ de tasa de suicidio y que ése suicidio es por maltrato, esto vende ¿verdad?). Esta nueva lista de servicio público es especialmente interesante si se estudia el `perfil del “suicidadle” para aquellas mujeres que quieran valorar la conveniencia de casarse con hombres ricos y portentosos de los que además de la pensión de viudedad que se les otorga SOLO por denunciar un cadáver que no se puede defender, se puedan quedar con su fortuna, “haya habido o no relación de convivencia, sea relación actual como pasada” como dicta la Ley y que se puede inventar impunemente para heredar fortunas y derechos sociales.

En este orden de cosas, y como han modificado la ley de Violencia de Género para que las inmigrantes ilegales SOLO por denunciar ya tengan papeles, pensión etc…, como igualmente el año que viene dirán “hemos notado un creciente y preocupante incremento de malos tratos a mujeres desamparadas de la sociedad que no tenían ni papeles” y que el “estado-macho” tutela y ampara ahora, publiquen la lista de hombres millonarios de edad avanzada sin hijos, u otros millonarios ya tratados anteriormente por fuerte depresión. Así estas mujeres los podrán denunciar, no es falso porque como Ud. ,tan docto, sabio y experto, muy bien sabe y dice que “las denuncias falsas son un mito” (aun cuando el reciente informe diga que incluso 2 de cada tres mujeres saben que sí existen denuncias falsas). De tales denuncias pronto tendrán un cadáver por edad, o suicidio que les será más fructifico. He de suponer que Ud. no visita los locutorios donde se reúnen estas víctimas de género (si el hombre solo por ser hombre es un presunto maltratador como Ud, aplica la ley, creo es justo entender que las mujeres por ser mujeres son presuntas víctimas) pero no se apure, nosotros sí los hemos visitados y es allí donde boca-oreja se habla de cómo tener papeles por este procedimiento, si publican estas listas allí, les harán este favor a estas víctimas optimizando los pocos recursos publicitarios que tiene este ministerio en esta época de crisis (3.000 millones de euros anuales).

Lamentamos haber tenido que hacer los cálculos alzados sobre estos datos estadísticos, extrapolando los de organizaciones independientes de cuando no se censuraban (antes del 2004 que se promulgó la Ley de Violencia de Genero), como los únicos que se hacen públicos son los que Uds. encargan a las organizaciones de mujeres que subvencionan y solo dan sesgadamente los que justifican seguir participando en el negocio del maltrato….

Por último desde esta humilde asociación que presido queremos agradecerle que nos haya ayudado a identificar nuestra entidad. Todos nosotros, hombres como mujeres pensábamos que éramos feministas porque creíamos que el feminismo perseguía la igualdad entre el hombre y la mujer del mismo modo que 1 es igual a 1, sin género de por medio; y que, según sus palabras, a los que entendemos así la igualdad, que 1 es igual a 1, somos “neomachistas”. Siendo Ud. Como dice su patrocinadora Bibiana Aído, un Catedrático Forense de prestigio, solo me queda decir “magister dixit” y solicitar al Ministerio de Educación que cambien el concepto de las matemáticas en su enseñanza ya que se le está dando a nuestros hijos una educación “neomachista” al hacerles creer que 1 es igual a 1.

(Tranquilo que no diremos a nadie que ha sido presentado como “Catedrático de Medicina Legal” que es TOTALMENTE FALSO, que fue durante más de 10 años profesor auxiliar -el cargo más bajo-, y sólo en el departamento de la Universidad que dirigía su propio hermano, José Antonio Lorente Acosta. Ni diremos que en marzo de 2003, se presentó a concurso-oposición para el recién creado Instituto de Medicina Legal de Granada. Le suspenden ya en la primera fase. -B.O.E. Nº79 del 2-Abril-2003, pág. 12.761 y B.O.J.A. Nº59 del 27-marzo-2003, pág. 6.451- Ni diremos que tres meses después, -Resolución de 12 de julio de 2003, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Justicia y Administración Pública-, sorpresivamente le otorgan ‘por libre designación’, la dirección de ese Instituto de medicina legal, donde 3 meses antes ya en la primera fase, le habían echado para atrás. Ni que fue por ser amiguete de Manuel Chaves, también padrino, mira por donde, de su ministra Bibiana Aído).

España 2014: Visiones Orwellianas

2010-04-06T13:55:00.001-07:00

Sacaron a todos los alumnos al patio a golpe de timbre. Todos se dispusieron en marcial formación para celebrar el Día del nacional-feminismo. Se leyeron escritos elaborados por los pupilos para demostrar la crueldad del género masculino. Las agentes de igualdad vigilaban atentamente cualquier signo de disidencia y se miraban entre ellas complacidas ante la ausencia de cualquier conato de crítica. Algunos profesores nos negamos a participar en el evento y fuimos sospechosos. Anteriormente había recibido dos denuncias de las agentes por escribir un artículo crítico. Se me vetó de la página web del instituto, negándoseme el derecho a ejercer mi libertad de cátedra y de poder ofrecer cualquier información a mis alumnos, ni siquiera la referida a música, materia que impartía.

La policía moral, con el nombre de "agentes de igualdad" controlaban cualquier conato de insurgencia estrechamente. En septiembre de 2011 llegó la aplicación del ROC y comenzaron los despidos de los disidentes. De repente, dos compañeros desaparecieron de su centro de trabajo y ese mismo día aparecían sus sustitutos que habían sido nombrados por el régimen. Nadie hacía preguntas y las agentes de igualdad se anticipaban a las conjeturas alegando que los compañeros habían sido "desplazados" por nocividad pedagógica.

Tras el macroestudio de suspensos y aprobados por género unos centros educativos se convirtieron en masculinos y otros en femeninos. La macroencuesta había demostrado sobradamente la superioridad intelectual del sexo femenino sobre el masculino, lo que dió paso a la segregación. En los centros femeninos se impartían las enseñanzas propias de su condición: dinámica de grupos, liderazgo, direccion de empresas..., como había sido previsto en el Plan Estratégico de Igualdad de acuerdo con el principio de empoderamiento de la mujer. Por otro lado, los centros masculinos se dotaron de maquinara, y herramientas para asegurar a los varones una buena formación técnica.

Fue en 2010 cuando a la violencia contra la mujer se le empezó a denominar "terrorismo machista". Ese término favoreció que jueces, magistrados, periodistas y presidentes y miembros de asociaciones masculinas fueran procesados por mantener que existían denuncias falsas o violencia contra los hombres por el delito de "apología del terrorismo machista".

Las asociaciones de hombres fueron ilegalizadas. El gobierno controló el grupo PRISA, la agencia EFE, el resto de la prensa y las televisiones, toda información tená que pasar la criba de la policía ideológica. Los partidos de fútbol pasaron a celebrarse y a retransmitirse los siete días de la semana. Subvencionaron a los sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO y todos callaron al sonido de las monedas. Compraron votos por 400 euros. Así fue como volvieron a ganar las elecciones. Luego vinieron los encarcelamientos y las desapariciones. Hoy vendrán a por mí. Mañana quizás a por ti.

(Encontrado por su familia entre los papeles del profesor disidente Rafael Espigares Pinazo el 12 de abril de 2014)

No pagues dos veces

2010-03-14T14:35:00.001-07:00

Nuestro compañero Jesús Ayala desde Burgos nos envía una sentencia en la que el juez ha matizado unos aspectos que sería muy conveniente tenerlos en cuenta antes de redactar un convenio regulador:

1. No pases pensión el mes de verano que tú estás con tus hijos
2. Descuenta de la pensión la parte proporcional al tiempo en que tus hijos estén contigo en periodos vacacionales
3. Si los gastos extraordinarios los pagáis a medias exige un previo acuerdo por ambas partes de que ambos estáis conformes en la realización de este gasto

Carta abierta a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón

2010-02-22T12:08:00.000-08:00

Estimados Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre y Sr. Alcalde de Madrid, D. Alberto Ruiz Gallardón:
Me dirijo a Vds. como Presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), con objeto de transmitirle la enorme preocupación que para nosotros, como para cualquier ciudadano, representan los sucesos de violencia en el ámbito familiar, a los que bajo ningún concepto estamos dispuestos a acostumbrarnos.
Recientemente acabamos de lamentar un nuevo escenario de violencia intrafamiliar en el madrileño barrio de Vallecas, que se ha saldado con la muerte de Vasile Potrache, un hombre de 28 años de edad y de nacionalidad rumana, como consecuencia de una letal puñalada en el pecho asestada por su pareja.
Desde FADIE, pensamos que es fundamental que las instituciones organicen actos de repulsa hacia sucesos tan salvajes e inhumanos, con independencia de las circunstancias personales o sociales tanto de la víctima como de la persona agresora. Sin embargo, hace tiempo que venimos observando con indignación cómo las instituciones solamente convocan actos de repulsa cuando las víctimas son mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres, siendo que todavía no conocemos, en pleno siglo XXI, condena institucional alguna hacia la violencia cuando las víctimas son masculinas.
En particular, es inaudito que toda una Institución que se apellida “de Igualdad”, jamás haya emitido manifestación alguna de repulsa en los casos de hombres asesinados por mujeres. La actitud del gobierno español obvia de este modo cualquier violencia que se produzca dentro del ámbito familiar y que no sea la ejercida por un hombre sobre una mujer. Nos parece un enorme contrasentido que un país que ilegaliza partidos políticos por no condenar la violencia esté gobernado por personas que jamás condenan la violencia que las mujeres ejercen sobre los hombres.
Conforme a nuestro objetivo fundamental de hacer valer los principios de la igualdad entre los ciudadanos y a nuestra especial preocupación por contribuir a la erradicación de las manifestaciones de violencia en el ámbito familiar, desde FADIE queremos instarle a que sea Vd. la primera representante institucional del Estado español en regalar una buena lección de ética y moral a la Sra. Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y a su presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, dando un paso adelante y condenando públicamente esta última muerte, así como todas aquellas que se puedan producir en el ámbito familiar, con independencia del sexo de la víctima y de la persona agresora, y de cualquier circunstancia personal o social de éstas, como establece nuestro maltrecho artículo 14 de la Constitución.
Le rogamos, por tanto, que organice un acto institucional desde la Asamblea de todos los madrileños para condenar la “violencia sin apellidos”, para repudiar a los violentos sin mirar a su entrepierna. Estamos convencidos de que si lo hace, todos habremos dado un paso de gigante hacia la igualdad real, la tolerancia y la convivencia en paz.
Con toda mi consideración, reciba un afectuoso saludo.

Fernando Basanta Ortega

Carta de Zugasti a la Sra. Merkel

2010-02-22T12:07:00.001-08:00

Muy Sra. nuestra:

Por la presente queremos hacerles partícipes del mal uso, prevaricación y corrupción que se está dando en España, gracias a los fondos económicos que la Unión Europea (de los que la R.F.A. es el gran contribuyente) concede para la eliminación de las desigualdades por razón de sexo en general y de la violencia contra las mujeres en particular.

Los varones españoles sufren una situación desesperada, siendo cazados, detenidos, condenados sin garantías judiciales. Todo ello debido a su sexo, pues la ley española no habla de "violencia doméstica" sino de "violencia de género", que sólo los hombres pueden ejercer sobre las mujeres. La ley es unidireccional, como si las mujeres no pudieran asesinar (1).

En España estas ayudas económicas se conceden a las mujeres maltratadas. Para acreditar la condición de maltratada, basta con la interposición de una simple denuncia sin que haya habido sentencia firme de condena o haya quedado acreditado siquiera el supuesto maltrato por certificado médico alguno. En algunas Comunidades autónomas no hace falta siquiera la presentación de la denuncia (2).

Es evidente que si la denuncia es falsa, esto es, el maltrato es inexistente, las ayudas económicas deberían ser devueltas. NUNCA se devuelven.

En juicios por maltrato a las mujeres el porcentaje de denuncias falsas es muy alto, llegando a la casi totalidad de las mismas (3). Esta circunstancia es sobradamente conocida por todos los operadores jurídicos (4).

A la sombra de las ayudas económicas de la Comunidad Europea se ha creado una boyante industria del maltrato (5) en la que participan partidos políticos, empresas y asociaciones generosamente subvencionadas (6).

Los “privilegios de las maltratadas” según el informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (7), consisten en la concesión de:

un sueldo de “inserción”,
una vivienda de protección oficial,
cursos remunerados a los que ni siquiera acuden,
un puesto de trabajo en un organismo público,
vacaciones anuales en hotel de cuatro estrellas,
concesión de la ciudadanía española, y por ende, europea,
reagrupamiento familiar,
etc.
Todo ello a costa del erario, en su mayor parte proveniente de los Fondos europeos, con la sola presentación de la denuncia sin sentencia firme o un simple certificado de una asociación feminista, que por supuesto, controla, maneja y reparte estos beneficios (8).

El número de asociaciones feministas se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años (9) al calor de la enorme cantidad de dinero que reciben vía subvenciones. Subvenciones destinadas en su mayor parte al enriquecimiento personal de los componentes de dichas asociaciones, a propagar las teorías de género y a impartir cursos de costura o decoración (10). Esto es, se trata de mantener la supuesta situación de desigualdad de la mujer pues de lo contrario se acabaría el “negocio”.

Las partidas presupuestarias de los distintos Organismos públicos (nacional, regional y municipal) destinadas a estos fines ascienden a cifras astronómicas. Basten un par de ejmplos.

El “1er Plan general de igualdad de oportunidades”, dotado con el equivalente a casi seis veces el presupesto del Ministerio de trabajo (11).
Las subvenciones del Ministerio de sanidad a asociaciones feministas, superiores en mucho a las concedidas a ascociaciones contra el cáncer. Es sorprendente ver como la “Asociación de mujeres separadas y divorciadas” recibe 6,9 veces más dinero que la “Asociación Española contra el Cáncer”, 3,1 veces más que la “Federación Española de Cáncer de Mama”; 29,6 veces más que la “Federación Española de Parkinson” (12).
Las “casas de acogida” para mujeres maltratadas son el buque insignia de esta estafa. En las mismas no sólo no se ayuda a las mujeres sino que se las trata, según sus propias palabras, como a esclavas llegando a estar las cámaras de seguridad enfocando al interior de las instalaciones para vigilar a las internas en vez de vigilar el exterior (13). Las “casas de acogida” son utilizadas incluso como tapadera para negocios ilegales y las internas son mostradas como simple escaparate para justificar la necesidad de la existencia de las “casas de acogida” (14). Las denuncias de internas son frecuentes sin que nunca se tome medida alguna para corregir estas irregularidades (15). Nos consta también la existencia de “casas de acogida” fantasmas que no existen en la realidad pero son generosamente financiadas por los Organismos públicos.

Todo lo anteriormente relatado se hace en base a un cúmulo de mentiras y datos falsos o manipulados (16). Para ello los datos oficiales son manipulados, ocultando por ejemplo, el número de hombres asesinados, las denuncias falsas o el número de suicidados tras las separaciones, normalmente por la tristeza de no poder ver a sus hijos (17) . También se obliga a los medios de comunicación a seguir un “código de buenas prácticas” consistente en engañar y ocultar datos a la opinión pública (18).

Quien quiera que se atreve a sacar a la luz estos datos, es objeto de persecución al igual que régimen totalitario, sancionando o condenando penalmente a quien disiente, ofrece datos e información o simplemente manifiesta su opinón contraria (19).

Finalmente, la legislación española ha sido cambiada en los últimos años, vulnerando principos básicos de Derecho. Se ha eliminado la presunción de inocencia, ya antes de la promulgación de la Ley integral contra la violencia de género (20) o de la Ley de igualdad (21), en cuyo artículo trece se estipula que es el acusado quien ha de demostrar su inocencia. Leyes aprobadas por unanimidad o mayoría absoluta por el Parlamento nacional y por Parlamentos regionales en base a las teorías del feminismo de género (22). Leyes propias de un Estado totalitario de corte stalinista o hitleriano y no de un país miembro de la Unión Europea.

Cuando se relata estos hechos a los políticos, la reacción suele ser de alguno de estos tipos:

Negarlo sin mayores explicaciones ni averiguaciones.
Decir “A mi no me tiene que convencer. Yo he sido la primera en decir que esta ley es una aberración” para luego pasar a denunciar la falta de recursos económicos destinados a la aplicación de la ley, como es el caso de la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor.
"No me lo vas a poder documentar pero si me lo pudieras documentar no me convencerías." Es el caso de Juan Luis Rascón. Diputado del PSOE. Juez en excedencia. Exportavoz de la asociación “Jueces para la democracia”.
Expulsarnos del despacho oficial como en el caso de Pedro Zerolo, secretario de movimientos sociales y ONGs del Partido Socialista Obrero Español.
Expulsarnos del Congreso de los Diputados como es el caso de José Luis Rodríguez, presidente del Gobierno.
Creemos conveniente que se fiscalicen estos graves hechos y se depuren las correspondientes responsabilidades. Como quiera que en España la corrupción al respecto llega a todos los estamentos, resulta imposible hacerlo desde dentro de nuestro país, motivo por el cual trasladamos nuestra denuncia a Ustedes en la esperanza de que seremos oídos.

En la seguridad que será de su interés esta enorme estafa, en buena medida sustentada por los contribuyentes alemanes, quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente.

Francisco Zugasti Agüí

(1) www.projusticia.es/ley%20integral%20de%20violencia%20de%20genero/documentos/Conde%20Pumpido%20ordena%20a%20los%20fiscales%20que%20no%20consideren%20victim.htm

(2) www.projusticia.es/legislacion/documentos/ley-de-violencia-de-genero-de-Galicia.htm

(3) www.projusticia.es/juicios-rapidos-de-genero/documentos/el-juez-Serrano-insiste-que-solo-el-97-de-las-denuncias-acaban-en-condena.htm

(4) www.projusticia.es/denuncias%20falsas/denuncias%20falsas.htm

(5) www.projusticia.es/industria%20del%20maltrato/industria%20del%20maltrato.htm

(6) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/subvenciones%20y%20empleo%20de%20las%20mismas.htm

(7) www.projusticia.es/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm

(8) www.projusticia.es/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales/documentos/EXTRA%20EXTRA%20-%20Jerez%20-%20Polemica%20feminista%20en%20la%20asociacion%20de%20victimas%20de%20malos%20tratos.htm

(9) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/listado-de-asociaciones-de-mujeres-de-Andalucia.htm

(10) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/subvenciones%20Asturias.pdf

(11) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/plan-general-de-igualdad-de-oportunidades.htm

(12) www.projusticia.es/subvenciones%20y%20su%20empleo/documentos/plan-general-de-igualdad-de-oportunidades.htm

(13) www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/Maltrato%20a%20las%20internas%20de%20la%20casa%20de%20acogida%20Malva.htm

(14) www.projusticia.es/casas-de-acogida/casas-de-acogida.html

(15) www.projusticia.es/denuncias%20contra%20Perez%20del%20Campo/denuncia%20empleados/denuncia%20empleadas%20contra%20Ana%20Maria%20Perez%20del%20Campo.htm

(16) www.projusticia.es/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales/mentiras%20de%20las%20feministas%20radicales.htm

(17) www.projusticia.es/notas%20de%20prensa/notas%20de%20prensa/INE,%20manipulacion%20de%20datos%20de%20suicidio.htm

(18) www.projusticia.es/asi%20nos%20informan/asi%20nos%20informan.htm

(19) www.projusticia.es/persecucion%20del%20disidente%20opositor/persecucion%20del%20disidente%20opositor.htm

(20) www.projusticia.es/ley%20integral%20de%20violencia%20de%20genero/ley%20integral%20contra%20la%20violencia%20de%20genero.htm

(21) www.projusticia.es/ley%20de%20igualdad/ley%20de%20igualdad%20o%20de%20desigualdad.html

(22) www.projusticia.es/articulos/documentos/feminismodegeneroeugeniodorao.pdf

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El Caballo de Troya

2010-01-28T12:51:00.000-08:00

Francisco Serrano Castro, 21 de enero de 2010

He tratado de proteger a las mujeres maltratadas desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico.

Resulta obvio que la libertad, sobre todo la libertad de expresión, consiste en la posibilidad de decir lo que otros no quieren oír. Constituye ese reconocimiento un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones salvo las que son necesarias para evitar la conculcación de otros derechos, como es el derecho al honor, la dignidad y estima de otras personas.
La libertad de opinar, la de expresar dentro del respeto las propias ideas y pensamientos, se extiende a toda la ciudadanía, incluidos los jueces, porque ciertamente venimos obligados a acatar y cumplir y hacer cumplir las leyes, pero como ciudadanos que somos, expertos en las áreas sociales que son objeto de nuestro ejercicio jurisdiccional, resulta lícito y legítimo que también se pueda hacer un juicio crítico sobre su contenido, porque cuando se advierte que una norma no produce los bienintencionados efectos pretendidos por el legislador, es cuando se pone en práctica mediante su aplicación. Al igual que, y eso a nadie parece extrañarle, un miembro del poder ejecutivo puede comparecer manifestando que acata una sentencia pero que critica y muestra disconformidad con su pronunciamiento.
Por ello, en una democracia como la nuestra se ha de calificar como inadmisible que se haya querido pisotear, mediante el insulto, la descalificación y la amenaza de ser represaliado, a quien sólo ha expuesto su propia experiencia y los datos recopilados en la sombra de la clandestinidad no oficialista... y además corroborando su versión políticamente incorrecta con sólidos argumentos y razones. Un juez cuya voz ahora se ha hecho peligrosa que sea oída, pese a que llevo años diciendo lo mismo en conferencias, publicaciones y medios de comunicación. Mas ahora después de cinco años, mi voz que sólo tenía eco en ambientes reducidos, allí a donde sólo había alcanzado la injusticia que afirmaba se había de corregir, ha transcendido porque la sociedad ya ha podido tomar consciencia del problema; mi voz ahora es como la de Casandra, que vaticinó la toma de Troya por el engaño de un caballo de madera, pero cuando Ulises y sus colegas corren por dentro de las murallas de la ciudad condenada.
Ahora sí nos creen. Y ello gracias a que los medios de comunicación han sido, en gran medida, y hasta ahora, cómplices de ese pacto de silencio sobre un tema social tabú, conocido de sobra por todos, pero sobre el que no resultaba políticamente correcto y adecuado hablar. Ello gracias al silencio de los profesionales que no se han atrevido a contar, también, la verdad que refleja su experiencia. Muchos sólo me contaban a mí las tragedias de que habían sido testigos pero sin enfrentarse a tener que transmitirlo en público. Altísimas instancias del Estado y estamento judicial, anónimas voces políticamente correctas, en reservado, me han comentado: "Sí, de acuerdo tienes razón, la Ley de Violencia tendría que reformarse, pero no podemos decirlo". Unas veces, la inmensa mayoría, por miedo a sufrir el mordisco de la represión, el auto de fe de la nueva inquisición que ha dictado la norma no escrita de censurar lo que no quiere oír el santo oficio. Mas, en otras, por puro y duro interés y oportunismo.
Más curioso aún cuando precisamente mi preocupación por temas de calado social, especialmente con incidencia en los derechos de los niños, no se ha centrado en las críticas a la Ley de Violencia de Género, sino que también he participado activamente en otras propuestas de reformas legislativas, en materia de acogimiento y adopción, sin que a nadie pudiera en tal caso parecerle mal que un juez especialista y experto en la materia pudiera dar su opinión al respecto.
El intentar aportar ideas para mejorar, el intentar abrir debate para encontrar nuevos planteamientos y soluciones a los problemas y las injusticias, el intentar rectificar errores para seguir avanzando en igualdad, sinceramente no creo que merezca como respuesta el cadalso. Siempre he luchado por defender los intereses de los más débiles e indefensos, y mi condición de juez me ha dado la satisfacción de que, muchas veces, he logrado esa defensa efectiva. Siempre en favor de los niños y siempre en favor de las mujeres que sufren real maltrato por encontrarse en situación de discriminación, desigualdad, miedo y relación de poder frente al canalla maltratador, y ese empeño desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico, que es la que atribuye el carácter de experto a quien sólo la profesa.
No estoy contra las mujeres maltratadas, siempre he tenido las puertas abiertas para brindarles amparo en mi Juzgado. Me opongo, eso sí, a quienes se aprovechan de sus miserias, me rebelo contra las que abusan y las perjudican, sin pretender que se reduzca el número de denuncias de mujeres maltratadas sino de las formuladas por mujeres que no sufren ningún tipo trato discriminatorio en su relación de pareja. Proclamo que se redefina el concepto de maltrato para evitar cientos de miles de injusticias, comenzando por el que se irroga a las víctimas de auténtico maltrato, el que deja cicatrices en el alma. Reclamo que los recursos y fondos para atender los servicios que garanticen el derecho a la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género no se distribuyan en base a criterios en los que se tenga en cuenta prioritariamente el número de denuncias presentadas, porque ello supone un efecto llamada a la presentación de denuncias infundadas que colapsan los juzgados. Solicito que se reconozca la existencia de mujeres que denuncian por despecho y venganza, debiéndose articular medidas eficaces para sancionar esas conductas desviadas. Requiero que el ámbito de protección de la norma se extienda a todos los que sufren violencia en el ámbito doméstico, con independencia de su raza, edad, creencia y género.
En fin, un disparate que merece la quema del hereje. Que cada uno saque sus conclusiones, dicho lo dicho, de quien extrae beneficio de la actual situación, que, insisto, requiere de debate y reflexión, comenzando por el del propio legislador; pues como ciudadano estoy orgulloso de que las normas se aprueben por unanimidad, pero más orgulloso estaría de que ese legislador fuera capaz de reconocer que se pueden cometer errores y que resulta preciso, a veces, rectificar el rumbo para alcanzar el destino deseado.
Francisco Serrano es juez titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla

SSª Dª. Gemma Vives critica el mal uso de la LIVG

2010-01-07T13:00:00.000-08:00

a magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia número 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denuncia en un comentario remitido a Ecoley (suplemento jurídico de elEconomista.es) las injusticias que el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género está acarreando a nuestra sociedad.

En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario gerneralista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical". Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.

Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.

En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".

También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".

Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".

"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.

"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.

Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".

A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez

Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial

Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los dos recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.

Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor. Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible. Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.

Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos. Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.

Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.

Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.

Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió. Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.

Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida. Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador". Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean. Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.

No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso. La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.

No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad. Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año. La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva. Y el silencio ante la injusticia me indigna.

Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.

Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.

Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior. Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.

"Trabalenguas familiar" por el jurista Francisco Fernández Cabanillas

2010-01-07T12:50:00.000-08:00

Lo que se tiene muy sabido se dice que nos es familiar. Como aquél trabalenguas de nuestra infancia sobre el cielo y los ladrillos. Sin embargo el cielo no está enladrillado. Aun. Lo que está enladrillado es el amor, el amor sólido. El amor está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?

El matrimonio está regulado por ley y el Derecho ni nació ni sirve para regular sentimientos. El legislador se cuidó muy bien de que no apareciera en nuestro Código Civil la palabra “amor”, y el lenguaje coloquial llama al matrimonio “casamiento”, o sea, compartir casa. Sin embargo el legislador de hoy está desaforado y parece que pretendiera convertir cada hogar, que viene de hoguera, en un infierno. Hoy las parejas anuncian su separación diciendo: “ya no estamos enamorados”; y el oyente se pregunta estupefacto: ¿le preguntó el Juez cuando expresó su consentimiento para su matrimonio civil si estaban enamorados?

Siguiendo a nuestro recordado académico de la lengua española, el eminente psiquiatra Castilla del Pino, “el enamoramiento es un estado de trastorno mental transitorio”. Por ello el que dice “sí” al matrimonio en dicho estado enfermizo, de enajenación mental, manifiesta una voluntad viciada que hace nulo ese contrato. El art. 56.2 de nuestro Código Civil vigente dice: “Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”. Mira que he ido a bodas con contrayentes locamente enamorados entre sí… pues jamás he visto ese dictamen médico preceptivo.

En cambio, es curioso, cuando esa misma pareja va a divorciarse, ya desenamorada y de nuevo en sus cabales, empieza el Juez a exigir pruebas psicológicas o psiquiátricas sin cuento, como si el Juez, experto en lo justo, hubiera perdido el juicio.

Por otra parte, cuando dos se casan porque les conviene, viene el legislador a meter la pata, y dice que ese matrimonio es nulo ya que se trata de un matrimonio “de conveniencia”. Como si los contratos que se cumplen no fueran aquellos que se firman porque convienen a los contratantes. Pudiera parecer que para que sea válido el contrato matrimonial tienen que realizarlo dos que no se convienen, es decir, dos a los que no les trae cuenta casarse entre sí.

Cuando se decide el divorcio se acude a un abogado que se autodenomina “matrimonialista”, aunque nunca asesoró a nadie para contraer matrimonio, ocupándose realmente de romper jurídicamente el vínculo. O sea, que su especialidad es abogado “divorcista”, como si todo fuera lo contrario de lo que es.

Por último llega el legislador del despido exprés, la multa exprés y el desahucio exprés, con el divorcio exprés y crea el divorcio sin causa, que quiere decir que igual da por qué te divorcias; pero casi simultáneamente crea, sin nombrarlo así, el divorcio “instant”, que es más rápido que el “exprés”, porque es instantáneo, que quiere decir que sí tiene causa, y la causa es que ella dice que él la maltrata, pongamos psicológicamente, y el está en la calle inmediatamente, pongamos físicamente, y/o en el calabozo; entonces la psique de él se siente maltratada por ella: porque ella está “dentro” de la casa y él está “fuera” o porque él está “dentro” del calabozo y ella está fuera, igual da. Así que hay un divorcio sin causa, civil y “exprés”, al que pueden optar ambos y un divorcio con causa, penal e “instant”, que sólo es para ella en un Juzgado para ella, a efectos prácticos. La generación de españoles que fue educada por la tele mediante el “Ábrete Sésamo” tiene claros los conceptos: dentro y fuera; y el conflicto jurídico del divorcio requiere una visión más topológica: estudiar las propiedades que no cambian cuando deformamos una figura sin romperla; total, que ella-dentro y él-fuera.

Parece un trabalenguas. Pero un Juez de un pueblo extremeño preguntó a un niño de ocho años, cuyos padres se divorciaban, su decisión ante el dilema fatal: ¿con papá o con mamá?; y el niño respondió: “yo, con el que se quede con la casa”.

El divorcio está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?, el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.

"Tiempo de Corsé" por la jueza Dª Beatriz Miranda Verdú

2010-01-07T12:49:00.000-08:00

"Forma parte de la idea filosófica de Justicia, ese dar a cada uno lo suyo. No se puede juzgar
partiendo de estereotipos. Esto estaría más próximo a la injusticia que a otra cosa"
Beatriz Miranda Verdú, juez de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Castuera. Miembro del Foro Judicial
Independiente.
"En las primeras escenas del clásico “Lo que el viento se llevó” aparecía la bella Vivien Leigh fuertemente agarrada
a los varales de una cama conteniendo la respiración mientras intentaban colocarle un corsé.
Esta prenda que antaño sirvió para afinar cinturas no ha perdido del todo su finalidad en los tiempos actuales. Si en
otro tiempo era utilizado por las damas para moldear su figura, hoy el corsé es impuesto para corregir supuestas
desviaciones. Se atiende más, quizá, a su sentido ortopédico.
A los hombres y mujeres que integramos la Carrera Judicial se nos obliga a utilizarlo. Cuanto más ceñido mejor,
cuanto más ajustado mejor; que no permita respirar, que no permita hablar, que no permita opinar.
Esto y no otra cosa es lo sucedido con el magistrado sevillano Francisco Serrano por expresar una opinión sobre el
funcionamiento y la realidad práctica en la aplicación de la Ley de Violencia de Género; una opinión que se ha
considerado “desviada”. ¡Que le pongan un corsé! –han gritado desde distintos frentes.
Los jueces y magistrados no sólo aplicamos la ley. Nuestro compromiso hunde sus raíces en la propia Constitución
Española. Nuestra primera obligación es guardar y hacer guardar la letra de la Norma Suprema frente a todos.
El artículo 20 de la cúspide del Ordenamiento Jurídico Español reconoce y protege, entre otros, en su apartado
primero, los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción. En su apartado segundo expresa, con toda claridad, que “el
ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.
Se configuran normativamente las libertades de expresión y opinión. Tales libertades no tienen forma de corsé.
Tampoco tienen ideología política alguna, por más que se empeñen algunos. No tienen sexo ni profesión. Desde el
momento en que el pensamiento y la opinión van indisolublemente unidas a la subjetividad, pertenecen a todo
individuo sin distinción alguna.
Quienes ejercemos el Poder Judicial tenemos también la obligación de poner sobre la mesa la realidad social. Ello
implica el análisis, la constatación y la medición del resultado que en el plano sociológico tienen las leyes que
aplicamos. Forma parte de la idea filosófica de Justicia, ese dar a cada uno lo suyo. No se puede juzgar
partiendo de estereotipos. Esto estaría más próximo a la injusticia que a otra cosa.
Las ventiscas soplan siempre hacia el tercer Poder del Estado con el propósito de aniquilarlo, arrancando libertades
y sancionando por no seguir la senda marcada. Afortunadamente, la responsabilidad nos hace pisar sobre terreno
firme y continuar por el único camino posible, el de la independencia. Y hacemos trizas el corsé. Así es la libertad
constitucional. Guste o no".

Concentración en Madrid contra la LIVG

2009-12-30T10:51:00.000-08:00

El compañero Oscar nos envía este coreo

El dia 10 de Enero del 2010 a traves de internet se ha convocado una concentracion popular en la puerta del sol Madrid a la 1 del mediodia en contra de esta ley mal llamada de violencia de genero en la que salen perjudicados todo el mundo, pero especialmente los hombres inocentes que son denunciados falsamente por malos tratos por sus ex para sacar la mayor ventaja posible en el proceso de separacion o divorcio (casa, hijos, pensiones etc) muchas veces alentadas por sus propios abogados. Hay miles de hombres que estan pasando por un calvario por el hecho de que su palabra no vale nada en contra de la de su mujer y terminan en calabozos e incluso en prision siendo totalmente inocentes, para algunos, tristisimamente es tan fuerte que no lo pueden superar el haber perdido todo por lo que han luchado justamente en su vida que deciden quitarsela suicidandose. Si eres gente de bien, hombre o mujer, no permitas que esto siga pasando, que si eres mujer, tendras hermanos o hijos que visto lo visto de las miles y miles y miles de separaciones que hay, puede que muy facilmente le toque pasar por este calvario. Yo tengo dos hermanos que han pasado por el y realmente es muy triste, uno aun a dia de hoy dsepues de varios años se quiere suicidar porque dice que le han quitado su vida (su casa, su hijo, su dinero y la otra con uno en su casita) el, en casa de mis padres viendolas venir, sin un duro para nada y para no poder rehacer su vida. POR FAVOR, PASAD LA VOZ TODO LO QUE PODAIS, TENEMOS QUE CAMBIAR ESTA LEY.

El CGPJ matiza que el comunicado donde Montalbán "censura" declaraciones de un juez sobre maltrato es a titulo personal

2009-12-30T10:44:00.001-08:00

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) matizó hoy a Europa Press que el comunicado en el que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica
y de Género, Inmaculada Montalbán, "censuraba" las declaraciones de un juez sevillano sobre violencia de género, "fue a titulo personal y no un comunicado
institucional".
Ésta fue la respuesta del CGPJ ante la petición del Foro Judicial Independiente (FJI) de "desautorizar el comunicado institucional y someter al próximo Pleno del
CGPJ lo ocurrido", por considerar que "constituye un ataque ilegítimo al ejercicio del derecho fundamental a expresar libremente opiniones que asiste a todo
miembro de la Carrera Judicial".
En el comunicado, con fecha del pasado lunes, 14 de diciembre, Montabán afirmaba que insistir en el tópico de las denuncias falsas de maltrato "carece de rigor" y
"denota desconocimiento", en relación con las declaraciones vertidas por el Magistrado Francisco Serrano.
En su texto, el juez sevillano se refirió al "mito de las denuncias falsas", la ausencia de condenas o datos sobre muertes violentas de hombres en el ámbito familiar y
la "estigmatización" de los detenidos en aplicación de la ley Integral contra la Violencia de Género.

"El verdadero postmachismo" por Francisco Serrano

2009-12-30T10:15:00.000-08:00

"Apoyo al juez Serrano" por Alberto García Reyes

2009-12-30T10:09:00.001-08:00

La libertad es una farsa en España. No existe en estado puro porque hay corrientes de pensamiento que dictan lo que tenemos que opinar. Por eso el juez Serrano es un héroe. Por haber tenido la gallardía de llamar a algunas cosas por su nombre en un asunto en el que disentir es considerado una herejía social. El tema de la violencia de género está manejado en exclusiva por un grupo de mujeres extremistas que están usando sin escrúpulos una causa justa para ganar terreno ideológico. Y la progresía traga. Impone ese pensamiento con el apoyo de una maquinaria propagandística que consigue avergonzar a quienes no están de acuerdo.
Partamos de una base certera. El maltrato es una lacra social repugnante y abominable que tiene que unirnos a todos en una sola dirección: su erradicación. Pero la excusa del maltrato como medio para conseguir otros fines es igualmente reprochable. Y es un hecho que hay mujeres que se están regodeando en esa laguna que tiene la Ley de Violencia de Género porque saben que en los procesos de divorcio una denuncia por malos tratos les amplía el margen de beneficios. Hay denuncias falsas y quienes lo nieguen son tan mezquinos como quienes las interponen. Hay padres inocentes que están sufriendo un castigo irreparable sólo porque social y jurídicamente nos hemos saltado a la torera la presunción de inocencia cuando está por medio la violencia de género. Los denunciados pasan a estar estigmatizados, e incluso arrestados, antes de que haya una sola prueba contra ellos. Eso es lo único que ha dicho el juez Serrano, cuyo compromiso con la causa es innegable. Y por eso se han soliviantado feministas de toda laya para pedir su expulsión arguyendo barbaridades como esta: «Es como si una persona que defiende las acciones de ETA juzgara a personas de ETA». Ese uso perverso de las ideas —si disientes en algún aspecto, estás contra todo— demuestra que en España no existe esa libertad de la que presumimos. Lo que ha dicho el juez Serrano no es más que lo que piensan muchos españoles incapaces de expresarlo por temor a la represalia social. Y si el Consejo General del Poder Judicial toma partido político en ello estará infligiendo un doloroso azote al sistema.
El juez Serrano tendrá, como todo el mundo, defectos irreparables. Pero lo único que ha hecho en este caso es meter el dedo en la herida de una Ley que pide a gritos, aunque algunos no quieran oírlos, una reforma que la ajuste a uno de los principios básicos de nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo...». Y quien entienda que esta queja es una defensa o una justificación del maltrato no es más que un pervertido menta

"El Negocio del Maltrato" por José Luis Sariego

2009-12-30T09:53:00.000-08:00

Soy abogado, ex asesor del Consejo General del Poder Judicial cuando se
mascaba la ley de violencia de genero. los expertos que como yo, avisamos
que la ley era inconstituconal y que daba lugar a cometer fraudes
(denuncias falsas) por venganza, dinero, etc. fuimos silenciados por el
propio consejo. La información que dispusimos es que esta ley se aprobaria
para poder financiar mas aun a las CCAA y a los ayuntamientos con fondos
europeos. (Daphne y otros) y de camino se financiaban los partidos
politicos. Miente el CGPJ y la Sra. Moltalbán, asi como el Sr. Lorente, la
Ministra Aido y el Gobierno de ZP, pasando por Esquerra Republicana en
Catalunya y el PP en sus CCAA, que han hecho un negocio espetacular de
todo esto, sobre los cadáveres de unos cientos de mujeres. Que expliquen
toda esta gente y los partidos, ¿Cuanto dinero han obtenido hasta ahora de
este entramado de los malos tratos en España? Afortunadamente Europa ya
sabe que esta pasando y va a cortar el grifo de esta financiacion
irregular de nuestros partidos politicos. Que expliquen las asociaciones
de mujeres afines a los partidos politicos cuanto han cobrado por su apoyo
a este negocio. El siglo XXI no es el siglo de la igualdad, sino el de la
corrupción politica basada en la necesidad de que haya medio centenar de
mujeres muertas en los medios, para justficar los millones de euros que
sacan a Europa con todo esto, para financiarse los partidos politicos, y
toda la gete que tiene un puesto de trabajo, y que vive de este problema.
¿Cómo van a reconocer que hay milles de denuncias falsas? Ya que si lo
reconocieran, se quedarían sin trabajo.

"Feminismo Ibérico" por J.A. Gundín

2009-12-30T09:50:00.001-08:00

30 Diciembre 09 La Razón
En las últimas semanas, dos varones audaces han sido reducidos a cenizas en las hogueras de ese feminismo de estricta gobernanta que con una tea en la mano anda a la caza de brujos y heterodoxos. Se trata del escritor Enrique Lynch y del juez de Familia Francisco Serrano, acusados del delito mayor de criticar la Ley de Violencia de Género y la ineficacia de cierto fundamentalismo publicitario montado a su alrededor. Al primero le rindieron honores a su apellido con un linchamiento mediático del que se necesitan años para reponerse. Y al segundo ya le han condenado en juicio sumarísimo sin posibilidad de apelación. No cabe duda de que las fogosas feministas podrán abrasar a los varones no domados, sin embargo no podrán falsear un hecho incontestable: que la Ley de Violencia de Género no ha servido para enfriar el infierno, es decir, para reducir el número de mujeres muertas a manos de sus parejas. Desde su entrada en vigor, hace cinco años, el conteo anual de homicidios se ha mantenido constante, con pequeñas oscilaciones, entre las 90 y el centenar de víctimas. En este año que mañana termina, la trágica suma final superará los 85. Algo básico está fallando, así que, en vez de sacar las uñas contra quienes dudan de la eficacia de la ley, sería conveniente sujetar a las furias del Averno y mirar de frente a los hechos. Tanto Lynch como Serrano, dos cualificados profesionales habituados a tratar con la plastilina de la conducta humana, han alertado sobre los excesos de un feminismo alistado a una guerra santa en la que primero se dispara y luego se pregunta. No hay cuartel para quien esboza una crítica, duda de la discriminación positiva o denuncia los abusos que se cometen al amparo de una ley que convierte al varón en sospechoso. Lo más sorprendente de todo, paradójicamente, es que no sean las propias mujeres las que levanten la voz frente a esos fraudes y malversaciones que restan eficacia a un combate que es de todos. ¿Será porque temen también a las guardianas del género? Es un sarcasmo que al rancio machismo ibérico le sustituya un feminismo revanchista igual de rancio y con la misma denominación de origen.

"El mal negocio del juez Serrano" por Antonio Burgos

2009-12-30T09:48:00.000-08:00

A las 10 de la mañana, cuando caía el diluvio universal («¡vaya usted con Dios, Noé!»), me encontré ayer en la calle San Fernando con mi apoderado Joaquín Moeckel.
—¿Y qué hacía usted a las 10 de la mañana en la calle San Fernando, con la que estaba cayendo, si se puede saber?
Pues se puede y se debe saber: estaba esperando que pasara mi apoderado para que me diera hecho el artículo nuestro de cada día. Iba Moeckel, aparte de chorreandito, camino de los juzgados. Eso en principio no es noticia, que un abogado vaya a los juzgados. Noticia sería que fuera camino de los juzgados como imputado ese político en quien está usted pensando, y cuyo nombre no voy a poner, no vayamos a tenerla. Mi apoderado era noticia porque iba a los juzgados a poner una denuncia contra el padre de todos los juzgados, y en nombre de un juez. El padre de todos los juzgados es el Consejo del Poder Judicial. Y Moeckel iba en representación letrada de don Francisco Serrano, juez de Familia número 7, a interponer denuncia por injurias contra Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Hombre, puestos a interponer, yo habría denunciado también otra cosa: que el Consejo del Poder Judicial se gaste nuestro dinero en mantener una tontería como el tal Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. ¿Qué es esto, Dios mío de mi alma? ¿En qué consiste ese Observatorio? ¿Dónde está? ¿Es un Observatorio así en plan campanario de la Giralda, que se ve todo desde allí? ¿O es como la Torre de Correos de Londres, con un restaurante turístico giratorio en todo lo alto? ¿Y hay anteojos de echarles la monedita de euro, para quincar bien el panorama? Esto del Observatorio, ¿qué? ¿Que se pone allí doña Inmaculada y divisa cómo las marías se hartan de presentar denuncias falsas contra los maríos, y sin la menor comprobación, sin la menor prueba, de momento los detienen y los llevan al calabozo en Blas Infante, les hacen pasar allí la noche, por la mañana los presentan al juez, les ponen una orden de alejamiento y vete preparando, que se te va a caer el pelo?
Porque esto es lo que, sin necesidad de Observatorio, ha visto y denunciado el juez Serrano. Que sí, que vale, que hay mujeres que sufren mucho, y que a muchas de ellas las matan sus esposos. Aunque más bien suelen ser sus arrejuntados compañeros, sus divorciados maridos, sus queridos, sus líos. Vamos, lo que toda la vida de Dios se ha llamado «crimen pasional», sin tanta tontería feminista ni tanta puñeta de Observatorio. El juez Serrano dice lo que muchos piensan, pero nadie se atreve, en la dictadura de lo políticamente correcto que padecemos, donde lo que no está prohibido es obligatorio. El juez Serrano ha dicho que, vale, que esos uxoricidios existen, pero que también hay muchas mujeres que matan a sus maridos, y nadie dice ni pío de estos conyugicidios. Y que la mal llamada Ley de Violencia de Género es más bien Ley Violenta contra el Hombre, de cuya muerte a manos de la esposa no hay estadísticas: las borran para que no les estropeen la demagogia contra el machismo y no nos acordemos del crimen de La Juliana.
El juez Serrano ha expresado estas opiniones fuera de estrados, en la concurrencia de las ideas libres. Y en esta Inquisición del Nacional Laicismo que nos oprime, le han llamado de todo. Lo más suave, «portavoz de los maltratadores». No, es el denunciante de los maltratadores de la libertad. Es algo tan arriesgado como un hombre libre. El peor negocio que se puede tener hoy en España y en Sevilla: ser libre y decir lo que uno piensa. Sobre todo si, como el juez Serrano, esa libre opinión va contra los dogmas infalibles de esta dictadura de las minorías sobre la mayoría que padecemos sin que nadie se atreva a rechistar. Un Observatorio de la Libertad Amordazada Por Lo Políticamente Correcto sí que ponía yo...

Testimonios de denuncias falsas

2009-12-30T08:51:00.000-08:00

Estimados compañeros:

Tras el revuelo generado en los últimos días por las publicaciones de El Mundo, la prensa nacional nos ruega que perdamos el miedo a publicar nuestros casos. Es vital que lo hagamos para poder tener la posibilidad de invertir esta situación. Por fin los grandes medios de comunicación nos abren las puertas. Es la hora de denunciar este atropello sin pelos en la lengua, sin temores y con toda rotundidad.

Rogamos remitáis los testimonios a la dirección coparentalidad@yahoo.es

No olvidéis poner:

Nº de teléfono
E-mail
Descripción de los hechos

Es importante señalar si ya existe sentencia absolutoria.

Gracias por vuestra colaboración y Felices Fiestas.

José Antonio Braojos en Huelga de Hambre

2009-12-30T08:48:00.000-08:00

LA HUELGA DE HAMBRE DE JOSÉ ANTONIO BRAOJOS ALCANZA LOS 16 DIAS ENTRANDO EN LA FASE DE RIESGO PARA SU VIDA ANTE LA PASIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES Y LOS JUECES. El HOMBRE MALTRATADO POR SU MADRE HA PERDIDO YA 4 KILOS Y PROTESTA EN EL AEROPUERTO DE PALMA POR HABER SIDO CONDENADO A PAGARLE UNA PENSIÓN.

Palma, 24 de diciembre de 2009

José Antonio no tiene relación alguna con su madre desde hace 18 años. Entonces, con 14 años se escapó de la casa materna ante las palizas y vejaciones a las que era sometido de continuo. Los maltratos empezaron cuando, siendo todavía un niño descubrió que su madre lo estaba instrumentalizando en contra de su padre. A partir de ese momento su madre incrementó la agresividad sobre el menor con objeto de impedir que rehiciera las relaciones con el otro progenitor. Las agresiones físicas y psíquicas desembocaron en el abandono del domicilio familiar. Desde entonces José Antonio ha vivido sin padre ni madre. Esta situación aunque terrible, quedaría en el pasado de no ser porque ahora, con cuarenta y tres años, ha sido condenado por la Audiencia de Palma de Mallorca a pagarle una pensión a la mujer que le ha maltratado durante su juventud convirtiéndolo a su vez en un huérfano de padre.

Esta situación evidencia, en nuestra opinión la verdadera discriminació n sexual que practica la Audiencia de Baleares ante los problemas que afectan a los hombres. Resultaría inconcebible pensar que una sentencia judicial condene a una mujer a pagar una pensión alimenticia al padre que la maltrataba.

La APFS visitará mañana, a las 12 del mediodía a José Antonio, en el Aeropuerto de Palma para mostrarle su apoyo y acompañarle en estas fechas. La pregunta que nos hacemos es porque este hombre está pasando sus Navidades tirado en una esquina del Aeropuerto sin que Aena le haya ofrecido una sala especial para realizar su protesta (como se hizo en el caso de Aminatur Haidar), a José Antonio no le ha visitado ninguna diputada en busca de repercusión mediática, a José Antonio no le ha ofrecido su colaboración ninguna ONG.

Este tipo de situaciones contrastan con el caso Diaz Ferrán o el caso Maria José Carrascosa, donde los jueces han actuado correctamente y sin embargo se los critica. La relación entre el caso Carrascosa y el de José Antonio Braojos es especialmente sensible y dolorosa para los colectivos de hombres separados. Él se pudre con toda injusticia en el Aeropuerto de Palma mientras que Carrascosa ha recibido hasta extremos impensables el apoyo de gobierno y administraciones y solo el odio y mala fe hacia el padre de su hija, el desprecio hacia la salud de la menor y la diligencia del juez americano la han condenado. En la España en que se desprecia a hombres maltratados como José Antonio, Maria José Carrascosa estaría libre para seguir profiriendo falsas denuncias hacia el padre de su hija y para intoxicar a la niña en contra de su progenitor. Es injusto

Las denuncias falsas por María Sanhauja

2009-12-25T10:32:00.001-08:00

EL PAÍS Miércoles, 23/12/2009 Opinión

Han pasado más de cuatro años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004. Se empezó a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España, que las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, suponían un despilfarro para el erario público y no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.
Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.

Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.

La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales.

Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que "ellos también tenían familias"; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres...), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.

La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.

La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie. Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos.

Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.

María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas

67 ASOCIACIONES ESPAÑOLAS CONDENAN EL REGRESO AL DELITO DE AUTOR Y EL ATROPELLO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

2009-12-25T10:30:00.000-08:00

Madrid, 23 de Diciembre del 2009

Las organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro más rotundo apoyo a las declaraciones que SSª D. Francisco de Asís Serrano Castro ha expresado en diferentes medios de comunicación, y le transmitimos nuestro deseo de que se mantenga firme ante la presión a la que está siendo sometido desde algunos grupos ultras feministas, ligados al poder, de quién reciben jugosas subvenciones, como son la Asociación de Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Divorciadas y el Departamento Confederal de la Mujer de UGT.

Estos colectivos, haciendo gala de su acostumbrada ideología totalitaria y castradora de la libertad de expresión que caracteriza a la dictadura del feminismo radical denunciado por Serrano, han hecho llegar una petición formal al presidente del CGPJ, el Sr. D. Carlos Dívar, para que abra expediente disciplinario al Sr. Serrano e investigue si la "ideología personal" del magistrado le permite ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género que abordan los Juzgados de Familia en España.

D. Francisco de Asís Serrano Castro, quién ha sido galardonado en varias ocasiones por su lucha a favor de las mujeres maltratadas y violadas, así como por su defensa de los derechos de los niños, ha sacado a la luz lo que constituye ya un enorme clamor social, que todavía algunos no se atreven a denunciar por mantener intacta su corrección política. El dolor que miles de personas vienen padeciendo desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, incluyendo no sólo a los padres, sino también a los niños, las segundas esposas, las abuelas y abuelos, así como toda la familia extensa de un hombre divorciado, es una consecuencia directa del atropello institucional de los más básicos derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellos, el de los hijos a mantener contacto con su mamá, su papá y abuelos; el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de presunción de inocencia, todos ellos constitucionales, y paradógicamente dilapidados por un Tribunal Constitucional más que cuestinado, que tenía la responsabilidad de haberlos salvaguardado.

Una vez más, al igual que pretendieron en su día hacer con la jueza ex-decana de Barcelona, Dª. María Sanahuja, asociaciones que bajo la bandera feminista defienden en realidad la más cavernaria de la ideología machista, se vuelven a retratar pretendiendo que el CGPJ ahogue la voz de un profesional por el simple hecho de “pensar distinto”, y lo inhabilite por disentir de la corrupta perspectiva de igualdad que el gobierno pretende incrustar en nuestra sociedad.

Sin embargo, esta vez se han alzado las voces unánimes de las cuatro juezas de Familia de Sevilla y del coordinador de la Fiscalía de Familia de Sevilla, Daniel Valpuesta, así como del Foro Judicial Independiente, para defender el derecho a la libertad de expresión del juez Serrano, y desde este colectivo unido, MIXTO, y realmente representativo de la ciudadanía española, instamos al propio Consejo General del Poder Judicial a que haga valer el derecho fundamental de libertad de expresión a todos los ciudadanos, incluyendo al Sr. Serrano, que además conoce de primera mano la realidad sobre la abrumadora penalización de los asuntos de familia.

Invitamos también a D. Carlos Dívar a que investigue si alguna de las asociaciones firmantes de este comunicado recibe algún tipo de subvención del Ministerio de Igualdad o de algún otro estamento público, para que pueda comprobar que nuestras reivindicaciones no están compradas, y a diferencia de las de otras asociaciones, responden a verdaderos intereses legítimos que nacen del dolor y del sufrimiento que están padeciendo las personas que las integran. Son estas asociaciones firmantes, las que están firmemente decididas a terminar con el negocio institucional de subvenciones a cambio de votos que durante cinco años se ha tejido bajo la espuria excusa de proteger a la mujer maltratada.

Aprovechamos este comunicado para CONVOCAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN la acción reivindicativa que se realizará mañana día 24 a las 12 del mediodía en Sevilla para exigir al gobierno la implantación de la custodia compartida por defecto y para condenar el uso espurio de las denuncias falsas por maltrato, incentivadas por la propia redacción de la Ley de Violencia de Género y sus lesivos protocolos de aplicación, así como por la redacción de la Ley de Divorcio, en su artículo 92.7, que impide el ejercicio compartido de la responsabilidad parental si existe una denuncia por malos tratos.

En el acto participarán, leyendo un comunicado, José Antonio Santos y Miguel Ángel Torres, ambos recientemente absueltos por falsas denuncias que les han dejado sin hijos, sin dignidad y sin futuro.

Vestidos de Papá Noel y bajo el lema “PAPÁ NO ES”, estos padres denunciarán que sólo tienen de padres su indumentaria y su bolsillo, y que las leyes españolas no les permiten ejercer su derecho y su obligación de educar y cuidar de sus hijos.

La marcha se iniciará a las 12:00 horas en la Puerta de Jerez de Sevilla y transcurrirá por la Avda. de la Constitución y la Calle Tetuán, dando término en la Plaza del Duque.

Promueve: Asociación Española Ambos www.asociacionambos.org
Portavoces: Domingo González Alonso y Mª Belén González Varela
Teléfonos: 615055250 – 615055535

ASOCIACIONES FIRMANTES

o Asociación AMBOS, mujeres y hombres por la igualdad efectiva Sevilla
o Federación Andaluza por la Defensa de la Igualdad Efectiva - FADIE
o Plataforma Feminista por la Custodia Compartida
o Dones per la igualdat ì la custòdia compartida - ADIIC
o Asociación de Madres y Padres por la Coparentalidad de Andalucía Oriental
o Plataforma Estatal PAPA NOES
o Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres Separados
o Abuelos por la Custodia Compartida
o Abuelos Separados de sus Nietos
o Asociación Hijos de Separados - ASHIPASE
o Asociación “Amnistia Infantil “
o Asociación de Ayuda a Hijos de Progenitores Separados
o Asociación de Madres y Padres por la Custodia Compartida de Jaén
o Asociación de Padres y Madres Separados Custodia Compartida Ya
o Asociación "Custodia Compartida por Nuestros Hijos"
o Asociación de Afectados por Denuncias Falsas
o Asociación Padres y Madres en Acción – PAMAC
o Asociación Divorcio Justo de La Rioja
o APFS Asturias
o Asociación Custodia Paterna
o Asociación para la defensa de Madres, Padres y Pro Derechos del Hijo/a SOS-PAPÁMAMÁ"
o Asociación de Padres y Madres Separados “La Terraza”
o Federación Valenciana por la Igualdad y la Coparentalidad “Pare i Mare”
o Asociación SOS PAPÁ Madrid
o Asociación Catalana de Padres Separados (ACAPASE)
o Asociación para la Protección de los Derechos del Menor - APRODEM
o Asociación Oasis
o Asociación de Padres de Familia Separados de Burgos – APFS BURGOS
o Asociación Unión de Separados de Mislata
o Asociación RENUKA
o Asociación “Defensor del hombre”
o Asociación “Estar con mis hijos”
o Asociación Projusticia
o Asociación Pro Derechos del Niño SOS PAPÁ
o Unión de Separados
o Asociación para la Protección Integral de la Familia - Cádiz
o Asociación para la Protección Integral de la Familia - Chiclana
o Asociación para la Protección Integral de la Familia - El Puerto
o Asociación para la Protección Integral de la Familia – Jerez
o Asociación para la Protección Integral de la Familia - Ronda
o Plataforma Padres Sin Ley - PPSL
o Asociación Papá Huelva
o Asociación Granadina de Madres y Padres Separados “Canaletas”
o Asociación Mixta de Separado/as de Úbeda
o Asociación de Padres de Familia Separados - Aragón
o Asociación de Padres de Familia Separados - Baleares
o Asociación Galega de Madres y Padres Divorciados
o Asociación por la Custodia Compartida y la Igualdad de Cuenca – ACCI Cuenca
o Asociación Catalana de Padres Separados
o Asociación Mixta de Separados y Divorciados ALBA
o Asociación Navarra de Padres y Madres Separados
o Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados
o Asociación Guipuzcoana de Padres y Madres Separados
o Asociación Bizkaina de Padres y Madres Separados
o Asociación de Padres de Familia Separados - País Vasco
o Asociación Custodia Compartida de Castilla y León – ACCI Castilla y León
o Asociación contra la exclusión jurídica EDIP REI
o Federación Catalana de afectados por divorcios y separaciones - FECADISE
o Tarragona per la Custòdia Compartida
o Voluntariado De Ayuda para Padres Separados
o Plataforma de ciudadanos afectados por la LIVG
o Plataforma por la igualdad de trato entre hombres y mujeres
o Asociación Lleida per la Custodia Compartida
o Asociación Extremeña de Madres y Padres Separados
o Asociación SOS PAPÁ León
o Asociación MANDEFENDER
o Asociación de Padres Alejados de sus Hijos - Argentina (APADESHI)

Carta a los Reyes Magos

2009-12-25T10:27:00.000-08:00

CARTA A LOS REYES MAGOS DE:

SSª D. Ángel Luís Campo

Magistrado Juez de Familia de Gijón

Queridos Reyes Magos, en las Navidades de 2004, nos trajeron a los españoles un juguete educativo, muy esperado, que en principio serviría para acabar, o al menos disminuir, lo que algunos/as quisieron llamar violencia de genero. No obstante, ya sea por que era un mal juguete, ya sea porque estaban mal las instrucciones de juego, ya sea por que le faltaban bastantes piezas, después de cinco años jugando, muchos hombres y mujeres de España, nos hemos dado cuenta que no estamos obteniendo ese objetivo.

Por eso, para 2010, me gustaría que nos trajeseis un modelo avanzado de ese juguete, que al menos debería tener.

1.- Un nuevo nombre, creo que es mejor que se llame “Ley de violencia familiar”, en España el genero a secas no es nada, ya que el genero es masculino o femenino; y llamar al nuevo juguete ley de violencia de genero femenino o ley de violencia de genero masculino, estaría mal visto y no seria muy compatible con nuestro mejor juguete educativo, La Constitución Española, que dice que los hombre y las mujeres somos iguales en todo.

2.- Con este nuevo juguete educativo, Ley de violencia familiar, podríamos jugar todos, tanto los hombre como las mujeres; y lo podríamos usar en todos los supuestos, es decir en parejas o matrimonios heterosexuales y homosexuales, y tanto cuando la violencia la haga un hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, la mujer contra la mujer o el hombre contra el hombre.

3.- Además con esta nuevo juguete educativo, Ley de violencia familiar, podríamos usarlo sin problemas en todas las escuelas, y explicar a los niños y niñas, que tiene el mismo valor lo que hace un niño a una niña, que lo que hace una niña a un niño.

4.- También seria bueno, que este nuevo juguete, tuviese muchos niveles, y que dependiendo de la dificultad del nivel, en realidad de la gravedad, podamos usar unas u otras herramientas, para pasar de fase. Es decir que la violencia familiar tuviese varios grados, desde muy leve a muy grave, pasando por leve, menos grave, y graves; y que según el nivel en que estemos, podamos usar terapias, medidas de intervención familiar, puntos de encuentro, mediación familiar, psicólogos etc.

5.- Seria muy importante que en las instrucciones del juego, se hiciese hincapié en que el castigo por si solo no tiene efectos preventivos; y que para llegar a la fase final del juego y obtener la mayor puntuación posible, es bueno usar todos las medidas de prevención que los jugadores tienen a sus disposición, entre ellas y con mejor resultado, la educación en la igualdad.

6.- Por cierto también seria bueno que en esas instrucciones, se dijera, que uno de los objetivos del juego es aprender a proteger a los menores y conseguir que sobre todos los niños y niñas puedan mantener la comunicación y contacto con sus progenitores.

7.- Bueno Majestades, les podría pedir muchas cosas mas, pero si de verdad me trajeseis este nuevo juego educativo, que puede servir para que entre todos, hombres y mujeres, pongamos fin a la violencia familiar, desde un plano de plena igualdad, sin abusos ni distinciones por causa de sexo, me harías el juez mas feliz del mundo y ayudarías a muchos niños y niñas a que sigan teniendo a papa y a mama; y muchos hombre y mujeres a entender que cuando se separan o divorcian, dejan de ser esposos o pareja, pero no dejan de ser padres o madres, con todas las obligaciones que ello conlleva y el único derecho que implica “convivir y ver crecer a sus hijos/as”.

Gracias Majestades, hasta el año que viene y este juguete nuevo me lo podéis dejar en el Congreso de los Diputados, Carrera de San Jerónimo. Madrid.

Fdo. SSª Ángel Luís Campo.

Magistrado Juez del Juzgado de Familia de Gijón.

Abuelos y Asociaciones en defensa del juez Serrano

2009-12-17T15:28:00.000-08:00

La asociación "Abuelos Separados de sus Nietos" y las asociaciones por la igualdad "Ambos" y la andaluza FADIE han salido en defensa del juez de Familia sevillano Francisco Serrano, quien ha criticado la ley de violencia de género y las políticas de género, lo que le ha sido reprochado por el CGPJ.

La asociación de abuelos, en un comunicado, reprocha al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sostenga "que no existen las denuncias falsas" y se pregunta "cuántas quieren ver de nuestros hijos e hijas".

Con el apoyo de "Ambos" al comunicado, la asociación de abuelos califica de "insensatez" y de "insulto a la inteligencia del ciudadano" que desde el Observatorio de Violencia de Género se "vulnere el derecho a la presunción de inocencia dependiendo del sexo."

"Agradecemos que un juez sea valiente y diga la verdad", señala el comunicado, que añade que "el fraude de ley existe, dado que desde los 'lobbys' ultrafeministas fomentan este tipo de denuncias, para que los hombres sean socialmente criminalizados, dejando indefensas a las mujeres verdaderamente maltratadas, que son metidas en el mismo saco".

La asociación de abuelos añade que en esta entidad "hay abuelos que han perdido a sus hijos muertos a manos de sus ex esposas, no sólo vaciando el cargador de una pistola, también induciendo al suicidio".

"Si no se hiciera un fraude con la Ley de Violencia de Género, y no se hiciera un negocio de ello, un juez con ética y moral no tendría que denunciar el abuso que se hace de está ley", concluye el comunicado.

El portavoz de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), Fernando Basanta, también en apoyo de Serrano, ha criticado el informe del Observatorio con el que a su juicio se ha tratado de justificar la propuesta "aberrante" de que una simple denuncia baste para eliminar el régimen de visitas de los hijos a los padres denunciados por maltrato.

Basanta se refirió al reciente caso de Miguel Ángel Torres, acusado en falso de abusar de su propia hija, afectada de lombrices, para asegurar que las fiscalías, "al dictado de la Fiscalía General del Estado, nunca deducen testimonio por falsa denuncia" en estos casos, con lo que a su juicio se podrían aclarar miles de denuncias falsas.

También se refirió al reciente caso de Lepe (Huelva) en el que una mujer "tras un intento de asesinato, se ha ido a casa acusada de faltas" ya que, añadió Basanta, la Ley de Violencia de Género ha implantado el denominado "delito de autor", que castiga más al hombre por el hecho de serlo.

Las juezas de Sevilla apoyan a Serrano

2009-12-17T10:58:00.000-08:00

Las tres juezas de Familia de Sevilla han apoyado hoy a su compañero Francisco Serrano y han dicho que las críticas contra él por parte del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial son un intento de amedrentarle y "comprometen la libertad de expresión de cualquier ciudadano".

Una portavoz de las tres jueces de Familia de Sevilla, todas ellas mujeres, ha dicho a Efe que los magistrados de esta jurisdicción están "indignados" con las críticas del Observatorio, pues las interpretaciones del juez de Familia 7, Francisco Serrano, "las puede hacer cualquier ciudadano" y además "es lógico que las emita quien conoce mejor la problemática".

El juez Serrano ha lamentado varias veces que los estudios del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se hacen con sentencias condenatorias, y no con las denuncias que se archivan.

El lunes pasado, dicho Observatorio respondió en un comunicado que los análisis del magistrado "carecen de rigor" y resultan "inadmisibles", "sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse".

Ahora, las tres juezas de Familia de Sevilla han asegurado a Efe que cualquier ley, informe del CGPJ o sentencia puede ser objeto de "crítica constructiva y razonada", y los jueces "se encuentran entre las personas más capacitadas para hacerlo".

"Una sociedad democrática y de Derecho debe ser capaz de asumir la crítica", ha dicho la portavoz, y ha añadido que el Observatorio de Violencia de Género "debe ser consciente de que hace una función pública y que puede ser sometido a crítica".

Por ello, sus manifestaciones públicas contra Serrano "suenan a amedrentamiento" y con ello el Observatorio "compromete la libertad de expresión de cualquier ciudadano".

Su actitud supone un peligro para cualquier persona o asociación que desee pronunciarse y se encuentre con la amenaza de ser ilegalizada o borrada del mapa, según las juezas sevillanas.

En sus declaraciones, Serrano "no reveló ningún secreto profesional sino que emitió una crítica, como puede hacer cualquier persona", ha dicho la portavoz.

El juez Serrano, que también ha denunciado el gran número de denuncias falsas que favorece la Ley Integral contra la Violencia de Género, refleja en sus declaraciones "algo que los jueces vemos todos los días, porque no siempre el malo es el padre o la madre, sino que en la vida real cada caso es diferente" y los jueces toman sus decisiones "siempre teniendo en cuenta el interés supremo de los hijos".

La portavoz de las juezas sevillanas de Familia ha informado además de que los foros judiciales en internet están recibiendo numerosos mensajes de apoyo a Serrano y de rechazo hacia la actitud del Observatorio del CGPJ.

Victimas de Violencia doméstica

2009-12-10T14:11:00.000-08:00

DATOS SOBRE VIOLENCIA Y MALTRATO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2001 Y 2005, MINISTERIO INTERIOR, ANUARIO 2005

MUERTES EN EL AMBITO FAMILIAR
Autores: Cónyuge, Ex cónyuge, Novio, Novia, Compañero/a sentimental, hij@s, padre/madre o pariente.

AÑO 2001:
68 mujeres...............64%
38 hombres..............36%
Total.........................106 personas.

AÑO 2002:
77 mujeres.............61%
49 hombres...........39%
Total......................126 personas.

AÑO 2003:
84 mujeres.............63%
49 hombres............37%
Total......................133 personas.

AÑO 2004:
79 mujeres.............71%
31 hombres............29%
Total.......................110 personas.

Año 2005:
71 mujeres..............51,8%
56 hombres.............48,2%
Total......................127 personas.

A fecha de hoy van 54 mujeres y más de 30 hombres

Entrevista a María Sanhauja

2009-12-10T12:15:00.000-08:00

«Miles de hombres son DETENIDOS por presuntos casos de maltrato que luego acaban en nada»
Cuando María Sanahuja habla sobre malos tratos es imposible que no surjan reacciones críticas desde sectores hembristas.
Es tajante y se mantiene en que la Ley de Violencia sobre la Mujer es un fracaso. Y que miles de hombres son detenidos por denuncias falsas por razones sexistas: su sexo es políticamente incorrecto. El gobierno hembrista del PSOE está encarcelando masivamente a una parte de la sociedad: cualquier varón que sea denunciando, aunque sea sin pruebas o mediante denuncias falsas.
He aquí un extracto de la entrevista que ha realizado la juez Sanahuja para el diario La Razón.
- Creo que ya son más de cien. La verdad es que son muchísimos, y espero que el Tribunal Constitucional responda. Si cada año se interponen más de 140.000 denuncias por malos tratos, y nos dan datos de lo que ha ocurrido finalmente con 8.000 o 10.000 casos, ¿qué ocurre con el resto de miles? No nos dicen qué pasa con el resto. La presidenta del Observatorio dijo, al cumplirse un año del funcionamiento de los Juzgados de Violencia Doméstica, que el 59 por ciento de los casos son archivados o sobreseídos.
- ¿Y qué sucede entonces?
- Como cada vez que se produce la denuncia se da la detención inmediata del individuo, supone que son miles de individuos detenidos al año en este país por supuestos malos tratos a sus parejas, en casos que luego acaban en nada. No creo que proceder a la detención inmediata sea razonable sin realizar investigaciones mínimas, porque supone pasar dos noches en el calabozo, y eso causa traumas.
- ¿Y cómo afecta esto a los jueces?
- Actuando de esta manera indiscriminada, sin una investigación -que es el factor clave-, los jueces no somos capaces de detectar los casos graves de violencia, y se nos siguen muriendo el mismo número de mujeres o más, que supone el despliegue de una gran cantidad ingente de medios que no llegan para ofertar ayuda a los casos más necesarios. El autor del libro también achaca todos los problemas de esta ley al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la Ley de Violencia sólo acentúa una línea iniciada y ya perversa por sobre todo el último gobierno del Partido Popular, que modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2003, que fue el que inició toda esta dinámica. Mi primera rueda de prensa sobre este tema fue en 2004, y la ley de violencia ni siquiera estaba en el Parlamento. Y ya se vio que no se estaba yendo por el buen camino.
-¿Cuál es su queja?
- No se puede actuar impunemente contra el hombre por el simple hecho de ser hombre, por lo que se debe denunciar la vulneración de los derechos fundamentales que se está realizando en nuestro país. Sobre todo porque no se está consiguiendo el fin de la ley, ya que no se está ayudando a las mujeres que sufren los casos graves de maltrato. A mí me emociona cuando voy al colegio a buscar a mis hijas y muchas abuelas me dicen que no ven a sus nietos porque con la aplicación de un derecho de un modo abusivo se les está negando no a muchos padres, sino también a muchos abuelos, el volver a ver a sus nietos.
- Hablemos de cifras.
- Si el Observatorio dice que en un año hay 8.495 sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, de las que un 39 por ciento fueron absolutorias, que son 3.273, significa que hubo unas 5.200 condenas. Alguna más habrá en conformidades en los Juzgados de Violencia, pero quiere decir que de las 140.000 denuncias que hay al año, el porcentaje de condenas puede ser ¿10.000? ¿O 20.000? ¿Y qué pasa con las 120.000 restantes, resultantes de todos aquellos a los que hemos detenido?
- El Observatorio del CGPJ dice que sus declaraciones son «ofensivas».
- Somos pocas las personas que manifestamos públicamente lo que pensamos. Sí es cierto que mis palabras tienen más repercusión mediática que lo que dicen mis compañeros en voz baja en los pasillos.
- ¿Los jueces a los que usted representa la apoyan en su postura?
- Con mis compañeros no he tenido ningún problema, al contrario. Después de mi primera rueda de prensa recibí aplausos de los compañeros de la Junta de Instrucción de Barcelona, y lo único que hice fue decir en voz alta algo que los demás decían en voz baja. Es cierto que decirlo en voz alta supone recibir un aluvión de críticas, pero yo creo que ya se ha abierto una pequeña brecha para que muchos digan lo que está pasando. Yo siempre digo que cualquier persona vaya a los juzgados de lo Penal, que son públicos, para que se vea lo que estoy diciendo, qué ocurre cada día y que no me lo estoy inventando, como que por supuestos muy leves se están pidiendo penas muy altas. Por un «vete a la mi****» de un marido a su esposa, se están pidiendo nueve meses de cárcel. Por un «te vas a enterar» durante un proceso de ruptura, o por un empujoncito que no causa lesión se están pidiendo también penas altísimas.
- ¿Qué necesitan los jueces?
- Se está empleando una cantidad ingente de dinero pero de una manera desorganizada. Pedimos que alguien se encargue. En la ley debería haberse fijado una figura para organizar los distintos departamentos de la Administración -con Sanidad, Educación, Justicia, Interior y con Bienestar Social- para que no se repitan Oficinas de Atención a la Víctima que están informando de una manera desorganizada y distinta unas de otras. Se están repitiendo unas ayudas y no se están garantizando otras. Hay que ordenar esta situación. El resultado es que tenemos a varias administraciones haciendo lo mismo, pero como no se coordinan y como no se han fijado los criterios de actuación, se ayuda mal a las víctimas. Y además se deben ofertar los servicios que hacen falta. Por ejemplo, se han puesto casas de acogida donde no hay nadie, y luego faltan plazas en los lugares donde se necesitan. Y son una buena idea, a la espera de que se haga una investigación inicial.
- Entonces, sugiere usted que debido a la presión mediática sobre este asunto se están realizando detenciones sin pruebas.
- Sí, porque la Policía tiene pánico a que una mujer presente una denuncia, que no se proceda a la detención inmediata y luego pase algo, porque entonces van a hacer a la Policía responsable de esta situación. Por eso lo que hace es, por prevención, detener a casi todo el mundo, a menos que vean una situación realmente escandalosa en la que no sea necesario, pero esos son pocos casos.
- Y entonces empieza el colapso judicial.
-Así es, ya que luego nos los traen a los juzgados de guardia o de violencia doméstica. Y el juez, que tiene en una mañana infinidad de casos -e invito a cualquier persona a que lo vea- tiene que ver en minutos, y con las simples declaraciones de uno y otro, qué resuelve. Lo más sencillo, en prevención, es dictar una orden de alejamiento, es decir, expulsar a uno de los cónyuges de la casa, que siempre es el señor, claro. Normalmente, en los juzgados tampoco se realiza una gran tarea de investigación, porque principalmente ésta es una labor de la Policía. ¿Y qué hacemos? Si devolvemos a la Policía tal cantidad de órdenes, son incapaces de proteger a nadie. Por eso necesitamos datos suficientes para saber qué casos son los realmente graves. Y la saturación es importante. De cuatro asuntos civiles se resolvió sólo uno. Son unos juzgados con una congestión mayor que la sala primera del Tribunal Supremo.
- ¿Qué pide usted para solucionar estos problemas?
- Es imprescindible la modificación inmediata del Código Penal para tipificar hechos graves con penas graves, definir qué es maltrato. Eso es un clamor. Se ha hecho un Derecho Penal de autor, en el que se castiga a un hombre por el simple hecho de ser hombre, y esta fórmula ya ha sido desterrado de todos los países del mundo.

Carta al PSOE

2009-12-05T07:18:00.001-08:00

Respetados aunque no estimados miembros y miembras (?) del Partido Socialista Obrero Español:

Les comunico que ni yo ni mis compañeros de VAPS vamos a votar a su partido en las sucesivas elecciones. No lo vamos a hacer porque ustedes manipulan la información que les llega a los ciudadanos. Han ocultado las cifras de hombres asesinados a manos de sus parejas (más de 30 en 2009). No les votaremos porque hablan de igualdad y no respetan el artículo 14 de la Constitución Española en lo referente a igualdad: No favorecen la aplicación de la custodia compartida en caso de disoluciones matrimoniales. Relegan al padre de familia a pagador de pensiones y visitador de sus hijos manteniendo el esquema machista de mujer como cuidadora de la casa y de los hijos. Ustedes manipulan las estadísticas sobre denuncias falsas sosteniendo que sólo hay una entre más de 500. Esto es rigurosamente falso. Ustedes mantienen un ministerio de la desigualdad bajo el nombre de todo lo contrario. Un ministerio que no se merece tan digno nombre porque se basa en el revanchismo histórico (e histérico) contra el hombre. Un ministerio que sostiene como idea base la paridad y emplea a 309 mujeres frente a 90 hombres. Un misterio que ningunea a los hombres y sólo centra su preocupación en las mujeres. Esto, estimados señores y señoras es claramente anticonstitucional ya que antepone los derechos del género femenino a los del masculino. Ustedes sostienen falsamente que no existe el Síndrome de Alienación Parental, es decir los trastornos psicológicos ocasionados en los hijos tras la manipulación de los mismos tras una ruptura familiar. Ustedes hablan de mujeres maltratadas sin tener en cuenta a los hombres maltratados y discriminándolos. Valga como ejemplo que en su número 016 sólo atiende a mujeres y no a hombres. Existe un instituto de la mujer y no uno del hombre o de la familia discriminando a éste por el hecho de ser varón. Esto no sólo atenta contra el artículo 14 de la constitución española sino contra las bases del derecho moderno europeo asentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hitler (que por cierto también era socialista) entró al poder democráticamente (como ustedes) con la excusa de sacar a Alemania del humillante estado en que quedó tras la primera guerra mundial. Ustedes enarbolan la idea de que van a sacar a la mujer del humillante estado en que han quedado tras el asentamiento histórico del patriarcado machista. Hitler se valió del lado sensible de la población con esta idea y ustedes tocan la fibra sensible de los ciudadanos dando las terribles por otro lado cifras de mujeres fallecidas a manos de sus parejas y ex-parejas. Con ese argumento mantienen la perspectiva de género adoctrinando en la enseñanza pública (eso también lo hizo Hitler,... y Franco) y utilizándola como medio de difusión de sus ideas. Ustedes tratan a las mujeres como minusválidas a las que hay sobreproteger dándoles puestos y cargos por cuota y no en base a su valía. Ustedes culpabilizan al hombre y victimizan a las mujeres. Ustedes, respetados políticos o lo hacen muy mal o es que no saben hacerlo. Este país no los necesita. Si es verdad que luchan por el estado español, por favor: cambien o vayánse.

Ldo. Rafael Espigares Pinazo
Presidente de VAPS - Dos Hermanas

Teléfono de atención a hombres

2009-12-02T07:09:00.000-08:00

Hemos recibido la noticia con alegría. El Ministerio de igualdad crea un teléfono para atender a hombres (ya era hora). Aquí tenéis el número :900 21 00 21

No al Nacional Hembrismo

2009-12-01T15:14:00.000-08:00

Jorge Skibinsky de Baleares nos manda esta reflexión:

Hace años que la Asociación de Padres de Familia Separados solicita el fin de las campañas sexistas a los que se refiere este artículo. Hace demasiado tiempo que esperamos un compromiso político que se defina claramente sobre este tema. Estamos hartos de que el gobierno nacional destine 100 millones de euros para un Ministerio de Igualdad cuyos miembros y miembras sólo han hecho campañas que promueven la guerra de los sexos en lugar de proteger a quienes debería. No nos merecemos que una mujer pueda denunciar en falso a su pareja para beneficiarse con el divorcio abusando fraudulentamente de la protección de una ley de violencia contra la mujer claramente discriminatoria y sexista. Ya está bien de tanta hipocresía. Hoy, Diego Pastrana está ingresado absolutamente deprimido por haber sufrido el acoso mediático, social, sanitario y policial cuando su único delito fue intentar salvar la vida del hijo de su pareja. Muchas gracias señores, a todos, por la sociedad que estamos desconstruyendo. Un ejemplo de dogmatismo y nacionalhembrismo para las nuevas generaciones